La Resolución Conjunta de la Cámara 278, que autoriza los pagos de la deuda reestructurada e incluye la creación de un “barril de tocino” de $50 millones, fue aprobada esta tarde en la Cámara de Representantes, en votación 26 a 24.
La medida pasa ahora al Senado.
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La medida, sufrió varias enmiendas en sala, que atendieron posibles recaudos en exceso del presupuesto de 12 mil millones de dólares y buscó ofrecer protecciones al derecho que tienen los servidores públicos y demás partes involucradas en el procedimiento que se ventila ante Tribunal de Título III de PROMESA.
En total, la Resolución Conjunta de la Cámara 278 incluye como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno para el Año Fiscal 2022, una asignación presupuestaria del Fondo General de $12,427,515,463 y un pago de $10,906,960,073 para cumplir con el PAD del Gobierno para un total de $23,284,475,536.
El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, sostuvo que la aprobación de la resolución conjunta es un paso hacia la salida de la Junta de Control Fiscal. “La Cámara de Representantes cumplió su deber de aprobar el primer presupuesto en cumplimiento a la ley PROMESA, lo cual es un gran paso para encaminar la salida de la Junta de Control Fiscal. Fue un proceso de inclusión donde se escucharon todas las partes”, dijo el legislador en declaraciones escritas.
Antes de la votación inicial a viva voz, se introdujo una enmienda a la pieza legislativa mediante la cual solo los representantes y senadores por distrito tendrán acceso a los fondos correspondientes al barril. Esa movida deja fuera, entre otros, a los senadores populares por acumulación populares Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz.
El gobernador Pedro Pierluisi había advertido al liderato legislativo que no firmaría la resolución conjunta si se conservaba en el texto el ‘barril’ de $50 millones que se repartiría entre los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para que los destinen a obras y servicios en municipios y comunidades.
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La RCC 278 fue derrotada inicialmente el pasado jueves, pero fue reconsiderada el martes.
Esta mañana trascendió una carta dirigida a los portavoces de las delegaciones en la Cámara, en la que el presidente Rafael Hernández Montañez, los amenazó con recortar los presupuestos de las oficinas legislativas si no se aprobaba la resolución conjunta.
La delegación del Partido Nuevo Progresista había adelantado que no cedería a la presión del presidente cameral y votaría en contra de la resolución conjunta.
