Aunque los reclamos de la Federación de Maestros y otros gremios magisteriales abarcan asuntos que trascienden el tema del salario, el gobernador Pedro Pierluisi señaló hoy a la prensa que, en la reunión que sostendrá mañana, se enfocará en brindar garantías de que el incremento de $1,000 que entrará en vigor en julio tendrá carácter de permanencia.
“Entiendo que (en la reunión de hoy con asesores de La Fortaleza) preguntaron si (el aumento) era permanente y la realidad es que lo es porque ahora estamos usando fondos federales, pero tan pronto tengamos fondos federales adicionales de diferentes vías, porque está Medicaid (y) el impuesto mínimo que el Congreso va a imponer a las CFC (Corporaciones de Control Foráneo), ambas van a generar unas cantidades bien sustancial de fondos adicionales para Puerto Rico. Ahí usaremos nuestros fondos en vez de los federales”, dijo el mandatario, quien hoy estuvo en Barceloneta reunido con la alcaldesa Wanda Soler.
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El aumento, para el que se combinan fondos estatales y federales, solo está garantizado hasta septiembre de 2024.
Sin embargo, al salir del encuentro con varios asesores del gobernador, las líderes de la Federación de Maestros, UNETE y EDUCAMOS, precisaron que esperan que el primer ejecutivo se comprometa a apoyar tres medidas legislativas y su oposición a otra.
Específicamente, los gremios quieren que Pierluisi apoye el proyecto que eleva por ley a $2,700 el salario base mensual de los docentes, así como una medida que enmienda la Ley 53-2021 para establecer que los bonos reestructurados de obligación general solo tienen validez si se respeta el plan de pensiones de beneficios definidos y otra pieza que ordena el Departamento de Educación desembolsar el dinero adeudado a educadores por concepto de la llamada carrera magisterial.
Por otro lado, las organizaciones magisteriales le exigirán al gobernador que se oponga a la resolución conjunta que autorizaría el desembolso de sobre $23,000 millones a acreedores, en cumplimiento con el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central.
“La agenda de nosotros es clara: retiro digno y justicia salarial. Tiene que darle respuesta a esos dos planteamientos”, resumió Migdalia Santiago Negrón, presidenta de EDUCAMOS.
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“Si realmente le importan los niños, señor gobernador, hoy hubiera estado aquí, atendiendo a los maestros que atienden a los niños, para que mañana los maestros pudieran estar en su salón”, dijo, por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.
“Yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marcha y protesta. Mi equipo de trabajo es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones. Las decisiones se toman en mi despacho una vez tengo el debido asesoramiento de las personas que me rodean. Ese es el caso. En cuanto a la presidenta de la Federación de Maestros, ella pidió una reunión por cita y esa se la voy a conceder mañana, así yo trabajo”, replicó Pierluisi a la prensa en Barceloneta.
Desde la mañana de hoy, miles de maestros, junto a otros servidores públicos, como los bomberos, marcharon desde el Capitolio a La Fortaleza en reclamo de mejores condiciones laborales y de retiro.
Viene aumento para los bomberos
“En cuanto a los bomberos la situación es muy similar. La Junta (de Control Fiscal, JCF) no le dio paso a este aumento de $1,000 pero me voy a ocupar de que lo tengan. En el caso de los bomberos pedí un aumento mayor al que la Junta concedió, de $125 al (mes). Vamos a utilizar fondos (de la Ley federal) ARPA en la medida que los tengamos disponibles, si no, (vamos a usar) otros fondos que podamos identificar para que el aumento a los bomberos sea mayor”, dijo Pierluisi.
Los bomberos, actualmente, reciben un sueldo base de $1,625 mensuales, por lo que la intención del gobernador es llevar esa cifra a $2,500.
Asimismo, Pierluisi adelantó que esta tarde el gobierno presentará el nuevo plan de clasificación y retribución para todos los empleados de la rama ejecutiva. De acuerdo con el primer ejecutivo, el plan de clasificación y retribución entraría en vigor en enero de 2023, si bien el plan fiscal certificado dispone que sería un proceso gradual, sujeto al cumplimiento de métricas de asistencia e informes financieros de las agencias.
