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Precario escenario tras el Plan de Ajuste de Deuda

El Centro para una Nueva Economía publicó su análisis del panorama financiero a la luz del Plan de Ajuste y el nuevo plan fiscal.

A juzgar por el plan fiscal certificado el mes pasado, la sostenibilidad financiera del gobierno puertorriqueño pende de un hilo luego de la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), concluyó un análisis del Centro para una Nueva Economía (CNE).

Al incorporar al proceso presupuestario los gastos contemplados en el PAD, así como las proyecciones de ingresos adicionales procedentes de fondos federales y aumentos en los recaudos estatales, la Junta de Control Fiscal estima que el gobierno central contará con superávits de $190 millones por los próximos cinco años.

“Esto significa que el gobierno de Puerto Rico tiene muy poco margen de maniobra si los ingresos reales son sustancialmente inferiores a las expectativas, los gastos superan significativamente la cantidad presupuestada, o se produce una combinación de menores ingresos y mayores gastos”, puntualiza el análisis publicado por el CNE, de la autoría del director de política pública, Sergio Marxuach.

Entre los elementos que, para el CNE, generan incertidumbre a mediano y largo plazo, figuran el impacto de las llamadas “reformas estructurales” a las operaciones del aparato gubernamental, así como la solidez del financiamiento federal, particularmente en programas como Medicaid.

En el caso de Medicaid, se proyecta que Puerto Rico reciba unos $2,900 millones en fondos federales para el programa, conforme a una interpretación administrativa de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS).

“La Junta de Supervisión y Administración Financiera considera que la interpretación administrativa de los CMS es una ‘solución a largo plazo para el financiamiento de Medicaid para Puerto Rico’. Respetuosamente, no estamos de acuerdo. En primer lugar, la carta de los CMS es sólo eso: una interpretación administrativa. No es una orden administrativa vinculante, una norma o un reglamento. Ciertamente no es una ley”, indica el informe del CNE.

“Esta política podría ser revertida o retirada en cualquier momento por los CMS o puede ser anulada por la legislación, especialmente si los republicanos obtienen una mayoría en el Congreso después de las elecciones de medio término”, advierte Marxuach, al recalcar que la política actual de Medicaid ha permitido liberar unos $800 millones anuales en dinero estatal.

Por otro lado, el CNE planteó que la experiencia con las reformas estructurales en otros países rara vez han tenido el efecto esperado sobre la economía y las finanzas gubernamentales.

“Las reformas estructurales favorecidas por la Junta de Supervisión y Administración Financiera y expuestas en el plan fiscal son cuestiones de segundo orden y no generarán el crecimiento económico que Puerto Rico necesita, tanto para aumentar la calidad de vida de su población como para pagar su deuda reestructurada, a menos que se inserten o enmarquen en una estrategia o visión económica más amplia”, alertó el director de política pública del CNE, quien señaló que el recorte real de las obligaciones producto de la confirmación del PAD es de un 48%, lo que “es significativo pero no tan alto como afirma la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ni tan bajo o trivial como alegan los detractores del plan”.

Con relación a las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), que se fijan en $500 millones hasta el año fiscal 2027, el CNE subrayó la desproporción en los recortes que ha sufrido en comparación con otras entidades públicas, así como en el contexto de la evolución de la matrícula a la que sirve.

“Según los datos publicados por la UPR, la matrícula estudiantil ha disminuido de 46,325 durante el año fiscal 2017 a 35,623 durante el año fiscal 2022, una reducción de 10,702 estudiantes, o 23%. Por lo tanto, la reducción del 48% en las asignaciones del Fondo General es completamente desproporcionada con respecto a la disminución de la matrícula”, sostiene el informe, al añadir que el “desmantelamiento” de la institución “es totalmente contraproducente” a los esfuerzos por fortalecer el capital humano del país.

Mira la entrevista con Marxuach

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