La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo presentó una medida para atender la falta de servicios de rehabilitación vocacional a estudiantes con impedimentos, que son considerados y certificados como dotados.
El Proyecto de la Cámara 1069 va dirigido a enmendar los Artículos 2 y 5 (a) de la Ley Núm. 97-2000 conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, con el propósito de declarar y especificar que los estudiantes dotados, certificados así por un profesional del Estado, y que posean algún tipo de impedimento, estén comprendidos dentro de las personas que pueden recibir los servicios de rehabilitación vocacional, así como el resto de los adultos dotados con impedimentos que pretenden retomar o cursar sus estudios.
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“El objetivo desde un origen de las distintas legislaciones dirigidas a atender la rehabilitación vocacional de Puerto Rico, fue elaborar y brindar servicios de rehabilitación a las personas con impedimentos, de forma tal que pudieran entrar en el mundo laboral, y así lograr una vida independiente.”, sostuvo la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).
Soto Arroyo abundó que, al momento de aprobarse dicha ley (97-2000) se estableció como política pública que la Administración de Rehabilitación Vocacional, tendría la responsabilidad de propulsar que se presten los servicios de rehabilitación vocacional, sujetos a sus fortalezas, recursos, prioridades, intereses, habilidades y capacidades.
Sin embargo, explicó que se ha identificado la dificultad de menores con impedimentos, que por ser considerados y certificados como dotados, no se les han provisto servicios de rehabilitación vocacional. Ello, por tener la noción generalizada y errónea de que no es posible ser dotado y al mismo tiempo tener discapacidad intelectual o física que pueda afectar su desarrollo y desempeño.
“Es importante señalar que la Carta de Derechos del Estudiante Dotado de Puerto Rico claramente dispone que estos estudiantes tienen que ser tratados iguales ante la ley, y tiene que permitírseles desarrollarse al máximo según sus capacidades”, añadió Soto Arroyo.
La representante indicó que entre los derechos generales acuñados para los estudiantes dotados, se encuentra tener un equipo de trabajo que esté informado de sus necesidades; y el uso de diferentes medios o mecanismos, incluso las tecnológicas para que contribuyan a su desarrollo académico, social y educativo. Esto incluye las ayudas a nivel de rehabilitación vocacional para su desarrollo completo.
“Es indispensable aclarar que esta población está cobijada bajo la normativa de la Ley Núm. 97, supra. Por consiguiente, si las personas certificadas como dotadas, tienen impedimentos tendrán que ser atendidas, y recibir los servicios, así como ser partícipes de los programas elaborados por la Administración de Rehabilitación Vocacional” subrayó Soto Arroyo.
