La Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), respondió a la denuncia realizada por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) sobre supuestos permisos otorgados por la agencia en la reserva de la Bahía Jobos en Salinas.
Mediante declaraciones escritas, la agencia asegura que no fue quien dio el permiso de uso para una propiedad en el área de la reserva natural.
PUBLICIDAD
“Con relación a las declaraciones realizadas por la Rep. Nogales Molinelli sobre un permiso que ubica en un predio de terreno en el municipio de Salinas, surge que la persona quien solicita el permiso es el Sr. Miguel Ángel Flores Torres, dueño de la propiedad descrita en la titularidad, contrario a lo señalado por la Representante. Queremos aclarar que el mismo cuenta con un permiso de uso residencial, emitido por el Profesional Autorizado, el Ing. Angel Rodriguez, bajo el trámite 2019-279203-PUS-065158. La Ley 161 del 2009 crea la figura del Profesional Autorizado quien puede adjudicar solicitudes de servicio de uso, permiso de demolición, de construcción, permisos generales consolidados, determinación de exclusión categórica, urbanización vía excepción, entre otros. Estos profesionales licenciados son entes externos, auditados por la Junta de Planificación y la División de Regulación Profesional”, expresó la agencia en un comunicado.
Del mismo modo, indicaron que el municipio de Salinas es parte del Consorcio CCVS, que está compuesto por los municipios de Coamo, Cayey Villalba y Salinas y explicaron que toda solicitud de permisos dentro de lo que son los cuatro (4) municipios son evaluados y emitidos por el Consorcio CCVS, según el convenio de transferencia de la Junta de Planificación (JP).
“Recomendamos que cualquier determinación de la OGPe que se entienda no sea justa a los contornos de las leyes y reglamentos, sea revisada en los foros correspondientes conforme establece la ley, de modo que la discusión de los asuntos pueda ser en los méritos de la controversia, sin necesidad de lacerar la ética de los funcionarios que día a día laboran en beneficio del Puerto Rico, de este modo se cumple con los principios rectores de justicia y el debido procedimiento de Ley”, lee el comunicado.
Mediante un comunicado de prensa, la legisladora señaló que corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), han habilitado infraestructura para las construcciones, así como de la Oficina de Gerencia de Permisos, que según su investigación ha autorizado acciones sin la debida diligencia.
“Hace poco visitamos esta zona y pudimos ver que hay contadores de energía eléctrica e hidrantes donde se supone que el paisaje esté prístino. Sólo funcionarios corruptos de la AEE y la AAA pudieron haber hecho esas instalaciones. Hay hasta anuncios de alquileres a corto plazo que ofrecen muelle privado, piscinas, habitaciones con aire acondicionado y otras comodidades. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra dentro de una reserva y sin que alguien lo detenga? Encontramos información de al menos un lote, con el número de catastro 439-000-010-01-706, cuyo propietario se identifica como “Guillermo Cedre Miranda” y para el cual un profesional autorizado identificado como Miguel Ángel Flores Torres solicitó un permiso de uso con el número 2016-101211-ASE-156310 al cual están vinculados varios contadores. La propia AEE, en una comunicación a Machargo, señaló que para esos contadores se presentó el correspondiente permiso de uso y certificación eléctrica. Los curioso es que el permiso está asociado a una dirección física en el municipio de Aibonito. ¿Qué se ha hecho sobre eso? Nada. Reina la impunidad. No podemos decir que es mera incompetencia. Evidentemente, aquí hay tentáculos de corrupción en muchos niveles y a través de varias agencias y ramas del gobierno”, señaló la legisladora.
PUBLICIDAD
Reacciona el DRNA
Luego de denuncias sobre construcciones ilegales en la Bahía Jobos en Salinas, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, aseguró que tomarán acciones legales para sacar a las personas que han invadido el área.
“Fuimos al Departamento de Justicia para trabajar el caso, el Departamento de Justicia entendió que era mejor que se diera una dispensa y se contratara un bufete externo, contratamos un bufete externo, que está trabajando el borrador de la demanda y estamos identificando uno por uno a las personas que hay que demandar para sacar de ahí”, explicó el secretario del DRNA en entrevista con WAPA TV.
Esta semana, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli denunció que las autoridades federales y estatales están permitiendo la destrucción de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos en Salinas, donde se ha deforestado y rellenado el mangle, construido ilegalmente casas de playa y amenazado a miembros de la comunidad para que mantengan silencio.
“Al menos desde el 2018, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha estado advirtiéndole al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que la construcción ilegal dentro de la reserva está interfiriendo con los objetivos de conservación e investigación de la reserva. Sin embargo, la destrucción de una amplia zona de mangle en el área conocida como Camino El Indio se ha acelerado desde entonces, como se puede apreciar bien en imágenes de satélite. Miembros de la comunidad Las Mareas, aledaña a la reserva, han sido testigos de esta situación y la han denunciado a costa de amenazas de muerte, pero solo han sido ignorados y abandonadas por las autoridades pertinentes. Ni el DRNA ni la policía pueden negar que saben lo que está ocurriendo allí. El mismo Machargo anunció en octubre del año pasado, sin notificarle al personal del área, que el DRNA iba a intervenir, que iba a desalojar a los ocupantes de estos terrenos y comenzar procesos de expropiación donde fuese necesario, pero puso en riesgo a sus propios empleados a sabiendas para después no hacer nada. Como siempre, habla mucho pero no levanta un dedo para cumplir con sus responsabilidades”, denunció Nogales Molinelli.
En el comunicado de prensa, la legisladora también indicó que presentó la Resolución de la Cámara 692 para investigar estas violaciones de ley.