A meses de que se produzca un éxodo de sobre 2,800 maestros del sistema público, el Departamento de Educación intenta subsanar el vacío mediante una colaboración con la Universidad de Puerto Rico (UPR) que permitirá que sus docentes tomen cursos de educación superior con miras a ganar su permanencia u obtener grados de maestría o doctorado que les abran la puerta a recibir los beneficios de la recién reactivada carrera magisterial.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, explicaron que el programa comenzó en enero en siete de los 10 recintos subgraduados del sistema, logrando atender a 1,018 docentes del sistema público. Además de los maestros, el proyecto está abierto a otros trabajadores docentes del Departamento de Educación, como bibliotecarios, trabajadores sociales y consejeros.
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Entre hoy y el lunes 21 de marzo, los docentes pueden solicitar para la segunda fase del programa de desarrollo profesional, que tiene previsto comenzar en abril en los 10 recintos subgraduados. En el portal de Desarrollo Profesional de la UPR, se puede acceder a un catálogo con los 95 “secuenciales” –programas de seis cursos o 18 créditos– que estarán disponibles en la segunda fase, que debe extenderse hasta octubre, si bien la fecha varía dependiendo del recinto.
Si bien cada fase está diseñada para 18 créditos, en una mesa redonda celebrada esta tarde se aclaró que igualmente pueden solicitar docentes que requieran una cantidad menor de créditos para aspirar a su certificación o completar sus estudios graduados.
Lisa Nieves Oslán, encargada del Programa de Desarrollo Profesional y Educación en Línea de la UPR, aclaró que para poder ofrecer cada secuencial será necesario que se registre la matrícula de, al menos, 15 personas. En total, la oficial de la UPR precisó que la segunda fase tendrá cabida para 4,402 docentes del Departamento de Educación.
En la primera fase, que se extiende de enero a julio, se ofrecieron unos 35 secuenciales. Cada secuencial consiste de tres periodos de cinco semanas, en los que los docentes pueden tomar hasta dos cursos de tres créditos cada uno.
Aunque a la primera fase solicitaron unos 2,005 docentes de Educación, las cifras más recientes apuntaban a que 1,018 se mantenían en el programa educativo.
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Entre las alternativas secuenciales, hay cursos en línea, híbridos o presenciales, con miras a que cada empleado docente pueda compaginar los estudios con sus responsabilidades en Educación.
Aunque los maestros transitorios ya se encuentran en el sistema de Educación, y por lo tanto no reemplazan directamente a aquellos docentes que opten por el retiro, Ramos Parés afirmó que la colaboración con la UPR para el programa de educación continua es un incentivo para el reclutamiento, pues provee la oportunidad de aspirar a la certificación como maestro, requerida para eventualmente recibir una plaza permanente.
Al momento, “sobre 3,000″ de los cerca de 30,000 docentes en el sistema público tienen estatus transitorio, dijo Ramos Parés, al añadir que existe una diferencia salarial entre los maestros transitorios y permanentes, si bien no es “significativa”.
Otras iniciativas dirigidas a mejorar el reclutamiento incluyen el aumento de $1,000 mensuales hasta 2024 –que el gobierno trabaja para hacer permanente– y la reactivación de la carrera magisterial, avalada recientemente por la Junta de Control Fiscal (JCF). Se proyecta que el programa de carrera magisterial –que resulta en aumentos para maestros con doctorados y maestrías– tenga un costo de $12 millones para el Departamento de Educación en el año fiscal 2023, aunque $4 millones serían para cubrir incumplimientos pasados con docentes acogidos a la iniciativa.
“Tenemos mañana la congelación del sistema de retiro para maestros, y con eso una fuga significativa de recursos en el sistema. Estamos hablando de sobre 2,800 maestros que van a estar saliendo del sistema educativo. Es un reto grande. Anualmente, el sistema se enfrenta a unos 700, 800 retiros. Vamos a estar viendo esto multiplicarse”, reconoció Ramos Parés.
Olavarría, por su parte, destacó que el proyecto de profesionalización acelerada representa “una forma más” para que la UPR cumpla con su “misión de país”.
“Esto beneficia a la Universidad en más de una manera, porque contribuimos a la educación del país, la educación de los docentes, a la formación de los maestros del Departamento de Educación, amplía el número de cursos con créditos que podemos ofrecer. Mientras más amplio sea nuestro catálogo, mucho mejor. Ayuda también a las fuentes de ingresos a la Universidad y fortalece la relación entre la academia universitaria y el Departamento de Educación”, expresó Olavarría.
La partida para sufragar la colaboración con el Departamento de Educación proviene de una asignación de $10 millones del fondo general que la JCF autorizó para la UPR. De esa asignación, la UPR puede gastar hasta $4 millones en la provisión de servicios a la agencia educativa, mientras que el resto es “ganancia” para la institución, por lo que puede destinarlo a su fondo operacional.
Una fórmula similar, explicó Olavarría, opera para los servicios que la UPR brinda al resto de las agencias públicas, como uno de los mecanismos que la JCF ha permitido en sus planes fiscales para mitigar los recortes de sobre $400 millones que ha impuesto a la institución en los pasados cinco años.
Las asignaciones por concepto de la contratación, que en conjunto representan un ingreso neto anual de $12 millones, están contempladas hasta el año fiscal 2026.
