La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) atacó hoy a los funcionarios públicos electos del país, al asegurar que por décadas “los gobiernos de Puerto Rico han prometido demasiado y no han cumplido con el pueblo”.
“Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del Gobierno de conseguir el financiamiento necesario. La mala administración financiera condujo a la crisis financiera, la única razón por la que se adoptó la Ley PROMESA hace más de cinco años. El pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece más de sus funcionarios electos”, manifestó en declaraciones escritas.
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Señalaron que previo a la Ley PROMESA y la creación de la Junta los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos.
“Se excedían en los gastos y se endeudaban demás, no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados. Los gobiernos anteriores acumularon más de $72,000 millones de deuda, sin construir un Puerto Rico robusto con una educación excelente, una infraestructura impecable, carreteras bien mantenidas, electricidad fiable y una economía próspera con oportunidades para su pueblo”, puntualizó.
“La recesión, la emigración, la pérdida de competitividad, el gasto desmedido, el endeudamiento excesivo y la falta de inversión en la infraestructura, en los servicios gubernamentales y en el pueblo causaron estragos injustificados en la vida de los residentes de Puerto Rico. Los gobiernos locales permitieron la quiebra de los sistemas públicos de pensiones de la Isla”, añadieron.
Las declaraciones surgen luego que el gobernador Pedro Pierluisi criticara hoy las expresiones de Andrew Biggs uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal que precisamente puso en tela de juicio la capacidad de la clase política de Puerto Rico para salir de la crisis fiscal.
“Las expresiones del miembro de la Junta de Supervisión, Andrew Biggs, en un reciente foro celebrado en la Universidad de Harvard, deben ser rechazadas por todos. Sus críticas demuestran desdén y desprecio hacia nuestro pueblo y nuestros servidores públicos, y además, le hacen daño a Puerto Rico ante la comunidad inversora y ante el mundo. De hecho, Biggs lideró infructuosamente los propuestos recortes a la pensiones públicas, poniendo en riesgo la calidad de vida de decenas de miles de retirados en la Isla. También, siempre se ha opuesto a los aumentos salariales a nuestros servidores públicos, obviando que estos no han tenido alzas en su compensación en casi dos décadas. Asimismo, Biggs ha insistido en reducir los beneficios marginales de nuestra fuerza trabajadora, tanto en el sector público como en el privado, obviando nuevamente los bajos salarios que siempre ha tenido”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.
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Biggs dijo en el foro académico que en la Isla hay una falta de capacidad administrativa y voluntad política del gobierno puertorriqueño para salir de la crisis. Apuntó a que en el Departamento de Educación hay problemas graves de dirección, así como de ausentismo entre sus empleados. Dijo que el problema se extiende a todo el gobierno. También afirmó que los gobernantes en la Isla toman decisiones para beneficiar a sus cercanos políticamente. Además de apuntar a la posibilidad de otra bancarrota, Biggs dijo que Puerto Rico está en riesgo de mayor pobreza y menos oportunidades que el resto de Estados Unidos.
“Puerto Rico ha enfrentado grandes crisis y retos fiscales en los pasados años, incluyendo desastres naturales, que son exacerbados por la falta de igualdad política que nos aqueja. Aunque falta mucho por hacer, nuestra Isla está en plena recuperación y está encaminada hacia el progreso. En vez de quedarse atascados en la crítica, el negativismo y el pesimismo, y ser un obstáculo burocrático, los miembros de la Junta deben enfocar sus energías en acabar los procesos de reestructuración de deuda pendientes y en facilitar el desarrollo económico que Puerto Rico necesita”, reaccionó por su parte el Gobernador.