El Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes aprobaron hoy el proyecto 330 de la autoría de la senadora Nitza Moran, con el fin de transferir todas las funciones del Instituto de Educación Financiera a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Ahora la pieza legislativa pasa a La Fortaleza para la firma del gobernador Pedro Pierluisi.
La creación del Instituto de Institución Financiera se llevó a cabo basándose en las disposiciones de la derogada “Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009″, pero con la aprobación de la Ley 122-2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, se declaró como política pública disminuir el gasto público y la burocracia, procurando un Gobierno más ágil, eficiente, y que mejore sustancialmente la prestación de servicios al pueblo. Es por esta razón, luego de evaluar el trabajo del Instituto, se determinó que sus funciones deben estar dentro de la Oficina del Comisionado y así reducir los costos de operación que conlleva mantenerlo.
Adicional a sus funciones dispuestas en ley; como fiscalizar y supervisar las instituciones financieras que operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá que establecer una unidad dentro del organigrama de su Oficina para que se establezcan alianzas para la capacitación financiera de la ciudadanía de Puerto Rico.
También realizará estudios y establecerá los mecanismos y herramientas necesarias que le permita proveer recursos educativos para ciudadanos de todas las edades, orientación a los consumidores sobre hábitos financieros adecuados, tales como el ahorro y la planificación financiera a mediano y largo plazo, para afrontar etapas y eventos sin limitarse a la compra de una vivienda, la planificación familiar, la educación de los hijos, el retiro, y la muerte.
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Además debe fomentar la capacitación financiera de diferentes sectores de la población, tales como: niños y niñas desde el nivel primario de educación, hasta jóvenes universitarios, madres y padres jefes de familia, personas de escasos recursos económicos, personas de edad avanzada, profesionales del sector público y privado, población correccional adulta y juvenil, entre otros. Y desarrollar eventos educativos y conducir estudios, encuestas, y abrir foros de investigación y análisis con profesionales de competitividad.
“Esta ley es parte de lo que promueve la Ley 122 de evaluar los servicios que provee el Gobierno a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados y delegados a otros sectores. Con la aprobación de la medida 330 eliminamos los gastos operacionales que se encuentran adheridos al denominado Instituto de Educación Financiera, y transferimos sus responsabilidades a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Es importante educar a nuestra ciudadanía en todos los niveles sobre planificación financiera y ayudarlos a crear una cultura de ahorro. No podemos eliminar esa función. Y velaremos para que esa educación y orientación se ofrezca. Básicamente estamos eliminando la estructura organizacional que conlleva la operación del Instituto, y lo condensamos bajo la figura del Comisionado de Instituciones Financieras. No nos parece necesario crear dos sistemas paralelos cuando todo eso puede ser operado bajo una sola estructura organizacional”, dijo Nitza Moran, senadora por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas.