Solo en tres de los ocho distritos senatoriales del país se harán cambios a la composición actual del mapa electoral debido a las fluctuaciones de su población, acordaron los dos miembros asociados de la Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico. La determinación fue tomada en las primeras reuniones del grupo que rediseña los distritos senatoriales, compuesto por Edwin Mundo y Ferdinand Mercado, miembros de esa junta en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) respectivamente.
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La redistribución electoral es un proceso que se hace cada 10 años luego del Censo para determinar la composición de los distritos senatoriales y representativos de manera que tengan una cantidad similar de habitantes, garantizando que cada voto tenga el mismo valor y se cumpla con el principio de “una persona, un voto”. Este principio, en el ámbito electoral, supone que el voto de los ciudadanos, independientemente de su raza, profesión o clase social, tiene el mismo valor. De ahí que la esencia de toda distribución electoral sea la mayor igualdad numérica poblacional en cada uno de los distritos. Por ejemplo, el ciudadano que vota en San Juan tiene el mismo valor que quien ejerza ese derecho en Juan Díaz porque todos los distritos representativos y senatoriales tienen una población similar.
Ocurre en Estados Unidos y en los territorios, y en ocasiones ha sido controversial porque se puede prestar para que un partido político manipule la composición de un distrito para aumentar la posibilidad de ganar más escaños legislativos o minimizar la ventaja de sus opositores. La práctica de delimitar selectivamente los distritos electorales se conoce en inglés como “gerrymandering”, es más común en Estados Unidos ya que en la mayoría de los estados el proceso está en manos del gobernador y la legislatura estatal. En Puerto Rico, la Junta no está adscrita a la Rama Ejecutiva ni a la Legislativa y solo participan los dos partidos principales, dejando fuera del proceso a los minoritarios o emergentes.
Por disposición constitucional, la Junta es presidida por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo y está compuesta por otros dos miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Estos tienen que ser de partidos distintos y en las siete redistribuciones electorales anteriores han sido miembros de los partidos dominantes. Mercado y Mundo fueron confirmados aún con la oposición de los partidos minoritarios y del senador independiente José Vargas Vidot, por ser excluidos del proceso pese al resultado de las pasadas elecciones.
“La práctica ha sido nombrar miembros recomendados por los dos partidos políticos principales. Esa práctica se ha seguido, aun cuando hay cinco partidos y un senador independiente en la Asamblea Legislativa. No obstante, ninguno de los partidos — con excepción del PNP y el PPD — tienen elegidos legisladores de distrito”, dijo Mercado.
Los cambios en la composición de los distritos electorales acordados preliminarmente por los miembros asociados “tienen que ir a discusión en el pleno de la Junta”, que se compone de Mundo, Mercado y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.
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“En deferencia a la jueza presidenta no debo hacer pública información que no ha sido discutida con ella”, dijo Mercado sobre el acuerdo confirmado previamente al CPI por su contraparte Mundo Ríos.
Con tan solo una vista pública en la que participaron cinco deponentes, la Junta Constitucional comenzó el pasado 18 de enero los posibles cambios para darle forma a la nueva composición de los mapas de los distritos electorales que regirán en las elecciones generales de 2024 y 2028.
Durante esa única audiencia, la mayoría de los ponentes coincidieron en que los mayores cambios debían ser en los distritos senatoriales de Arecibo, Mayagüez y Ponce, según las cifras de la población de Puerto Rico, provistas por el Negociado del Censo de los Estados Unidos y obtenidas en el Censo de 2020.
De acuerdo con los resultados de ese censo, Puerto Rico tiene 3,285,874 habitantes, una reducción de 439,915 (11.8%) al compararse con el Censo de 2010. Para que todos los distritos sean similares en la cantidad de habitantes, se ha estimado que la nueva distribución electoral deberá lograr que cada uno de los ocho distritos senatoriales tenga cerca de 410,734 habitantes y en los 40 distritos representativos 82,147. Esa cifra se le conoce como “población ideal” y se utiliza para configurar los distritos de acuerdo con los cambios en la población reflejados en el censo 2020. La reducción en la población en los últimos diez años provocará que cada distrito senatorial tenga 54,990 personas menos y los distritos representativos 10,998 personas menos que en la pasada redistribución electoral.
Los mayores cambios se concentrarán en los distritos senatoriales de Arecibo y Mayagüez porque tienen más población que el número ideal por distrito, que es 410,734 habitantes. En el caso del distrito senatorial de Ponce, está muy por debajo de ese número ideal con 395,424 habitantes, según los datos del 2020.
“En San Juan, Bayamón, Guayama, Humacao y Carolina, no hay que hacer ningún cambio. Los problemas son Mayagüez y Arecibo porque tienen población de más, a base de los 410,073 habitantes, y el distrito de Ponce, porque tiene mucho menos de los que necesita. Si fuera por mí, los cambios los haría en esos tres”, dijo Mundo. “Esos tres son los que hasta el momento tendrían más trabajo. Los que tendrían menos trabajo serían Guayama, Humacao y Carolina”, explicó Mercado en referencia a que estos tres distritos senatoriales tienen una población bien parecida al número de población ideal.
El proceso de redistribución se inicia con los distritos senatoriales en orden de número y geográfico desde San Juan bordeando la isla hacia el oeste hasta culminar en el este. Una vez concluya el análisis de los distritos senatoriales y se acuerden los cambios, se iniciará el ajuste de los distritos representativos.
Por ser más pequeños y como consecuencia de los cambios que hagan en los distritos senatoriales, se anticipa que habrá más cambios en el rediseño de los distritos representativos para cumplir con el número ideal de 82,147 habitantes.
“Que no haya mucho cambio en lo senatorial no significa que en los distritos representativos se queden igual, porque hay que ajustarlos”, añadió Mercado. Reiteró que el objetivo será mantener, en lo posible, una desviación razonable, que se refiere a que los distritos sean similares en la cantidad de población, y no propiciar cambios dramáticos en los distritos senatoriales.
Calendario de trabajo
Luego de haber sido nombrados por el gobernador, Pedro Pierluisi, el 3 de septiembre de 2021 y confirmados por el Senado el 7 de ese mes, los miembros asociados de la Junta Constitucional y su presidenta, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, han tenido seis reuniones en pleno para delinear aspectos administrativos y de preparación técnica. En enero iniciaron formalmente los trabajos de rediseño de los distritos senatoriales.
Con un presupuesto de $500,000, los miembros asociados de la Junta Constitucional establecieron un calendario de trabajo con el objetivo de culminar los acuerdos del plan de redistribución de los distritos electorales entre abril y mayo de este año para que sean aprobados por la Junta Constitucional en pleno.
Ninguno de los miembros de la Junta Constitucional recibe compensación por ese servicio. Para la operación se suscribieron acuerdos desde el 9 de febrero de 2022 por $9,100.00 mensuales para el pago de diferenciales a seis funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que componen el personal de apoyo a los miembros asociados de la Junta.
“Al presente los gastos incurridos de la Junta Constitucional se calculan en aproximadamente $65,000, por concepto de nómina y costos relacionados, servicios comprados, adiestramientos, licencias, compra de equipo y servicios profesionales, entre otros gastos de funcionamiento”, dijo al CPI Jean-Carlo Pérez Nieves, director interino de la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales.
Mundo y Mercado entienden que el plan de redistribución que será presentado para la aprobación de la Junta Constitucional en pleno culminará antes del 30 de junio. Ambos equipos se reúnen dos veces en semana para trabajar con los diversos escenarios de cambios en el mapa electoral.
“Los trabajos han fluido adecuadamente y considero que en estas semanas hemos adelantado bastante ya que cada equipo había explorado distintos modelos y alternativas, lo que permite descartar las que no son viables y concentrarnos en las que pueden serlo”, Mercado.
Se supone que, aunque fueron nominados en representación de sus partidos políticos, su trabajo tiene que estar dirigido a la redefinición de los distritos electorales tomando por referencia el balance poblacional y la continuidad de los territorios si hubiera que redistribuir.
Contrario a pasadas Juntas Constitucionales, en esta ocasión las reuniones de trabajo se efectúan en un salón habilitado en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Además, el equipo técnico de ambos comisionados pertenece a la CEE, lo que va en contra del espíritu de independencia de la Junta. En la quinta Junta Constitucional en la que participó el exlegislador popular Eudaldo Báez Galib, el equipo técnico fue contratado por el entonces juez presidente Víctor Pons con un asesor técnico de cada miembro asociado, y sus reuniones se efectuaron en un espacio concedido por la Administración de Tribunales.
“En los asuntos electorales la imagen es bien importante, para empezar. La imagen es lo que da confianza y es lo que permite a la gente creer en el proceso. Y el mero hecho de que esté en la Comisión Estatal de Elecciones, aunque no pasase nada, ese hecho nada más causa duda. Primero, porque la Comisión en este momento está bajo la dirección de un partido político. Bajo la nueva ley electoral el presidente de la CEE es todopoderoso”, dijo Báez Galib.
Solo una vista pública con muy poca participación
El 16 de diciembre de 2021 con la participación de tan solo cinco deponentes, la Junta Constitucional efectuó la única audiencia pública para recibir recomendaciones de la ciudadanía sobre los posibles cambios en la redistribución electoral. Posteriormente, la Junta Constitucional recibió por escrito dos ponencias adicionales.
Desde su creación en septiembre, la Junta Constitucional se había concentrado en asuntos operacionales y administrativos como la confección de reglamentos y los principios que guiarán el proceso de redistribución, así como el reclutamiento y adiestramiento de los equipos técnicos. Se convocó una audiencia pública antes de iniciar las negociaciones de los mapas de distribución, pues consideraron que luego de iniciados los trabajos de campo y establecidos los acuerdos sería difícil incorporar las recomendaciones de la ciudadanía.
En la reunión ordinaria de la Junta Constitucional el 13 de enero de 2022 se decidió no efectuar más vistas públicas y se estableció un calendario de trabajo para iniciar la redistribución desde el 18 de enero, confirmaron por separado ambos miembros de la Junta Constitucional.
El CPI supo que al menos Mundo hizo llamadas a figuras vinculadas a la política para que participaran en la audiencia pública ya que, apenas tres días de que se efectuara, nadie había solicitado turno para deponer. El asunto fue discutido durante la reunión ordinaria del pleno de la Junta Constitucional el 13 de diciembre. Allí, Oronoz le preguntó a los miembros si deberían realizar otra vista pública en enero, toda vez que, hasta la fecha, había poco interés de participar en la vista convocada”.
Para esta vista, la Junta Constitucional sólo publicó un edicto el 6 de diciembre en dos periódicos y en la página digital del organismo. También se circularon a los medios dos comunicados de prensa, uno en esa misma fecha para anunciar la vista, y otro el 13 de diciembre recordando la fecha límite para solicitar participar de la audiencia, indicó el director interino de la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales.
Luego de las llamadas de Mundo, comparecieron el expresidente del Senado, Kenneth McClintock y el profesor Giovanni Boschetti Géigel, que formó parte del equipo técnico durante la pasada redistribución y es asesor en asuntos electorales de la comisionada residente en Washington, Jennifer González.
No obstante para ambos miembros asociados, aunque la Junta Constitucional convocó de forma adecuada la vista pública, otros temas han acaparado la opinión pública y han mantenido relegada la redistribución electoral, que de por sí es un tema técnico.
“Habiéndose llenado esos espacios con otro tipo de discusión pública, tal vez muchas personas no le dieron importancia a la celebración de estas vistas y no contemplaron comparecer”, opinó Mercado.
“Cuando vimos que nadie había ido [a solicitar comparecer] hicimos un comunicado de prensa y ahí es que la gente se da cuenta. La gente no ve los edictos, pero es normal, siempre van una o dos personas”, sostuvo Mundo.
Además de McClintock y Boschetti, depusieron en la audiencia el exsenador por el PNP, José Garriga Picó; Raúl Ramón Morales Santiago, legislador municipal por el PNP en Añasco y Víctor S. Berrios Sierra, recién graduado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Solo fueron a ver las vistas comisionados del PNP, PPD y Proyecto Dignidad, dijo Mundo.
Luego de la vista pública, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, sometieron ponencias escritas.
Garriga Picó propuso que se utilizaran criterios socioeconómicos y de educación para configurar los distritos. Las ponentes coincidieron en que el distrito de Ponce es el que mayores cambios tendrá por la pérdida de población.
“Hubo una propuesta para el cambio de los municipios de Ciales y Las Marías [para moverlos al distrito de Ponce] y lo estaremos evaluando. No necesariamente significa que eso se dé de esa manera. Vamos a trabajar sobre los cambios mínimos no-drásticos”, indicó Mercado. Esta propuesta añadiría cerca de 15,000 habitantes que necesita el distrito de Ponce para cumplir con la meta de que cada distrito se acerque lo más posible al “número ideal” de cerca de 410,734 habitantes por distrito senatorial y 82,147 de población en los distritos representativos según la nueva cantidad de habitantes que refleja el Censo 2020. Actualmente, tanto Ciales como Las Marías son municipios con alcaldes PNP.
El Censo y la redistribución electoral
El Programa de Datos para la Redistribución de Distritos Electorales (RDP, en inglés), es el componente del Censo que construye los mapas para actualizar las unidades electorales de la CEE cada diez años. Su importancia estriba en que permite al Negociado del Censo federal crear el rompecabeza de áreas geográficas que la Junta Constitucional usará para completar el diseño de los nuevos distritos electorales y que entrarán en vigor en las próximas elecciones.
La redistribución electoral es el proceso en el que las demarcaciones de los distritos electorales son rediseñadas para mantener una representación equitativa según la cantidad de población.
La Constitución de los EE. UU. y la de Puerto Rico ordenan hacer cada diez años un conteo de toda la población con el propósito de ajustar o redistribuir los distritos electorales, de acuerdo con las áreas donde haya aumentado o disminuido la población. Esta información se utiliza para la distribución de los escaños representativos de cada estado en el Congreso así como la distribución de las áreas de las legislaturas estatales.
El Censo Decenal de Población Vivienda se utiliza para hacer esa enumeración del total de la población con lugar de residencia para hacer la revisión de los distritos electorales y se puedan demarcar de manera que los residentes sean representados de manera justa y equitativa.
“Por eso, cuando se hace un censo, el primer producto que se genera no son los datos demográficos que se recogen, son los datos para la redistribución”, sostuvo Lillian Torres Aguirre, pasada directora de la Oficina del Censo del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.
Torres Aguirre, quien estuvo a cargo de los censos efectuados entre el 1980 y el 2010 explicó que la planificación de un censo conlleva años de trabajo y consta del desarrollo de varios programas geográficos, siendo uno de estos el Programa de los Datos de Redistribución de Distritos Electorales. Este programa provee una base de datos para ajustar o insertar las unidades electorales dentro del grupo de bloques censales e integra en un solo mapa la información del censo de los municipios, barrios, residencias, comercios y otras estructuras con los mapas de las delimitaciones de los distritos electorales.
“Eso se envía a Washington para construir una base de datos que, cuando se hace la enumeración en el Censo Decenal, se inserta el dato con una geografía definida. El propósito de este programa es preparar la base de datos estadísticos y geográficos que se utilizará para la redistribución. Esta información contiene la base de datos por unidades electorales de población general, los de 18 años o más y las unidades de vivienda ocupadas y vacantes”, explicó Torres Aguirre.
Emergencia, terremotos y pandemia afectan proceso del Censo: retrasada la entregada
El Censo 2020 fue irregular. La pandemia dificultó y retrasó la recolección de datos por el cierre forzoso, y la administración del entonces presidente Donald Trump cambió dos veces el calendario sobre el proceso censal.
Puerto Rico comenzó el Censo 2020 en desventaja desde el principio. Tras el paso del huracán María en el 2017, la Oficina del Censo decidió que verificaría las direcciones e información de todos los hogares en la Isla de forma manual, casa por casa, al mismo tiempo que entregaría los formularios del censo. El Censo usa este sistema solo para el 5% de todos los hogares en Estados Unidos, mayormente en sectores rurales y, en menor grado, para lugares afectados por desastres naturales. Para la mayoría de los hogares se usa la base datos de mapas digitalizados del censo que se llama Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing (TIGER), la cual se va actualizando antes de que se entreguen los formularios del Censo. Es la primera vez en la historia que la agencia federal decidió implementar este mecanismo inusual para todo Puerto Rico, dijo Alberto Velázquez del Instituto de Estadísticas.
El Programa de Actualización de Direcciones Locales se establece para actualizar la geografía de los municipios que se refiere a poner al día los cambios que han habido por desarrollos nuevos o desastres naturales desde el pasado censo. En este trámite, se actualizan direcciones, para identificar cambios en las calles, nuevas construcciones o la eliminación de vías o estructuras por colapso como consecuencia de huracanes, sismos, entre otros.
Las emergencias desde los huracanes Irma y María, los terremotos y, más recientemente, la pandemia del COVID-19 afectaron el cumplimiento del calendario previo al trabajo de campo para llenar el formulario del censo. Este es un programa que además de utilizar tecnología se tiene que hacer visitas de campo para constatar los cambios geográficos en los pasados diez años para actualizar los mapas con carreteras y residencias de nueva construcción, vías públicas cerradas, edificaciones demolidas o vacantes, etc.
