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Pierluisi asegura que aumentos salariales a empleados públicos se sufragarán con fondos estatales

El primer ejecutivo indicó que el único ajuste que dependerá de dinero federal será el de los maestros

Francisco Parés, Pedro Pierluisi y Omar Marrero El gobernador Pedro Pierluisi, al centro, junto a Francisco Parés (izquierda), secretario de Hacienda, y Omar Marrero, secretario de Estado y director de Aafaf. (Dennis Jones)

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El gobernador Pedro Pierluisi se expresó confiado en que la Junta de Control Fiscal (JCF) avalará su propuesta para el presupuesto general del año fiscal 2023, al sostener que la cifra recomendada para los gastos con cargo al fondo general es idéntica a la que sometió el organismo en sus proyecciones de recaudos.

Pierluisi, junto al componente fiscal de su administración, anunció hoy que presentará a consideración de la JCF y la Asamblea Legislativa un presupuesto de 12,573 millones, una cifra que excede considerablemente el gasto aprobado para el año fiscal vigente, que originalmente fue de $10,112 millones.

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El presupuesto para el siguiente año fiscal, sin embargo, será el primero desde la imposición de la JCF, en 2016, que incluirá partidas para el servicio a la deuda, luego de que esta semana cobrara efectividad el Plan de Ajuste del gobierno central. Pierluisi detalló que la partida para el repago de la deuda de obligaciones generales será de $771 millones.

Para el pago de las pensiones bajo el modelo de ‘pay-go’, se destinan $2,297 millones, que se suman a $1,100 millones que irán al Fideicomiso de Reserva de Pensiones.

Además del dinero proveniente del fondo general, el gobierno proyecta gastar $4,576 millones de fondos especiales y $11,236 millones de dinero federal, para un presupuesto consolidado ascendente a $28,875 millones. Antes de ser enmendado para incorporar los pagos en efectivo ordenados por el Plan de Ajuste, el presupuesto consolidado para el 2021-2022 era de $21,412 millones, sobre $7,000 millones menos de los que el gobierno recomienda para el periodo fiscal entrante.

“No queremos estar batallando más de lo necesario. Estamos aceptando el número de la Junta para agilizar el proceso, pero estamos estableciendo las prioridades que nuestra gente tiene presente. Invirtiendo en el capital humano del gobierno, lo que no hacía hace mucho tiempo. La razón por la que lo podemos hacer es porque estamos dejando la quiebra atrás”, dijo Pierluisi, en alusión a la reestructuración de obligaciones.

Promete aumentos salariales con dinero estatal

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Pierluisi, en la rueda de prensa, sostuvo que en el ejercicio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) lograron identificarse recursos estatales para sufragar los aumentos prometidos a distintas clases de servidores públicos, como oficiales correccionales ($50 millones), técnicos de emergencias médicas y paramédicos ($3.6 millones), bomberos ($14.9 millones), enfermeras ($3.7 millones) y del Instituto de Ciencias Forenses ($2.7 millones). Inicialmente, parte de esos aumentos debían ser atendidos mediante fondos de la Ley ARPA.

Estas cantidades, ahora, se suman a los $68 millones que se necesitan para mejorar los salarios de empleados sujetos al Plan de Clasificación y Retribución Uniforme, cuyo ajuste debe reflejarse a partir de enero de 2023.

En el caso de los maestros, cuyo salario base debe elevarse a $2,750 mensuales desde julio, se continuarán sufragando parcialmente con dinero federal, pero Pierluisi aseguró, sin entrar en detalle, que ya se identificaron los fondos estatales para sostener el incremento desde octubre de 2024 en adelante.

De momento, el presupuesto no contempla partidas para mejorar las condiciones de retiro de los maestros activos, toda vez que aún no se ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones gremiales y la JCF. Sin embargo, Pierluisi mencionó que será imposible garantizar pensiones equivalentes al 75% del salario, como disponía el recién congelado plan de pensiones definidas.

“Obviamente la aspiración de los gremios es que se mantenga el sistema actual y el 75%, (pero) la realidad es que el impacto fiscal es bien significativo. El impacto fiscal de concederles una garantía de 50%, como yo propongo, es bien significativo”, señaló el mandatario.

Pierluisi puntualizó que aún cabe la posibilidad de que el gobierno cuente con fondos adicionales si a nivel federal se aprueba alguna de las iniciativas para incrementar a largo plazo el programa de Medicaid en Puerto Rico, liberando así parte del presupuesto estatal. Los proyectos ante el Congreso buscan que Puerto Rico tenga acceso a $3,600 millones anuales y un pareo federal de 76%, versus los $2,943 millones que están asignados actualmente.

Por disposición de la JCF, para poder implementar el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme, que debe impactar a 45,000 empleados de 66 agencias, será necesario que las agencias utilicen sistemas de asistencia, por lo que el presupuesto incluye $13 millones para ese propósito.

De acuerdo con el director ejecutivo de OGP, Juan Carlos Blanco, la principal fuente de recortes para compensar por los aumentos proviene de la contratación de servicios profesionales, que se reducirá en $67 millones, o un 13% respecto a este año fiscal.

“Fue producto del trabajo que hemos estado haciendo de identificar áreas que, con esa transición que se está dando, estamos invirtiendo en nuestros recursos humanos”, dijo el funcionario.

Asignaciones a UPR y municipios

Al detallar su propuesta, Pierluisi mencionó que buscará proveer una asignación global de $620 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de $88 millones para el Fondo de Equiparación de los municipios. Ambas partidas parecerían entrar en conflicto con los planes fiscales certificados por la JCF, que disponen aportaciones de $500 millones a la UPR y $44 millones al Fondo de Equiparación, que está programado para el año fiscal 2025.

“Yo estoy positivo. Ahora entramos en el detalle de que Juan Carlos Blanco y su equipo van a ir partida por partida, justificando este proyecto de presupuesto ante la Junta. Espero que la Junta lo avale porque estamos siguiendo por regla general los números de la Junta”, dijo el mandatario.

En el caso del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, que enfrenta un posible proceso de desacreditación precisamente por las dificultades para justificar su estabilidad financiera, Pierluisi indicó que su versión de presupuesto busca asignarle $10 millones adicionales que se sumarían a otros $10 millones. Según el gobernador, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, había indicado que el RCM requería unos $17 millones para cubrir sus obligaciones.

Para cumplir con los policías retirados que entrarán a la cubierta del Plan Vital, según el acuerdo alcanzado en enero con los gremios y la JCF, se asignarán $8 millones a la Administración de Seguros de Salud.

El Departamento de Educación, agencia que contará con la mayor asignación, recibirá unos $2,484 millones, un incremento de $142 millones. Entre el dinero asignado, se incluye una partida de $197 millones para programas de horario extendido en 700 planteles.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, añadió que el gobierno proyecta ingresos de entre $1,400 millones y $1,500 millones por concepto de los arbitrios a las empresas foráneas, cantidad que anteriormente rondaba los $2,000 millones.

“Estamos recaudando más impuestos que nunca en la historia del Departamento de Hacienda y de Puerto Rico, lo que deja saber que ha habido una redistribución (en las fuentes de ingresos) y que estamos haciendo mejor trabajo en la captación. Naturalmente, estamos viendo mejor actividad económica, particularmente en el pasado año”, dijo Parés.

El gobernador, por su parte, proyectó que los recaudos de Hacienda, al concluir este año fiscal el 30 de junio, excederán por $600 millones los estimados de la JCF.

“Pero eso no se puede confirmar hasta 90 días después del año fiscal, cuando se cierran las cuentas”, dijo el primer ejecutivo.

A preguntas de la prensa, Pierluisi aseguró que se presentará próximamente ante la Asamblea Legislativa para ofrecer un mensaje de Estado, en el que igualmente podría abundar sobre su presupuesto recomendado.

“El año pasado, porque había unas diferencias significativas entre el ejecutivo y la Junta, sí hice un mensaje de presupuesto para exhortar a la Asamblea Legislativa a que no le diera paso a la propuesta de la Junta. Fue por esa razón que acudí. Este año yo me mantengo positivo, como trabajamos hombro con hombro con el personal de la Junta. No anticipo mayores conflictos este año entre la Junta y la rama ejecutiva. No necesariamente voy a hacer un mensaje de presupuesto, pero ciertamente voy a hacer un mensaje de Estado en que puedo abordar el tema presupuestario”, planteó Pierluisi.

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