El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó hoy un listado de cinco puntos que la delegación popular intentará defender como parte de la reestructuración de obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un proceso del que un grupo de acreedores de la corporación pública pretende excluir a la Asamblea Legislativa.
Hernández, en una conferencia de prensa al día siguiente del caucus virtual que celebró la delegación cameral del Partido Popular Democrático, aclaró que aún no presentará legislación dirigida impulsar elementos de la política pública energética, toda vez que primero quiere auscultar si existe la “voluntad política” entre los demás partidos para llegar a acuerdos.
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“Vamos por paso. Yo tengo 25 temas más que son importantes. Si esta semana nos damos cuenta que no hay voluntad política del PNP (Partido Nuevo Progresista) o, en el caso del Senado hay otros votos (de otras delegaciones de minoría), que no hay voluntad para aprobar legislación, sabremos que esto es un ejercicio fútil”, dijo Hernández, al recordar que en la Cámara alta no existe una mayoría absoluta de ninguna colectividad.
En ese sentido, Hernández señaló que su “emplazamiento” iba dirigido a las cinco delegaciones representadas en la Legislatura, así como al senador independiente José Vargas Vidot. Sin embargo, dijo que el emplazamiento no incluía al gobernador Pedro Pierluisi.
“Vamos a darle primero el espacio a los funcionarios del Senado y la Cámara de discutirlo. ¿Por qué no menciono al gobernador? El gobernador ya adjudicó en el tribunal, él se fue por la mediación. Si el gobernador tuviera sus votos amarrados (para una legislación habilitadora para la reestructuración de la AEE), hubiera hecho una conferencia de prensa y hubiera planteado la posición del PNP y radicado un proyecto. No lo hizo, algo pasa ahí”, expresó el líder cameral.
Contrario a la Cámara de Representantes, el Senado no sometió una moción de oposición, antes de la fecha límite del viernes, al pedido de los bonistas para que se disuelva el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) y se ordene un proceso de mediación con miras a elaborar un pacto que no requiera intervención legislativa.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, “nos había notificado que iba a ir al tribunal y que se iba a expresar, obviamente, en contra (de la moción de los bonistas). Algo pasó en el camino (que no ocurrió)”, sostuvo Hernández, al afirmar que, pese a ello, los 12 senadores populares en el Senado están alineados con la idea de promover legislación habilitadora para el Plan de Ajuste de la AEE.
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La jueza federal Laura Tylor Swain concedió hasta mañana a las 11:59 p.m. para que el grupo de Bonistas Ad-Hoc de la AEE y la aseguradora National Public Finance Guarantee, promoventes de la mediación y un ajustado calendario de confirmación del Plan de Ajuste, replicaran a las mociones de oposición.
Los cinco puntos
Hernández, flanqueado por los representantes Luis Raúl Torres y José “Cheíto” Rivera Madera, explicó que, en principio, su caucus ya delineó cinco propuestas de consenso que se incorporarían en la hipotética legislación habilitadora: un recorte mayor a la deuda de $9,000 millones de la AEE para que sea de entre 40% y 50%, en lugar del 32% que contempla el RSA vigente; abrir camino a una transición a energía limpia y menos costosa; sacar del panorama el llamado impuesto al sol; proteger los empleos y beneficios de retiro vigentes; y “bajar el costo tarifario” a los abonados.
Sobre la tarifa, Hernández aceptó que la “reducción” que persigue la mayoría cameral es en relación a los términos actuales del RSA, que implican, como mínimo, un “cargo de transición” que se elevaría escalonadamente de 2.7 a 4.5 centavos por kilovatio hora (kWh) a lo largo de las próximas dos décadas. Es decir, que cualquier reducción real a la tarifa actual de alrededor de 25 centavos por kWh tendría que provenir de eficiencias en otras áreas, como la eliminación de la dependencia de fuentes de energía cuyos precios fluctúan según el mercado internacional.
Aunque el RSA no cuantifica la magnitud del impuesto al sol –esencialmente un cargo a quienes instalen sistemas de energía renovable–, Torres afirmó que ha tenido acceso a “comunicaciones” que lo cifran en 5.13 centavos por kWH.
“Ese dato proviene de información que hemos visto que son comunicaciones internas que han tenido en la discusión del Plan de Ajuste fiscal. Si lo buscas en el (RSA) no está, pero sí se habla de que puede ir desde 2.5 hasta 5.13 (centavos). (Sería) un cargo a todo el que tiene energía solar, un cargo fijo”, subrayó el legislador.
Para Torres, quien preside la comisión cameral que atiende el tema energético, el proceso de privatización de la generación de energía tendrá un impacto sobre las finanzas de la AEE que no se contempla en el RSA.
“Si ellos hacen un negocio como el que hicieron con Luma (para la transmisión y distribución), que le están pagando $1,500 millones en 15 años, eso tiene un impacto económico sobre la Autoridad. Si ellos van a hacer un acuerdo igual al que se encargue de la generación, eso va a ser un impacto negativo para la reestructuración. Ahora, si fuera lo contrario, y logran un acuerdo con alguien que ponga $1,000 millones o $2,000 millones para hacerse cargo de la generación, entonces sería un impacto positivo. Eso hoy no lo sabemos”, dijo Torres.
Por otro lado, Torres mencionó que el actual RSA “no dice nada” sobre cómo se financiará el plan de retiro de la AEE, que cuenta con un déficit actuarial de $3,000 millones y deudas en aportaciones patronales de $700 millones, a pesar de que, según el presidente cameral, el propio documento ordena “proteger” el sistema de beneficios vigente.
“Si legislamos la emisión de bonos y perdemos la oportunidad de negociar el acuerdo con las pensiones, lo que estamos avalando es a que el arbitrio de la determinación del tribunal, le quiten los beneficios a los pensionados. Eso fue lo que pasó con los maestros, que no quisieron legislar y se los congelaron”, afirmó Hernández, obviando que, en el caso de la ley habilitadora del Plan de Ajuste del gobierno central, la Legislatura incluyó un lenguaje que únicamente protegía las pensiones ya acumuladas.
Investigarán bonos de la AEE
Por su parte, Rivera Madera adelantó que el 8 de marzo se celebrará la primera vista pública conforme a la Resolución de la Cámara 563, que ordenó investigar las nueve emisiones de bonos que realizó la AEE entre marzo de 2010 y enero de 2013.
A juicio de Rivera Madera y el líder cameral, el hallazgo de irregularidades en las emisiones o el uso de los fondos prestados serviría como “herramienta” en las potenciales negociaciones con bonistas.
“Esto tiene un impacto directamente en la transacción. Un acreedor que lo que quiere es transar y ve que hay información negativa de las emisiones y el uso, pues va a ser más fácil que esté dispuesto a renegociar un recorte mayor o tener certeza de su valor que enfrascarnos en una guerra legal con la Asamblea Legislativa”, manifestó Hernández.
“Vamos a poner (los hallazgos) en un informe que van a ser parte de las recomendaciones que vamos a hacer a la Junta de Control Fiscal (JCF) y al tribunal de por qué la tarifa debe ser de esta manera y no como ellos dicen. Nosotros queremos tener una herramienta extra de trabajo para poder mostrar al pueblo de Puerto Rico cuál es la intención de la Cámara”, agregó Rivera Madera en la rueda de prensa.
El miércoles de la semana pasada, unos 20 de los 26 representantes populares recibieron una presentación de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien los instó a aprobar la legislación habilitadora del Plan de Ajuste de la AEE.
