A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades.
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Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’. El reto es tanto ambiental como político”, argumentó Schwartz en una entrevista para el podcast Edge Effects.
En ocasiones, el discurso de la “inevitabilidad” del “desastre natural” converge con prédicas religiosas realizadas por funcionarios del Gobierno durante comparecencias públicas.
Expresiones como estas sugieren que estos eventos catastróficos forman parte de un plan o propósito divino: “Jamás nos imaginamos que cuatro años después [del huracán María], Dios nos tuviera donde estamos aquí. La gloria para él, porque él es el que mueve, tiene como [un] propósito. En muchas formas, Dios nos ha bendecido. Dentro de lo difícil que es manejar una emergencia, ojalá supiéramos la magnitud de un evento que es un desastre natural, que no sabemos cuán grande pueda ser”, dijo el comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, cuando se inauguró un centro regional de respuesta a emergencias en Naranjito.
Más allá del derecho constitucional que todo ciudadano tiene – incluyendo funcionarios del Gobierno – para ejercer y expresar la religión de su preferencia, resulta cuestionable cuando jefes de agencias gubernamentales utilizan su posición de poder y participaciones oficiales para recurrir a su fe como justificación cuando se les pide rendir cuentas. Respetar la separación de Iglesia y Estado precisamente evitaría que los principios de una religión se inmiscuyan en la política pública, especialmente cuando esa prédica pudiera amenazar los derechos de grupos que por décadas han luchado por mayor equidad y por la ampliación de protecciones civiles.
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“Para mí, Dios está aquí por una razón y siempre, a pesar de las circunstancias, como uno se puede quizás cuestionar, y de alguna manera hasta un poco arrogante mirando al cielo y cuestionarle las situaciones, el plan de Dios es perfecto. Aquí no hay manera de mirarlo de otra manera, aún con las situaciones y los momentos quizás dramáticos que puedan surgir”, declaró, por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, durante la misma actividad.
Expresiones como las de Correa y Torres han sido recurrentes entre otros funcionarios que se refieren al impacto de huracanes. En la víspera del huracán María, el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, indicó que ante el peligro inminente por el ciclón, ponía “en las manos de Dios a nuestra isla, a las familias y a todo nuestro pueblo”. En Estados Unidos también tuvieron notoriedad los comentarios del exalcalde de New Orleans, Ray Nagin, quien adjudicó a la ira de Dios la destrucción y muertes causadas en esa ciudad por el poderoso huracán Katrina en el año 2005.
En el caso de las amenazas naturales, aludir a supuestos propósitos divinos trae consigo una peligrosa perspectiva que atribuye las pérdidas de vida e infraestructura crítica al “plan de Dios”. Se rechaza así cualquier responsabilidad de la ineficiencia gubernamental, las políticas de austeridad y las desigualdades económicas entre comunidades y regiones. Al final, estas realidades existen previamente y no tienen que ver con el impacto de un ciclón.
Planteamientos de esa índole recuerdan los discursos errados de los propulsores del determinismo geográfico — como Federico Ratzel — que, a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, fueron utilizados para explicar cómo elementos de la naturaleza, tales como el clima de una región, determinan la cultura y las maneras en que sociedades se organizan. Bajo esa lógica, los grupos humanos están pre condicionados por su geografía física y condiciones ambientales; y no por otros aspectos tales como los sistemas políticos y el modos de producción.
Esta visión fue en ocasiones utilizada para justificar las expansiones imperialistas hacia territorios ubicados en las regiones tropicales. Puerto Rico no fue la excepción. Un año después de la ocupación militar de la Isla en 1898, el corresponsal estadounidense del periódico neoyorquino The Evening Post, Albert G. Robinson, publicó The Porto Rico of To-Day. En el libro, Robinson explica que las altas temperaturas de Puerto Rico eran un factor que determinaba la supuesta vagancia de sus habitantes. De esta forma, el periodista promovió ante sus lectores en Estados Unidos la idea de la supuesta superioridad racial de los invasores en este territorio caribeño.
Insistir en que las amenazas naturales forman parte de un “plan de Dios perfecto” representa una visión determinista que obvia los episodios de negligencia gubernamental en el manejo de emergencias. Es negar información documentada sobre las muertes y esconder las causas de estas, tal y como ocurrió posterior al huracán María en el 2017. Es responsabilizar a la naturaleza por el desastre asociado al colapso de carreteras y la socavación de puentes que llevaban años sin el mantenimiento adecuado. Es culpar a la climatología del Caribe porque todavía en el 2021 permanezcan miles de viviendas con toldos azules en sus techos. No hay nada “inevitable” ni “divino” en el hecho de que cuatro años después del huracán María, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias solo haya desembolsado 1% de los fondos asignados para proyectos de obra permanente.
El resultado de dejar a lo divino la responsabilidad de prepararse ante desastres tiene consecuencias demasiado graves para los puertorriqueños, especialmente para los sectores más vulnerables, para quienes perder sus pertenencias o su hogar tiene implicaciones distintas. Los expertos ya nos han advertido de que los eventos climáticos serán cada día más extremos. Pero parece que no se aprende esa lección, y no anticipamos los riesgos con seriedad. Tras las inundaciones recientes provocadas por las fuertes lluvias de febrero, esto surgió en la conferencia de prensa oficial:
— Tatiana Ortiz, periodista de TeleOnce: ¿A qué ustedes adjudican esta emergencia? Problemas de planificación, alcantarillado que no se limpia, ¿a qué lo adjudican?
— Nino Correa, comisionado interino de NMEAD: No, mira, aquí tenemos que poner en perspectiva la cantidad tan grande de lluvia que cayó en muy pocas horas. Doce a trece pulgadas de lluvia, es una cantidad de lluvia impresionante e increíble… Sí hubo alcantarillado tapado pero obviamente, por la cantidad de volumen de agua en algunos sitios, va a arrastrar palos, basura, algunas cosas…
En el informe Sin información ante el desastre: Gestión de la información para el manejo de riesgos socioambientales en Puerto Rico, un grupo de investigadores profundizó en la necesidad de destacar las dimensiones sociales que se suscitaron por el huracán María. “La magnitud y severidad de los daños de un desastre dependen de la vulnerabilidad a la que están expuestos algunos grupos sociales. Por ello, en nuestro informe usamos el término desastre socioambiental, en lugar de desastre ‘natural’”, dicen los autores Annette Martínez Orabona, Luis Avilés, Marinilda Rivera Díaz y Luis José Torres Asencio. Según la publicación, “los riesgos no afectan a todos por igual, sino que existe una desigual distribución de riesgos en la sociedad que finalmente intensifica la brecha económica y social”. En ese sentido, son el resultado de “productos secundarios de las actividades humanas” y de las gestiones de la sociedad en cuestión, incluyendo las decisiones políticas.
Así que, cuando se trata de proteger vidas, la frase de “que sea lo que Dios quiera” no debe ser aceptable en boca de un funcionario. Es una forma burda e insensible de decir que “la salvación es individual” y que el Gobierno no tiene responsabilidad. Es dejar a su suerte y arriesgar a quienes no cuentan con los recursos para enfrentar adecuadamente una amenaza natural. Y con el debido respeto a aquellas comunidades de fe que dan la milla extra y hacen grandes aportaciones durante momentos de emergencia, el determinismo pregonado por aquellos funcionarios que se cobijan detrás de Dios no es un discurso solidario. Es más bien una prédica que justifica la negligencia gubernamental.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America.
