La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó esta tarde que estaría apelando una parte de las conclusiones de derecho de la jueza Laura Taylor Swain al confirmar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno.
Específicamente, el organismo elevará al Primer Circuito de Apelaciones en Boston la controversia relacionada con los acreedores que reclaman justa compensación por confiscaciones o expropiaciones del gobierno puertorriqueño. La jueza Swain, al confirmar el PAD, resolvió que estos acreedores tenían razón en su planteamiento de estar protegidos por la cláusula de confiscaciones contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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Sin embargo, la JCF sostiene que esas reclamaciones deben ser consideradas no aseguradas y, por lo tanto, “descargables”, argumento que ahora expondrá ante el foro apelativo.
En total, las reclamaciones por confiscaciones o expropiaciones que fueron evaluadas en el caso de Título III ascienden a cerca de $400 millones, cifra que la JCF sostuvo, durante las vistas de confirmación, podría pagarse sin poner en riesgo la viabilidad del PAD. En su propuesta original, la JCF ofrecía pagar a estos acreedores unos $80 millones.
El hecho de que Swain haya fallado a favor de los dueños expropiados, sin embargo, no implica que el gobierno deberá desembolsar la totalidad de las reclamaciones, toda vez que en el proceso de Título III no se pasó juicio sobre lo que constituiría una compensación justa para cada caso.
En ese sentido, la decisión de Swain simplemente significa que las reclamaciones contra el gobierno se atenderán en el foro estatal, donde los tribunales determinarán a cuánto asciende la compensación adecuada.
Paralelo a la apelación que presentó la JCF, organizaciones magisteriales y un grupo de seis cooperativas de ahorro y crédito impugnan la confirmación de la totalidad del PAD.
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Contrario al organismo fiscal, sin embargo, tanto las cooperativas como los maestros solicitaron a la jueza Swain que paralice la implementación del PAD hasta que concluyan los procesos apelativos, al sostener que su entrada en vigor haría académicos sus esfuerzos.
La fecha de efectividad del PAD fue fijada para el 15 de marzo. Aunque esta semana la Legislatura fracasó en su intento de aprobar el desembolso de $10,900 millones en efectivo a los acreedores que contempla el PAD para este año fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi espera que la JCF autocertifique una enmienda al presupuesto vigente para cumplir con ese propósito.
Esos desembolsos quedarían en suspenso si los tribunales federales concedieran alguna de las solicitudes de paralización.
