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Próximo plan de reestructuración de la deuda de AEE debe reducir obligaciones en 44% y evitar aumento de tarifas

Esa son algunas de las recomendaciones del director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio M. Marxuach

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Un nuevo acuerdo para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe incluir la reducción de las obligaciones totales de la corporación pública en al menos 44% y minimizar cualquier aumento de tarifas para pagar la deuda.

Esas son solo dos de las recomendaciones incluidas en un análisis del director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio M. Marxuach, preparado luego que el Acuerdo Definitivo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (“RSA”, por sus siglas en inglés) de la AEE fuera rescindido el pasado 8 de marzo.

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En su análisis, Marxuach expresa que el fallido RSA no era una buena transacción para Puerto Rico. “Sus términos y condiciones eran excesivamente generosos con los acreedores; desalentaba la transición a la generación renovable distribuida; había incertidumbre en cuanto a si brindada el alivio de la deuda necesario para mantener a la AEE como una empresa solvente, evitando otra reestructuración en el corto y mediano plazo; y, con toda probabilidad, habría dado lugar a un aumento significativo de las tarifas para los contribuyentes puertorriqueños en las próximas décadas”, plantea el licenciado.

Marxuach advierte que aunque la jueza Taylor Swain, en una orden del 18 de marzo, impuso un “plazo corto” para que la Junta de Supervisión y Administración Financiera comience un proceso de mediación y presente un plan de ajuste, o una hoja de términos del mismo, “es igualmente importante hacer las cosas bien tanto procesalmente como en el diseño de los términos sustantivos de la reestructuración de la deuda” de la AEE.

Una de las recomendaciones del análisis establece que la reducción de la deuda tiene que ser drástica. Se destaca que según el Informe Mensual de la AEE a su Junta de Gobierno para el mes de diciembre de 2021, los pasivos de la AEE sumaron $18,100 millones, mientras que sus activos sumaron $10,100 millones, una diferencia de $8,000 millones. “En teoría, entonces, esa es la cantidad mínima - $8,000 millones o 44% de todos los pasivos - por la cual todas las obligaciones de la AEE tendrían que ser reducidas para mantenerla como una empresa mínimamente sostenible después de la reestructuración. Sería extremadamente irónico, por no decir totalmente irracional, terminar este costoso proceso de cinco años con una entidad que sigue siendo técnicamente insolvente”, afirma el análisis.

Asimismo, Marxuach augura que cualquier aumento en las tarifas para pagar la deuda tendrá consecuencias económicas negativas. “Los precios de la electricidad afectan la actividad económica y la actividad económica afecta los precios de la electricidad. Cualquier aumento significativo en las tarifas para pagar la deuda reduciría la actividad económica y el empleo, lo que, a su vez, reduciría la demanda de electricidad”.

Añade que “una menor demanda de electricidad obligaría a la AEE a aumentar sus tarifas para cubrir los costos fijos de operación y cumplir con sus obligaciones. De no hacerlo, habría que postergar las inversiones de capital y/o los gastos de mantenimiento, lo que afectaría negativamente la calidad del servicio. Y bajo ese escenario, podríamos esperar un aumento en el ‘abandono de la red’. Es decir, podríamos esperar un aumento en el número de clientes que se cambian a sus propias fuentes de generación o que se conectan ‘informalmente’ a la red de la AEE”.

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Otras recomendaciones sobre el próximo acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE:

  • Cualquier plan de ajuste para la AEE tiene que ser de naturaleza integral — Esto quiere decir que el plan de ajuste tiene que tener en cuenta el ambiente complicado en el que opera la AEE, la economía débil de Puerto Rico, la fragilidad del sistema de transmisión y distribución de la isla, la flota de generación envejecida, la politización de su equipo administrativo y el historial de iniciativas mal administradas de la AEE para reducir costos.
  • Una AEE reestructurada debe ser una entidad solvente — Este asunto es más que un mero tecnicismo contable. Si la AEE sigue siendo insolvente, incluso después de salir del proceso de negociación, entonces es cuestionable si el plan de ajuste sería confirmado por el Tribunal. Aunque PROMESA no requiere que se establezca la solvencia para confirmar un plan de ajuste, sí requiere que sea “viable” y ciertamente la solvencia es al menos un componente de cualquier análisis de “viabilidad”.
  • Eliminar la estructura de titularización — La “estructura de titularización” habría garantizado el repago de los Bonos Nuevos independientemente de la situación operacional de la AEE y habría representado una mejora significativa del paquete de garantías de los acreedores. La garantía de repago de estos bonos, al igual que la de los bonos existentes de la AEE, es un gravamen sobre los ingresos netos (después del pago de los costos operacionales) generados por el emisor. No vemos ninguna razón para mejorar esta estructura de garantía o para modificar sustancialmente las prioridades relativas de repago actuales de la AEE, a menos que los acreedores proporcionen una infusión de dinero nuevo, algo análogo a un financiamiento de deudor en posesión, o alguna otra consideración similar.

De otro lado, Marxuach, al analizar las opciones procesales para alcanzar un nuevo acuerdo para reestructurar la deuda de la AEE, lamentó que la Junta de Supervisión Fiscal se apreste a limitar la participación en cualquier proceso de mediación sólo a las partes cuya participación es estrictamente requerida para desarrollar un plan de ajuste.

“Eso sería una lástima, ya que aunque entendemos que hay una correlación negativa entre la eficiencia y el número de partes en la mesa de negociación, también hay algunas ventajas en la integración de un conjunto más amplio de partes interesadas en el proceso de negociación. En la medida en que cualquier plan de ajuste propuesto cuente con un apoyo significativo entre las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs y los distintos gremios, más fácil será su implementación. Mientras que, por otro lado, presentar a los clientes de la AEE, esencialmente todo Puerto Rico, un plan que no entienden como un hecho consumado (fait accompli), sobre la base de tómalo o déjalo, es probable que genere resistencia y oposición”, esbozó el director de Política Pública del CNE.

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