El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) José Bernardo Márquez cuestionó la constitucionalidad de la Ley 173-2020, que enmendó el modelo de administración del Fondo de Mejoras Municipales para insertar directamente a los legisladores de distrito en la asignación de una porción de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
Pese a afirmar que el estatuto “revivió” el concepto de barril de tocino que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en 1994, Márquez aclaró que no buscará impugnar de inmediato la ley, sino que esperará por que el Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor respondan a unas misivas que les cursó en la mañana de hoy.
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En el caso de Justicia, Márquez precisó que su oficina busca auscultar si aún mantiene vigencia la opinión que emitió en 1989 el entonces secretario, Héctor Rivera Cruz, quien describió el “esquema” del barril de tocino como “insostenible e impermisible”.
En esencia, los barriles o barrilitos de tocino permiten a los legisladores de distrito autorizar la distribución de fondos públicos a los municipios que representan sin que medie una ley o resolución conjunta que precise su uso. En el caso de Noriega vs. Hernández Colón, decidido en 1994, el Supremo sentó el precedente sobre la inconstitucionalidad de ese mecanismo, aunque dejó la puerta abierta para la aprobación de barriles que requirieran la aprobación de una resolución conjunta para cada desembolso.
La Ley 173, aprobada por la mayoría novoprogresista en diciembre de 2020, tras las elecciones generales de ese año, adoptó el mecanismo tradicional de los barriles de tocino, al permitir que las distribuciones fueran “determinadas administrativamente entre los senadores y representantes de los correspondientes distritos, en coordinación con la Autoridad de Tierras”.
En el argot legislativo, los barriles destinan fondos a obras permanentes, mientras los barrilitos son utilizados para proveer servicios a la ciudadanía a través de municipios u organizaciones sin fines de lucro.
El Fondo de Mejoras Municipales, según consta en la Ley 173, se nutre del .1% del IVU, partida que en el pasado año fiscal generó unos $25.9 millones.
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“Lo que estamos cuestionando es este diseño, yo no diría nuevo, sino revivido, ya previamente declarado inconstitucional”, planteó Márquez en una rueda de prensa.
Márquez indicó que, al momento, los Fondos de Mejoras Municipales se encuentran paralizados en tanto la contralora Yesmín Valdivieso completa una investigación sobre el manejo del dinero asignado al amparo de la Ley 173, luego de denuncias de uso irregular.
“La contralora se comunicó con nuestra oficina acusando recibo, agradeciendo la colaboración con la investigación e indicando que va a utilizar el memorando como parte de la auditoría que va a estar realizando y que va a evaluar el ángulo constitucional”, sostuvo el representante del MVC.
Márquez, a preguntas de la prensa, defendió la estrategia de auscultar el parecer de la contralora y Justicia previo a incoar algún recurso judicial.
“Estamos yendo paso a paso. En esta etapa hay una auditoría corriendo por parte de la contralora. Además, queremos clarificar la posición del Departamento de Justicia y una vez se completen esos elementos y tengamos un cuadro más claro, pero una vez agotemos esos casos es posible que también consideremos llegar al tribunal. No es necesario, pero siendo de nuestra parte un ejercicio diligente de conversar esto de manera formal pero cordial con estos dos mecanismos, si entendemos que es necesario recurrir a la vía judicial para impugnar la constitucionalidad del Fondo de Mejoras Municipales, no lo estamos descartando”, replicó el legislador, al añadir que “dos a tres semanas” sería un periodo razonable para que el secretario Domingo Emanuelli responda su misiva.
Más allá de un potencial recurso legal, Márquez afirmó que los visos de inconstitucionalidad de la Ley 173 podrían resolverse legislativamente.
“Pudiera cambiar la legislación. No hemos radicado un proyecto. Es algo que también estamos contemplando”, dijo.
Recientemente, la discusión legislativa sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que buscaba autorizar el desembolso de fondos para cumplir con el Plan de Ajuste de Deuda, giró alrededor de la inclusión, por parte de la delegación popular, de un barril de $50 millones que generó oposición de todas las minorías.
Márquez subrayó que, si bien se opone “filosóficamente” al concepto del barril como vehículo para el manejo de fondos públicos, la versión de la RCC 278 que finalmente fue derrotada en el Senado era constitucional porque exigía la aprobación de resoluciones conjuntas para cada asignación proveniente del pote de $50 millones.
