El impuesto al sol, el llamado “cargo de transición” y el futuro de los empleados que permanecen en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fueron algunos de los asuntos que discutió hoy la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, en una reunión con integrantes de la mayoría popular de la Cámara de Representantes, precisó el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández.
Según el líder cameral, la reestructuración de deuda de la AEE, por tratarse de una corporación pública, no requiere en principio acción legislativa, si bien el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) contempla ciertas enmiendas a leyes para brindar mayores garantías sobre los bonos nuevos.
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El presidente de la Cámara indicó, en un encuentro con periodistas tras la reunión con Jaresko, que al día de hoy la legislación para habilitar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la AEE “no tiene los votos” entre su delegación de 26 representantes.
Sin embargo, en el encuentro con Jaresko los legisladores populares no presentaron alternativas, dijo Hernández, sino que se limitaron a ver la presentación de la JCF y formular preguntas. Este sábado, el caucus se reunirá mediante videoconferencia y el domingo Hernández anunciará los próximos pasos.
Si la deuda de la AEE, de unos $9,000 millones, se fuera a repagar completa, sería necesario imponer un cargo al consumo de ocho centavos por kilovatio hora, dijo Hernández, al indicar que los recortes a las obligaciones que se proponen como parte de la reestructuración limitan ese aumento a poco más de la mitad.
“Como único nosotros vamos a convencer, o vamos a estar dispuestos a sentarnos a la mesa, es que se mejore el acuerdo del RSA. La única manera que la Cámara va a estar dispuesta a tomar acción legislativa es que se mejore. Lo que pasa es que no tengo los elementos de qué vamos a solicitar”, sostuvo Hernández.
El viernes, el grupo de Bonistas Ad-Hoc de la AEE sometió una moción a la jueza federal Laura Taylor Swain proponiendo un calendario que incluiría un proceso de mediación y enmiendas al RSA, aprobado en 2019, para eliminar el requisito de que la reestructuración sea avalada mediante legislación.
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Al presente, la legislación que exige el RSA está relacionada con las herramientas de ‘securitization’ que tendrían los nuevos bonos de la AEE. En esencia, según dijo Hernández, esto implicaría legislar para establecer unas fuentes de repago específicas para los bonos, en lugar de utilizar los recaudos generales de la corporación pública.
Para ello, sería necesario enmendar tanto la ley orgánica de la AEE como otros estatutos, incluyendo la Ley de Transformación y Alivio Energético, que creó el Negociado de Energía, encargado de autorizar las tarifas.
“Aquí hay que entender que no hace falta acción legislativa. Los acreedores ya comenzaron a dar los pasos, porque esto es una corporación pública. […] Ahora, la acción legislativa le da certeza. Nosotros sabemos el valor de la acción legislativa. Le da legitimidad a la transacción, una garantía de que lo pactado se va a honrar”, insistió el presidente cameral.
Entre sus mociones del pasado viernes, los bonistas propusieron un calendario que incluye el 15 de abril como fecha límite para la radicación de un PAD, el 15 de junio para el inicio de la votación entre las clases de acreedores y el 15 de octubre para las vistas de confirmación.
Swain, en tanto, concedió a las partes hasta este viernes para presentar sus mociones en oposición al reclamo de los bonistas. Hernández indicó que la Cámara de Representantes actuaría dentro de los términos, aunque no precisó qué tipo de recurso presentarían.
“Con que nosotros digamos que estamos dispuestos a sentarnos sobre la mesa, los primeros que van a estar dispuestos a sentarse son (los bonistas)”, recalcó el legislador.
Si los bonistas y la JCF procedieran con un PAD que no incorporara aval legislativo, el repago de la deuda no tendría una fuente fija, afirmó.
Reclaman información sobre impuesto al sol
De la presentación que les ofreció Jaresko, Hernández sostuvo que el alcance del denominado impuesto al sol “no está cuantificado”. Sin embargo, puntualizó que, de mantenerse, sería un impuesto adicional al cargo de transición que comenzaría en 2.7 centavos por kilovatio hora y aumentaría escalonadamente hasta 4.5 centavos.
“No nos pudieron plantear el costo del impuesto al sol. Es uno de los requerimientos que hicimos en la reunión de hoy de ese cargo que no está cuantificado”, planteó Hernández sobre el cargo que pesaría sobre aquellos consumidores que instalen sistemas de energía renovable.
Al momento, la tarifa eléctrica para clientes residenciales de la AEE asciende a unos 25 centavos por kilovatio hora, si bien la JCF ha establecido como objetivo que descienda por debajo de los 20 centavos.
“Eso se debatió hoy, fue gran parte de las preguntas. La Junta trató encajonar todo el tema en la transacción en los ocho centavos y la reestructuración de la deuda. Pero ese no es el único elemento que afecta al consumidor y hoy hubo un debate de segmentar cada una de esas áreas y ver el impacto de cada una y cómo se pueden atender todas de manera holística”, manifestó el líder legislativo.
Entre el grupo de aproximadamente 20 legisladores que participaron de la reunión, algunos también trajeron a la mesa el tema de la contratación de Luma Energy para manejar la transmisión y distribución de energía, así como los mandatos para incrementar la generación mediante fuentes renovables.
En un comunicado, la JCF indicó que Jaresko, en la reunión de esta mañana, “instó al caucus a considerar legislación que permitiría la reestructuración de la deuda de bonos existente de la AEE mediante la emisión de nuevos bonos de titulización”.
Según la JCF, el RSA de 2019 reduce la deuda acumulada de bonos de 32%.
