Un proyecto que buscaría fijar un nuevo límite al cómputo de las pensiones alimentarias recibió el favor de una organización que aboga por los derechos de los padres no custodios, así como por una experimentada abogada en derecho de familia, pero no cuenta con el aval del Departamento de la Familia, que alertó de los riesgos que supone el mecanismo propuesto para calcular la manutención.
En síntesis, el Proyecto de la Cámara (PC) 1153, de la autoría del representante popular Orlando Aponte Rosario, pretende que la pensión alimentaria no pueda exceder del 40% del ingreso neto del progenitor no custodio. La medida, asimismo, preservaría la llamada reserva, que actualmente impide que un padre no custodio quede con ingresos menores a $615 mensuales como consecuencia de las obligaciones de pensión alimentaria.
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Bajo las disposiciones contenidas en el PC 1153, un padre no custodio con un ingreso neto de $2,000 al mes no podría pagar más de $800 en pensión alimentaria, dejándolo con un sobrante de al menos $1,200. Bajo la ley vigente, la persona, teóricamente, podría tener que pagar hasta $1,385 al mes.
Una ponencia que sometió del Departamento de la Familia a la Comisión de lo Jurídico, presidida por Aponte Rosario, reveló que la Administración de Sustento de Menores no ha revisado las tablas de pensión alimentaria desde 2014, si bien la dependencia tiene la responsabilidad legal de hacerlo cada cuatro años.
“El proceso de redacción de las nuevas guías, ha tomado más tiempo del previsto, debido entre otras cosas, a los efectos adversos que hemos sufrido tras el paso del huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID -19″, indicó la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, en la ponencia escrita.
Aunque Familia analizó el proyecto y entiende que su fin es loable, lo considera excesivamente restrictivo para que la agencia pueda establecer pensiones razonables y adecuadas a la realidad del menor.
“No es justo ni beneficioso establecer un parámetro único a la hora de calcular una pensión, porque, no siempre los números reflejan la realidad”, señaló González Magaz.
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Impulsan la legislación
A la vista pública, celebrada esta mañana, comparecieron Ángel Pérez y Gilberto Negrón, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Movimiento Creando Conciencia, que promueve mejores condiciones para padres no custodios.
“Entendemos que es un proyecto considerando al padre custodio y no custodio. Favorece a todos por igual”, indicó Negrón, al añadir que el Movimiento Creando Conciencias se organizó hace “más de 10 años”.
Por su parte, Kevin Vázquez Ortiz, de 41 años y maestro en el sistema público hace 19, relató que, de su ingreso neto de $1,600 mensuales, cerca de la mitad los destina a la manutención de los dos hijos que procreó con dos mujeres distintas y que ahora viven en los Estados Unidos. Vázquez Ortiz anticipó que, en julio, cuando entre en vigor el aumento de $1,000 a los educadores, las progenitoras de sus hijos someterán recursos para exigir aumentos en la pensión alimentaria, efecto que sería mitigado si se aprobara el PC 1153.
La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, sostuvo que establecer un tope porcentual fijo no atendía correctamente las “diferencias” en nivel socioeconómico que pueden existir entre padres o madres no custodios, al tiempo que sugirió la posibilidad de elevar el nivel de la reserva.
Aponte Rosario, sin embargo, sostuvo que consideraba que un padre no custodio que genera $10,000 mensuales podría pasar una pensión alimentaria de hasta $4,000, que “no es algo injusto”, y advirtió que ajustar hacia arriba la reserva podría provocar que algunas pensiones fueran “muy pequeñas”.
El legislador indicó, al final de la vista, que su intención es darle trámite al proyecto durante la presente sesión ordinaria, aunque señaló que está abierto a enmiendas.
La abogada de familia Maritza Cardona Echeandía, por su lado, opinó que era correcto realizar un cómputo porcentual para la pensión, pero agregó que la legislación que rige los procesos de custodia debe enmendarse para garantizar que los casos en que no se conceda una custodia compartida sean excepciones. En ese sentido, propuso que se legisle para que exista una “presunción” de que ambos progenitores tienen las cualidades para criar a un menor, a menos que se demuestre lo contrario.
“Entendemos que limitar la fijación de la pensión alimentaria a un máximo del 40% del ingreso neto del alimentante; sin tomar en consideración elementos que el Tribunal Supremo ha expresado que son fundamentales, como lo son el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión y otras fuentes de ingreso, no cumple con el principio de velar por el interés óptimo del menor de edad amparado por la Constitución de Puerto Rico”, sostuvo, en tanto, Hadassa Santini, de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, de cuerdo con el comunicado circulado por la Cámara de Representantes.
