La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, aceptó que la incertidumbre sobre la recurrencia de las asignaciones a la institución mantiene en peligro las acreditaciones que reciben los recintos del sistema.
En ese sentido, durante su comparecencia hoy a una vista legislativa, la funcionaria afirmó que las asignaciones temporeras, como la partida de $10 millones que el gobernador Pedro Pierluisi propone destinar para atender el asunto de la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), no necesariamente satisfacen los requisitos de las entidades acreditadoras.
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“Este problema está afectando de forma apremiante a todos los recintos, pero es más evidente en los programas y recintos graduados que tienen estándares más altos de acreditación, como la penosa pérdida de acreditación del programa de neurocirugía y la advertencia de la agencia acreditadora Middle States al RCM sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones económicas. Las unidades subgraduadas están siendo negativamente impactadas y estas producen profesionales vitales para el país y además alimentan con sus egresados a nuestros recintos graduados”, expresó Olavarría Cruz en su ponencia.
En la vista de presupuesto, donde participaron de manera conjunta los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado, Olavarría Cruz y su equipo fiscal reiteraron su llamado a que el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) garanticen anualmente una asignación base de $650 millones anuales a la UPR.
Para el año fiscal 2022-2023, el ejecutivo ha propuesto una asignación inicial de $500 millones, que incrementaría a $620 millones a través de otras partidas, como los recaudos de los juegos de azar, las resoluciones conjuntas y fondos federales. Para este año fiscal, el gobierno asignó $407 millones a la UPR desde el fondo general, aunque posteriormente Pierluisi destinó a la institución $94 millones del Plan de Rescate Americano.
Hasta el año fiscal 2017, la UPR contaba con asignaciones directas de $834 millones, que ascendían a cerca de $900 millones al sumarse los fondos especiales y partidas provenientes de resoluciones conjuntas.
“Para nosotros es sumamente medular que podamos ver la asignación como recurrente en esa base, que no sean necesariamente medidas (temporeras), que sí las agradecemos, porque ayudan, pero tenemos que tener bien claro que sean recurrentes”, sostuvo, por su parte, José Márquez, director de presupuesto de la Administración Central de la UPR.
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Para el año fiscal entrante, el memorial de presupuesto de la UPR vislumbra contar con $800.5 millones en fondos discrecionales, un incremento de $42 millones respecto a los $758.5 millones que se aprobaron para el periodo fiscal vigente.
“Yo creo que el gobernador ya asignó $620 millones, si hay oportunidad de dar alguna ayuda adicional a la Universidad, lo hicimos la vez pasada y lo haríamos este año. Parte del proceso que estamos llevando a cabo es entender la dinámica misma de la Universidad y sus inquietudes. Esto no está escrito en piedra”, dijo a preguntas de Metro el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, luego de concluida la vista de casi cinco horas.
Diferencias con la Junta Fiscal
A preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón, Olavarría Cruz sostuvo que el memorial de presupuesto sometido a la Asamblea Legislativa era avalado por la Junta de Gobierno de la UPR, aunque todavía no ha recibido respuesta de la JCF. La semana pasada, la Junta de Gobierno acogió una enmienda al plan fiscal que presentaría a la JCF para añadir unos $28 millones al renglón de nómina para el siguiente año fiscal.
El director ejecutivo de la UPR, Alan Rodríguez, aseguró en la audiencia que la UPR ha cumplido con el 92% de las exigencias que les ha hecho la JCF. Ante los cuestionamientos de Santa, el funcionario señaló que las exigencias que no se han implementado responden a que la administración considera que no obran en el mejor interés del sistema educativo.
Rodríguez precisó que, al momento, las principales diferencias se centran en el manejo del plan de pensiones, que la JCF promueve que se transforme hacia un modelo de contribución definida; las reducciones a las aportaciones patronales al plan médico de docentes y no docentes; y los costos de matrícula a nivel graduado.
En el caso de las pensiones, Rodríguez detalló que, a partir del 1 de noviembre, el plan de beneficio definido debe congelarse para los trabajadores con menos de 10 años de antigüedad, si bien el plan fiscal de la JCF dispone que se haga lo propio con todos los empleados activos. Anualmente, la UPR aporta unos $160 millones al plan de retiro de sus empleados.
Con relación a las aportaciones al plan médico, la JCF contempla que los profesores reciban una reducción a $390 mensuales, mientras que a los no docentes se les recortaría a $125. En tanto, aunque el promedio de la matrícula graduada se ha elevado de $3,995 anuales a $6,539 en los pasados cinco años, Rodríguez planteó que aún no alcanza el nivel que pide el organismo fiscal.
Para los estudiantes subgraduados, se prevé que el costo por crédito incremente de $145 a $157 para el año académico entrante, con miras a que para el año 2026-2027 ubique en $177.
Sin embargo, Márquez afirmó que la UPR tiene en caja unos $45 millones desde el 2017 que no ha recibido autorización de la JCF para utilizar. El director de presupuesto añadió que, si se permite el uso de los fondos, sería posible eliminar o mitigar los incrementos proyectados al costo de matrícula.
Durante la vista, la representante penepé Lourdes Ramos cuestionó que el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, interviniera en la audiencia, planteando que constituía un conflicto de interés por su estatus como profesor en la UPR. Sin embargo, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, decretó “no ha lugar” la objeción, indicando que en la vista no se había producido votación alguna.
