La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, atendió el lunes, una medida que busca permitir el uso controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad.
El Proyecto de la Cámara 1191 recibió múltiples opiniones a favor de organizaciones que representan a miembros y pacientes de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico. Las organizaciones participantes fueron el MICaM (Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal), la compañía Puerto Rico Legal Marijuana, la Fundación Free Juana, y el Law Enforcement Action Partnership.
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Según el CEO del Puerto Rico Legal Marijuana, Goodwin Aldarondo Jiménez, el crecimiento del programa y la industria de cannabis medicinal durante los pasados siete años ha aportado beneficios en la salud y seguridad del país.
“Hemos desarrollado un programa de cannabis medicinal exitoso. Contamos con una industria que emplea a más de 2,000 puertorriqueños que provee alivio y medicamento a más de 120,000 pacientes registrados”, resaltó Aldarondo Jiménez en declaraciones escritas.
Aldarondo Jiménez destacó que la estructura reglamentaria existente sobre el cannabis medicinal deberá ser utilizada para establecer de forma efectiva el Uso Adulto Controlado de la sustancia.
Puerto Rico Legal Marijuana también presentó múltiples recomendaciones para evitar una “obstaculización del desarrollo de la industria del cannabis en Puerto Rico”. Entre las enmiendas sugeridas, Aldarondo Jiménez mencionó que los impuestos al cannabis para uso adulto deben permitir competencia con el mercado ilegal para poder ser eficaces en su “objetivo de combatir el trasiego ilegal de la marihuana”.
“Se debe tomar en cuenta que las regulaciones de seguridad y salubridad existentes para todos los establecimientos de cannabis medicinal, como licencias, rastreo, guardias, alarmas, cámaras, y pruebas de laboratorios añaden costos operacionales que inevitablemente se reflejan en el precio de venta. Cabe destacar que el detallista ilegal no tiene que cubrir ninguno de estos costos operacionales”, añadió la directora de la División Legal del Puerto Rico Legal Marijuana, Alexandra Rodríguez.
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La medida, presentada por el representante Héctor E. Ferrer Santiago, establece un impuesto especial de 20 por ciento para venta de uso adulto de la marihuana. “Añadir más impuestos sin aliviar los costos operacionales impuestos en estas regulaciones causarán un incremento de precio que beneficiaría al comerciante ilegal”, mencionó Rodríguez.
Por su parte, el presidente de la organización MICaM, José A. Rivera expresó que mientras la isla no regule la venta para el uso adulto regulado, “será la economía clandestina la que seguirá aumentando sus arcas y creciendo su imperio a fuerza de sangre y plomo”.
A su vez, un policía retirado del estado de California y miembro del Law Enforcement Action, organización que comparte las experiencias de servidores públicos de primera mano, presentó una ponencia sobre el impacto negativo de la guerra contra la marihuana.
“Tenemos que reconocer que esta ‘guerra’ no ha sido contra la marihuana y que, en realidad, se ha convertido en una guerra contra las personas y familias a las que se supone los policías estemos protegiendo. Hemos observado que todos están más seguros cuando la marihuana es disponible legalmente, bajo un marco regulatorio y controles que garanticen que su uso sea hecho de manera responsable”, añadió Terry Blevins, especialista en seguridad.
“No podemos restaurar la confianza pública en la policía mientras continuemos castigando a nuestros vecinos y seres queridos por el uso de la marihuana”, mencionó el exsargento.
Mientras, la Fundación Free Juana abogó que, de legalizar el uso adulto responsable, el gobierno deberá quitarle el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al cannabis medicinal, debido a que aumentará el ingreso de impuestos.
“Proponemos quitarle al menos el IVU a la vía más segura de consumo actual, la flor, para todos los pacientes certificados. Ningún otro medicamento requiere este impuesto para obtener un medicamento certificado”, señaló la licenciada Shadiff Repullo, presidenta de la fundación.
“Actualmente, los requisitos para poder ser pacientes son ilógicos, extenuantes, lentos e ineficientes. Computadora con cámara, Internet, licencia de conducir vigente, printer, email vigente, conocimiento de computadoras y entre 25 y 150 dólares. Esto representa un discrimen por condición social”, abundó.
El Centro Unido de Detallistas (CUD), entretanto, apoyó la aprobación del proyecto al destacar que tendría unos beneficios en el desarrollo de la industria turística, programa de investigación de farmacología, desarrollo de patentes medicinales y manufactura de productos que redundará en un mayor crecimiento económico en la isla.
Sin embargo, el presidente del CUD, Jesús Vázquez, expresó preocupación de que los costos operacionales propuestos “asfixien” a esta industria netamente puertorriqueña. Según la propuesta legislativa, el costo por la licencia de dispensarios para adultos será de 25,000 dólares; la licencia de manufactura para adultos de 20,000 dólares; y la licencia de cultivo por otros 20,000 dólares.
“Invito a los miembros de la Comisión a reunirnos con toda la industria y trabajar lo referente a las multas y las licencias. Este cambio en la ley va a ser beneficioso para ayudar a combatir el crimen, crear nuevos ingresos para el gobierno y una nueva oportunidad de desarrollo económico para la pequeña empresa”, indicó Vázquez, quien favoreció aumentar la vigencia de la licencia de uso a tres años con un arancel de 5,000 dólares.
El Proyecto de la Cámara 1191 también recibió el aval del Capítulo de Veteranos Pro Cannabis Medicinal y la Asociación Puertorriqueña de la Industria de Cannabis (APIC).
Por su parte, el representante Ferrer Santiago utilizó su turno inicial de preguntas para repasar estadísticas del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos sobre el uso de sustancias controladas y el desarrollo de dependencias.
“Si queremos hablar de estadísticas, debemos hablar de que 15 personas de cada 100 que utilizan el alcohol se convierten en adictos. 23 personas de cada 100 que utilizan las benzodiacepinas para controlar la adicción producen una adicción. 27 de cada 100 personas que utilizan narcóticos, como la percocet, desarrollan una dependencia. 33 de cada 100 personas que utilizan la nicotina desarrollan una adicción”, mencionó Ferrer Santiago.
“Nunca se hace la asignación de cuántas personas de cada 100 tienen una adicción al cannabis. Pues tenemos que informar que únicamente un 8 por ciento de cada 100 personas pudieran desarrollar una adicción y esa dependencia es psicológica, no física como las demás sustancias”, destacó el representante popular.
Las próximas vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1191 se celebrarán el 4 y 20 de abril.
