Las organizaciones magisteriales que impugnan la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno objetaron la solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) de que se les imponga una fianza de $1,500 millones en caso de que se conceda el recurso de paralización que sometieron, al tiempo que defendieron los méritos que harían “probable” prevalecer en su apelación.
Al replicar el martes a las oposiciones radicadas por la JCF y otras partes favorecedoras del PAD, los grupos docentes subrayaron que el daño que sufrirán de consumarse la reestructuración excede el efecto negativo que tendría sobre los acreedores la paralización en tanto se completan los trámites de apelación.
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“La existencia de un potencial daño a otras partes no resulta automáticamente en una denegatoria de la paralización, sino que se toma como un factor en balance con los demás. Además, los principios de equidad aplicables a este y cualesquiera otros procedimientos de bancarrota dictan la distinción entre este caso y otras reestructuraciones, particularmente reorganizaciones comerciales donde las consecuencias no afectan a generaciones enteras”, plantearon los abogados Jessica Méndez Colberg y Rolando Emmanuelli en representación de la Federación de Maestros, Unete y Educamos.
En la réplica, se destaca que las organizaciones tendrían buenas posibilidades de éxito en sus esfuerzos apelativos, particularmente ante el novel escenario que plantea la reestructuración de obligaciones al amparo de la Ley Promesa.
El recurso enfatiza particularmente la anulación de leyes territoriales que impulsó la JCF a través del PAD, incluyendo los estatutos relacionados con los beneficios de retiro de los maestros. De prevalecer el PAD, confirmado el pasado 18 de enero por la jueza Laura Taylor Swain, el plan de beneficios definidos de los maestros quedaría congelado, por lo que comenzarían a cotizar a cuentas individuales, mientras la edad de retiro se extendería a los 63 años.
Tal como argumentaron durante las vistas de confirmación, los abogados señalaron que la JCF, al pretender reformar los sistemas de retiro en el PAD, se abrogó poderes legislativos que la Ley Promesa no le cedió.
Al presente, “queda por responderse hasta qué punto la Junta de Supervisión puede anular los estatutos y poderes legislativos del territorio a través del PAD. Si la apelación sobre ese asunto se lleva a cabo, hay una posibilidad sustancial de que las Asociaciones de Maestros tengan éxito en su argumento debido al extraño y único acuerdo de reparto de poderes que se derivan de Promesa y el hecho de que la Junta de Supervisión carece del poder de legislar la legislación habilitadora requeria para implementar el PAD”, puntualiza la réplica.
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Asimismo, Méndez Colberg y Emmanuelli postularon que, contrario a la representación que hizo la JCF de su solicitud de paralización, reconocen que en un proceso de bancarrota es posible descargar obligaciones de pensión de un deudor, como lo es el gobierno central, pero que no por ello el ente impuesto tiene la facultad de anular leyes a su antojo.
“La distinción que las Asociaciones de Maestros están destacando es entre obligaciones, independientemente de su fuente, y las leyes en sí mismas, pues estas aplican a maestros y pensionados presentes y futuros”, indicaron.
De acuerdo con el alegato, si bien Promesa establece que quedan ocupadas las leyes territoriales que entren en conflicto con ella, la JCF no ha probado que ese sea el caso con el Sistema de Retiro de los Maestros.
“Las leyes de retiro no confligen con Promesa, sino con el PAD. Por lo tanto, la cláusula de supermacia de Promesa no aplica”, sostuvieron.
“La Junta de Supervisión no está cualificada para determinar si existe un conflicto de anulación en ausencia de una declaración judicial que identifique el conflicto. La opinión de la Junta de Supervisión no es ley federal”, añadieron.
Si la jueza Swain concede el remedio de paralización, el PAD no podría implementarse al menos hasta que el caso se vea en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Según dispone el PAD, la fecha de efectividad, es decir, cuando comenzarían los pagos a acreedores y se congelaría definitivamente el plan de pensiones de los maestros, es el 15 de marzo.
Rechazan imposición de fianza
Sin embargo, los maestros sostuvieron que la fianza de $1,500 millones solicitada por la JCF para cubrir los presuntos costos de retrasar la implementación del PAD tendrían el efecto práctico de bloquear el derecho a apelar la reorganización.
“En las circunstancias del caso, la imposición de una fianza, particularmente una de esa magnitud, es equivalente a una declaración de que la orden de confirmación es inapelable”, argumentaron los abogados de los maestros, que citaron jurisprudencia para sustentar la premisa de que los tribunales tienen discreción a la hora de decidir si exigen o no una fianza al paralizar el efecto de una sentencia en casos de bancarrota.
Para los maestros, asimismo, los cálculos de la JCF para solicitar la fianza de $1,500 millones no se sostienen con base científica, sino en especulaciones. Señalaron, por ejemplo, que Promesa exige que los pleitos legales se atiendan de manera expedita.
Según la JCF, la fianza de $1,500 millones busca compensar el costo de que la consumación del PAD se posponga por seis meses. La JCF, además, planteó en su moción de oposición que paralizar el PAD atenta contra el interés público, uno de los elementos que los tribunales deben considerar en estos casos.
No obstante, la representación legal de los maestros señaló que el efecto de reducir los beneficios de pensiones del magisterio igualmente implica unos riesgos al bienestar social.
“Los cambios instituidos en el PAD condenan a una generación entera de maestros a la miseria en su vejez, amaenazan los esfuerzos de reclutamiento y provocarán ubn éxodo masivo de maestros de nuestros sistema público, contribuyendo probablemente a la emigración”, plantearon Emmanuelli y Méndez Colberg.
La congelación del plan de retiro, según los cálculos de las organizaciones, resultan en recortes de 35% a 40% a las pensiones de los docentes.
A nivel estatal, la Legislatura fracasó esta semana en aprobar las enmiendas que habrían habilitado el pago de $10,900 millones a diversas clases de acreedores, pero el gobernador Pedro Pierluisi ha adelantado que la JCF autocertificará los cambios al presupuesto general, utilizando sus amplios poderes bajo Promesa.
