Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el pasado 10 de marzo una acusación contra Martín Scamaroni-Cintrón por violaciones de lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo y Programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA), anunció W. Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en la isla.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL-OIG) y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
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Según la acusación, Scamaroni-Cintrón participó en una conspiración de lavado de dinero para obtener transferencias electrónicas de fondos (ETF) que contienen pagos de Seguro de Desempleo (UI) y Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA) de varios estados, así como los ingresos de los préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. (SBA) para los que no estaba calificado y autorizado para recibir en sus diversas cuentas bancarias que tiene en Puerto Rico. Las solicitudes de UI y PUA se presentaron de manera fraudulenta a nombre de otras personas, quienes nunca solicitaron beneficios de UI y PUA o préstamos de la SBA, pero las solicitudes utilizaron la cuenta bancaria y los números de ruta del acusado. Scamaroni-Cintrón transfirió a sabiendas estos ingresos obtenidos ilegalmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y los ingresos.
Además de la conspiración de lavado de dinero, Scamaroni-Cintrón también fue acusado de dieciséis cargos sustantivos de lavado de dinero. Desde aproximadamente mayo de 2020 hasta enero de 2021, la cantidad de beneficios y préstamos obtenidos de manera fraudulenta asociados con la actividad de lavado de dinero del demandado totalizó aproximadamente $361,683.
Los fiscales federales auxiliares (AUSA) Víctor Acevedo y Manuel Muñiz Lorenzi están a cargo del caso. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero, una multa de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.
Una acusación es simplemente una alegación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
