Aunque el gobernador Pedro Pierluisi firmó la orden ejecutiva decretando una emergencia en 15 municipios tras las lluvias del fin de semana, la declaración no implica que los ayuntamientos hayan sometido sus estimados de daños, que ya se calculan en decenas de millones de dólares en algunos casos.
De acuerdo con la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, la orden ejecutiva se emitió tras recibir unos informes preliminares y permite a los alcaldes “hacer compras de emergencias mientras el Departamento de Seguridad Pública (DSP) prepara el informe con lo que le envíen los municipios”.
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La orden ejecutiva, de momento abarca 15 municipios, si bien Pierluisi autorizó al secretario del DSP, Alexis Torres, a sumar pueblos adicionales en caso de ser necesario. Los 15 ayuntamientos incluidos en la declaración de emergencia son San Juan, Guaynabo, Cataño, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Naranjito, Aguas Buenas, Patillas, Humacao, Bayamón, Naguabo y Trujillo Alto.
En el caso de San Juan, la oficina de prensa del alcalde Miguel Romero precisó que el estimado de daños ascendía a $19.5 millones, mientras que en Vega Alta “rondan” los $2.5 millones, de acuerdo con una portavoz de la alcaldesa María Vega.
Más temprano en el día, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, adelantó que los daños ascenderían a entre $8 millones y $10 millones.
Otros municipios afectados, como Cataño, Toa Baja y Guaynabo, indicaron a este medio que todavía se encontraban trabajando en el informe de estimados de daños.
“Esperamos tener un estimado preliminar para mañana miércoles, ya que incluso todavía hoy estamos atendiendo otra situación por desprendimiento en una carretera principal ubicada en área residencial del Barrio San José, esto derivado de las lluvias del fin de semana”, dijo una portavoz del alcalde toabajeño, Bernardo “Betito” Márquez.
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En el caso de Guaynabo, la oficina de Manejo de Emergencias se encuentra trabajando el estimado junto a la oficina de Obras Públicas, al tiempo que esperan por que una geóloga evalúe tres lugares donde hubo desprendimiento de tierra, según se informó.
Pierluisi ha indicado que ya el gobierno recibió autorización de la Junta de Control Fiscal para acceder al Fondo de Emergencia estatal, que cuenta con unos $450 millones disponibles.
“Por otro lado, si se justifica (solicitaremos) al presidente (Joe Biden) que declare una emergencia en los municipios mayormente impactados para entonces accesar fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) de emergencia. Ya me llamó la administradora de FEMA (Deanne Criswell) y está en la mejor disposición de considerar cualquier solicitud”, expresó Pierluisi en una conferencia de prensa esta tarde.
La Fortaleza precisó que, una vez culmina la emergencia, existe una ventana de 30 días para solicitar al gobierno federal que emita una declaración de desastre, de forma que se puedan solicitar los reembolsos por los gastos incurridos. En el caso de las lluvias, la fecha límite sería el 9 de marzo.
El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, detalló que, en algunos casos, los municipios aún no han podido estimar, por ejemplo, los daños en las carreteras, debido a que las vías aún permanecen inundadas. Esa es la situación, por ejemplo, en la barriada Juana Matos de Cataño.
“Las carreteras estatales, DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) lo tiene bastante adelantado. Ellos van por $3.1 (millones en daños identificados), pero todavía falta. Ahí tienes que añadir la carretera que se dañó, puentes y derrumbes. Estamos trabajando todo eso”, indicó el comisionado.
En términos de ayuda individual, Correa recalcó la importancia de que los ciudadanos guarden evidencia de los daños sufridos en sus hogares.
“Se valida por fotos, se valida por video. Obviamente, (debe proveerse la) cantidad de personas que viven (en la casa). También si la estructura se afectó y estaban viviendo ahí. Hay gente que tenía una casa pero la casa estaba cerrada y no estaba habitable. Lo que lo justifica (la ayuda) es que ahí vivía gente”, añadió Correa.
Más de 400 vales disponibles
El secretario de Vivienda, William Rodríguez, dijo por su parte que la agencia, junto a los municipios y Nmead, se encuentra trabajando para identificar la cantidad de familias que requerirán asistencia directa tras daños a sus viviendas.
“Tenemos unas brigadas destacadas. Empezamos ayer en Toa Baja y vamos a seguir así en todos los municipios para ver la disponibilidad. Estamos haciendo un grupo interagencial para que todas las agencias, como el Departamento de la Familia, nosotros en el Departamento de la Vivienda y nuestras agencias adscritas, podamos tener todas esas herramientas.
Según Rodríguez, Vivienda cuenta al presente con sobre 400 vales de alquiler de Sección 8, así como 200 unidades de vivienda pública disponibles.
“No quiero dar número (de familias afectadas). Todavía estamos haciendo esas visitas. Había hogares que todavía están inundados y estamos llegando a esas comunidades. Tan pronto tengamos un número, Nino y este servidor vamos a estar ofreciendo detalles de cuál es el alcance. A diferencia de los huracanes, aquí hay distintos niveles de daños, no es que se destruyó la casa en su totalidad. En algunos casos (se requieren) reparaciones, en otros casos, relocalizaciones, y en otros, proveer algún tipo de equipo en la casa que se vio afectado”, subrayó el jefe de Vivienda.
Ayer, el gobernador y Rodríguez habían adelantado que muy probablemente se recomendaría que los residentes de comunidades que se encuentran en zonas inundables, y que se vieron fuertemente impactadas por las lluvias del sábado y domingo, como Candelaria, en Toa Baja, y Juana Matos, en Cataño, participaran de los programas de relocalización disponibles a través del programa de Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario Tras Desastres (CDBG-DR).
