Las portavoces de Proyecto Dignidad en la legislatura, Joanne Rodríguez Veve y Lisie J. Burgos Muñiz, radicaron ayer ante el Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, acción legal contra el gobernador, Pedro Pierluisi, por implementar órdenes ejecutivas relacionadas al manejo del COVID-19 que rebasan los poderes delegados.
Las senadoras aseguraron que las órdenes ejecutivas contra el COVID-19 son inconstitucionales porque violentan el principio de separación de poderes y los derechos individuales fundamentales.
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Burgos Muñiz hizo un llamado a los legisladores a unirse a su reclamo para proteger los derechos constitucionales del archipiélago puertorriqueño.
La demanda se radicó contra el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández porque son las áreas afectadas mayormente por las ordenes ejecutivas 2021.
La demanda establece que las repercusiones de la situación “dejan de manifiesto la necesidad de que cada rama de gobierno, en este caso Ejecutivo y Legislativo, comprendan a cabalidad los entornos de su marco constitucional de poder, y ejerzan con respeto el mismo al máximo de sus capacidades, en especial en momentos de emergencia”.
“Todo lo auscultado en derecho indica que imponer la vacunación contra el COVID-19 de manera compulsoria como condición para ir a estudiar, viajar, tener acceso a diversos servicios y, como si fuera poco, trabajar, es una interpretación errada a la delegación de poderes contenida en la Ley 20-2017″, sostuvo Burgos Muñiz.
“Estamos buscando hacer valer las facultades y los poderes que nos han sido concedidos como rama legislativa. Es importante precisar que esto nos supera a nosotras dos en nuestro carácter personal, sino que va más allá de nuestras propias posiciones”, aseguró Rodríguez Veve, quien añadió que no se trata de sus opiniones sobre la vacuna del COVID-19.
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El representante legal, Juan Manuel Fronteras Suau, explicó que el Artículo 2 Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico establece que será la Asamblea Legislativa la que tendrá prioridad para legislar sobre asuntos relacionados cuando la salud, vida y bienestar común están en riesgo.
“El ejecutivo y el poder de estado del ejecutivo por disposición de la Constitución se limita a cumplir y hacer cumplir las leyes según el Artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico. Nada dice la Constitución en cuanto al poder que pueda tener el ejecutivo para tomar acción propia con relación a la salud, la vida o el bienestar común”, según Fronteras Suau.
Ante las circunstancias, la legislatura aprobó el Proyecto de la Cámara 515 (P. de la C. 515) por la preocupación que ocupa el exceso de poder del gobernador, aunque el ejecutivo vetó este proyecto el 20 de diciembre de 2021.
“Al vetar este proyecto, (el gobernador) revela la motivación en su actuar de ir en contra de la Constitución. Ese veto expreso dice que, en casos de emergencia, subordinar las actuaciones que toma el estado a la discusión políticopartidista que se da en la legislatura es un peligro para el país”, aseguró el abogado.
El segundo fundamento para la radicación de la demanda es que “es imposible que el país continúe más de 2 años funcionando bajo unos decretos y estados de emergencia que violentan la separación de poderes” dijo Fronteras Suau.
En tercer lugar, al activar un estado de emergencia bajo la Ley 20-2017 se activa también la Ley 76 del 2020.
El representante legal dejó saber que cuando se activa una orden de emergencia se activa la Ley 76 del 2000 automáticamente en todas sus funciones.
“Esta ley establece con claridad que los estados de emergencia no pueden durar mas de 6 meses. El gobernador puede extenderlos con justificación, pero nunca más allá de su incumbencia. Aquí solo ha habido una declaración de emergencia el 12 de marzo del 2020, por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde ese día se están extendiendo las ordenes de emergencia”, aseguró Fronteras Suau.
Vázquez Garced cesó su incumbencia en enero y Pierluisi comenzó, por lo tanto, el ejecutivo tendría que haber emitido una nueva orden de emergencia justificada.
