La Comisión de Nombramientos presidida de manera incidental por la senadora Gretchen Hau, llevó a cabo una vista pública para considerar las designaciones de la licenciada Yolanda Morales Ramos para un ascenso como Fiscal Auxiliar IV; licenciada Jessika I. Correa González para un ascenso como Fiscal Auxiliar II; licenciada Johan M. Rosa Rodríguez como Fiscal Auxiliar II y el licenciado Juan Antonio Hernández Cruz como Fiscal Auxiliar I.
La senadora y vicepresidenta de la Comisión preguntó a los deponentes su posición sobre la decisión emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto a los veredictos por unanimidad, en referencia al caso Pueblo vs Centeno; y si esta determinación ha levantado planteamientos de los abogados de defensa. La licenciada Morales Ramos dijo entender que la decisión no tiene conflicto con la Constitución.
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“Si vemos la Constitución como un todo porque es de vanguardia que le da derechos a los ciudadanos. Cuando hablamos de un veredicto de culpabilidad estamos tratando los derechos de los acusados y las víctimas. Veredictos doce a cero no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo Morales. En iguales términos la fiscal Correa González sostuvo que “vendrán planteamientos de la defensa, pero esa es la norma que tenemos ahora. Puerto Rico está bajo la determinación establecida y tenemos que acogernos a eso”. Rosa Rodríguez contestó que “estamos jugando en el mismo terreno y no está en contra de la presunción de inocencia. Evidentemente, los fiscales ahora tienen una responsabilidad bien grande, cuando los casos se presentan bien van a tener resultados doce a cero”.
En su turno, el licenciado Hernández Cruz respondió que esto “nos da fortaleza…la Carta de Derechos le da al ciudadano un juicio justo. Entiendo que los abogados de defensa van a tratar de retar la ley, sin embargo que eso se verá caso a caso por ser asuntos noveles. Entiendo que va a prevalecer la línea procesal en cuanto a la unanimidad”.
Hau también preguntó a los deponentes su posición sobre la legalización de la marihuana para uso recreacional de adultos. En respuesta, los deponentes coincidieron que es un tema neurálgico con personas a favor y en contra. Resaltaron que debe estudiarse de manera responsable y estudiar otras jurisdicciones para ver cómo han trabajado el tema y cuán efectivo ha sido.
Por su parte el senador novoprogresista, William Villafañe, cuestionó a los designados cuán positivo o negativo les parece que a nivel de nuestra Constitución se permita la intervención de comunicación telefónica como ocurre a nivel federal para los procesos de investigación criminal. Rosa Rodríguez respondió que “siempre debe existir un balance, es una herramienta que pudiera ser utilizada y sería de gran ayuda donde el Ministerio Público tenga las herramientas”. Correa González sostuvo que como fiscal “toda herramienta que nos sirva voy a estar de acuerdo. Como ciudadana hay unos derechos que deberían garantizarse siempre buscando las medidas”.
Morales Ramos señaló que no vislumbra que alguna legislación pase el rigor constitucional en este momento. Mencionó que estas leyes tienen que tomar en consideración el momento histórico. “Estoy totalmente de acuerdo referente a las llamadas presenciales en el área de crimen organizado”, manifestó. Hernández Cruz indicó que toda herramienta que pueda ayudar a esclarecer los casos en el proceso a los fiscales es bienvenida. “Esto nos equipararía con el Departamento de Justicia Federal y con una responsabilidad de salvaguardar los derechos civiles”, sostuvo.
En términos profesionales Correa González fungió como asesora legal en la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal de Puerto Rico en la Asamblea Legislativa. El 1 de noviembre de 2021, fue nombrada por el secretario de Justicia al cargo de Jefa de los Fiscales del Departamento de Justicia. Mientras, Rosa Rodríguez ha trabajado desde el 2008 como abogada y posteriormente como Fiscal Especial en el Departamento de Justicia. Por su parte, Hernández Cruz ha trabajado en la práctica privada desde enero de 2019 y prestando servicios como contratista independiente, atendiendo, entre otros, asuntos de familia, contractuales, compraventas, hipotecas, ejecuciones, cobros de dinero y casos criminales menores.
