La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Comerío.
El informe revela que el Municipio formalizó seis contratos de servicios profesionales por 65,386 dólares, sin que el secretario municipal ni la contratista presentaran evidencia de las licencias, credenciales u autorizaciones que validaran su conocimiento y experiencia profesional. Además, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, se emitieron pagos por adelantado y uno de los comprobantes no incluía la factura de la contratista. Estas situaciones pudieron afectar la calidad de los servicios y no hubo certeza de que se rindieron de acuerdo con las leyes que rigen la profesión en lo relacionado a trabajos con los tanques soterrados de almacenamiento de combustible en el taller de Obras Públicas Municipal.
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La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio otorgó dos contratos y tres enmiendas por 84,010 dólares a un contratista para reparaciones eléctricas sin establecer los trabajos ni lugares de servicio. Además, el contratista no presentó en las facturas, los estimados requeridos ni la autorización del Municipio para realizar dichos trabajos. Contrario a la reglamentación vigente dichas facturas por 59,510 dólares, fueron certificadas como correctas por la secretaria del alcalde o el administrador municipal en vez de por el director de la Oficina de Gerencia de Proyectos.
El Informe indica que del 2017 al 2019, Comerío remitió hasta seis meses más tarde el Informe Mensual de Nóminas y Puestos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), y los contratos y enmiendas hasta tres meses más tarde al Registro de Contratos. Estas situaciones privaron de información actualizada e impidieron que los documentos estuvieran accesibles a la ciudadanía.
Contrario a la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos y a la reglamentación de personal aplicable, se concedieron 5.5 días de tiempo libre a funcionarios y empleados municipales, sin cargo a licencias acumuladas y sin la previa aprobación de la legislatura Municipal. Además, los auditores de la Contraloría de Puerto Rico no pudieron determinar los gastos de nómina pagados por el tiempo concedido.
El Informe comenta que, al 11 de febrero de 2020, cinco demandas civiles por 1,720,000 dólares, estaban pendiente de resolución por los tribunales y un caso ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.
La auditoría recomienda que la Oficina de Gerencia y Presupuesto se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
El informe de Comerío, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
