El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que no se opone a que la Asamblea Legislativa tome acción relacionada al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al tiempo que habló de la necesidad de modificar la “estructura” del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) vigente, a la luz de los cambios en el panorama económico del país.
Pierluisi, en conferencia de prensa, no quiso precisar cuánto considera que sería un recorte razonable a la deuda de $9,000 millones que mantiene la AEE. Sí sostuvo que no existe contradicción entre el reclamo de que el recorte a los acreedores sea mayor al que contempla el RSA elaborado en 2019 y la premisa de que la corporación pública se encuentra ante un panorama más alentador que en aquel entonces.
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El RSA existente recortaría las obligaciones de la AEE en un 32%.
“La Junta (de Control Fiscal, JCF) en lo que se tiene que concentrar es en lograr el mejor acuerdo desde el punto de vista de reducción de deuda. No creo que abona estar diciendo si tiene que ser tanto o cuánto, porque eso es producto de una negociación. Como funciona la Ley Promesa es que tienes que lograr que una masa crítica de los acreedores de la entidad que está en quiebra apoye el Plan de Ajuste que se proponga para que entonces la juez (Laura Taylor Swain) esté presta a aprobarlo. Yo quiero que se mejore el acuerdo”, manifestó Pierluisi.
Ayer, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que la delegación popular proponía un recorte de entre 40% y 50% de la deuda, a la vez que planteó que Pierluisi había “adjudicado” la controversia sobre la intervención legislativa, alineándose con los bonistas que proponen modificar el RSA para excluir a esa rama del proceso.
El grupo de Bonistas Ad-Hoc de la AEE sometió una moción a la jueza Swain para promover un proceso de mediación y un calendario que lograría la confirmación de un PAD para octubre, sin la necesidad de acudir a la Legislatura. Swain aún no ha emitido una orden en respuesta a la petición de los acreedores.
“Otros hablan por mí y debería ser yo el que me expreso”, dijo Pierluisi al cuestionársele por las expresiones de Hernández.
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“Yo no he descartado que la Asamblea Legislativa tome cartas en este asunto. Si la Asamblea Legislativa quiere tomar cartas en este asunto, que lo haga, que exprese su sentir. Yo estoy expresando el mío y, eso sí, voy a participar de este proceso por conducto de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), en cualquier negociación que ocurra con acreedores de la Autoridad, así como en cualquier mediación que ocurra”, insistió.
Cambios al acuerdo
Pierluisi sostuvo que las proyecciones de crecimiento económico actuales son “sustancialmente mejores” a las que había en 2019, cuando la JCF negoció el RSA con los acreedores de la AEE.
“Si hay mayor crecimiento económico va a haber mayor demanda de energía en Puerto Rico a la que se vislumbró en 2019. Ahora, con el auge de vehículos eléctricos, se anticipa, y esto es un fenómeno mundial, que va a haber mayor demanda de electricidad como resultado. Eso no se tomó en consideración, al menos no a ese nivel, en 2019. Cuando se estaba negociando, uno de los factores en la negociación es la capacidad de repago”, dijo el primer ejecutivo.
Sin embargo, Pierluisi planteó que una mayor capacidad de repago no implica que, al renegociarse un acuerdo, los acreedores deban recuperar una porción mayor de su inversión.
“No necesariamente, porque este impuesto sobre la generación propia fue, precisamente, una manera de protegerse por una pérdida de demanda en la Autoridad. Esa pérdida de demanda yo no la veo venir como se veía venir antes. Hay que llegar a un balance aquí. A los acreedores no les conviene que se llegue a un acuerdo por una cantidad que no sea pagable, o sea, que no sea sostenible, porque nadie quiere que la Autoridad vuelva a caer en quiebra. Por otro lado, a la Autoridad y el pueblo de Puerto Rico lo que le conviene es que la cantidad que se acuerde sea la menor posible”, afirmó.
La principal objeción de Pierluisi al RSA actual es la “manera en que lo estructuraron”, incluyendo el cargo de transición que se crearía para garantizar el repago de los bonos nuevos, así como el llamado impuesto al sol para los clientes que cuenten con sistemas de autogeneración. El cargo de transición comenzaría en 2.7 centavos por kilovatio hora y aumentaría escalonadamente hasta alcanzar los 4.5 centavos.
Para el gobernador, la fuente de repago de la deuda de la AEE debe provenir de los ingresos ordinarios de la tarifa, por lo que correspondería al Negociado de Energía presupuestar anualmente el servicio a la deuda a partir de los recaudos proyectados por consumo.
“Se tiene que incluir en el presupuesto de la Autoridad el costo del servicio de deuda. Es igual que el gobierno central. Aquí lo que tenemos que lograr es que el costo del servicio de deuda sea el menor posible y que todos los años eso se incluya en el presupuesto”, subrayó el gobernador.
Pierluisi, además, sostuvo que el PAD debe respetar la política pública energética, según establecida en la Ley 17-2019, estatuto que fija los objetivos de generación con energía renovable, comenzando por un 40% en 2025 hasta llegar al 100% en 2050.
