El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, adelantó que la investigación administrativa sobre el contratista Obed Rojas “probablemente” se extenderá más de lo previsto inicialmente, luego de que se expandiera el alcance para abarcar un presunto conflicto de interés relacionado con otro contrato que mantenía con el municipio de Cataño.
Rojas es el contratista que, alegadamente, amenazó a la representante Wanda Del Valle con repercusiones con su informe de la Comisión de Ética durante una sesión legislativa la semana pasada. Poco después de que Rojas se dirigiera a Del Valle, y en medio de intercambios a gritos entre los legisladores durante la discusión de una medida sobre las escoltas de exgoberndores, la representante penepé se desplomó frente a su banca.
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“Estamos hablando quizás de tres, cuatro entrevistas adicionales y tendremos una conclusión. Creo que la fecha era hasta el viernes. Tengo que verificar hasta cuándo se puede extender, pero que sea lo más pronto posible. A mi entender, por lo diligente que ha sido esto, quedan una o dos personas de entrevistar y hay dos que se le pidió que regresen”, dijo Hernández, al sostener que en total se citó a entre 12 y 13 personas para entrevista.
La ampliación de la investigación sobre Rojas se produjo tras una solicitud del representante independentista Denis Márquez Lebrón, quien pidió que se indagara si el contratista había incurrido en conflictos de interés al llevar a cabo paralelamente funciones para la Cámara baja y para el municipio de Cataño.
Rojas, quien ofrece servicios de consultoría a Hernández y a los representantes populares Edgardo Feliciano y Luis “Narmito” Ortiz Lugo, mantuvo una relación contractual con Cataño desde diciembre de 2019 hasta el 25 de febrero pasado, cuando se canceló el acuerdo. Los cuatro contratos de Rojas con Cataño se firmaron bajo la administración de Félix “Cano” Delgado, hoy convicto a nivel federal por corrupción pública.
“El oficial examinador tiene que traer los testigos y hacer una evaluación del expediente y no olvidemos que hay unas acciones que también se ventilan en la carta (de Márquez Lebrón), que hay que indagar también sobre las mismas. […] La carta habla de una entidad, un municipio, (por lo que hay que) llamar al municipio, llamar a la persona de contratos, habla de una persona que lo comunica, que es un legislador, hay que entrevistar al legislador. Si hay una persona dentro de esa oficina que tuvo algún tipo de comunicación con el contratista (Rojas), se traerá”, enumeró el líder de la Cámara de Representantes en una conferencia de prensa.
Delinean auditoría forense
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Hernández, por otro lado, sostuvo que en el futuro cercano dará inicio una auditoría forense relacionada con los empleados y contratistas del cuerpo legislativo, con miras a identificar posibles “esquemas” ilegales en las oficinas de los representantes. Según el presidente, la auditoría, que se asignará a personal externo, abarcará desde 2018 hasta “este cuatrienio”.
“Vamos a comenzar un proceso de evaluación de proveedores para comenzar esa auditoría interna. Estaré cursando probablemente el lunes una carta oficial. ¿Por qué ahora? Porque me depositaron los recursos para poder modificar el presupuesto de la Cámara y poder invertir en uno de los compromisos principales que hemos hecho desde la campaña. Hay que cumplir la palabra empeñada pero no estaban los recursos”, expresó Hernández.
“Queremos personas que hagan su ‘research’, que puedan entrar, puedan investigar”, abundó el líder legislativo.
Entre agosto y noviembre de 2020, tres representantes novoprogresistas, María Milagros “Tata” Charbonier, Nelson Del Valle y Néstor Alonso, fueron arrestados por las autoridades federales en conexión con presuntos esquemas de corrupción que involucraban a empleados de sus respectivas oficinas. En esencia, el gobierno estadounidense alega que crearon esquemas de ‘kickbacks’ o comisiones ilegales, en los que inflaban los sueldos de sus subordinados a cambio de recibir una porción del aumento.
