La Fuerza Aérea de Estados Unidos deberá pagar más de 230 millones de dólares como indemnización a los sobrevivientes y familiares de los muertos en un tiroteo en una iglesia de Texas en 2017, por no alertar sobre una condena que podría haber evitado que el agresor adquiriera legalmente el arma que utilizó en el ataque, dictaminó el lunes un juez federal.
Más de una veintena de personas murieron cuando Devin Patrick Kelley abrió fuego durante una ceremonia dominical en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs. Al parecer se quitó la vida después de ser baleado y perseguido por dos hombres que escucharon los disparos en la iglesia. Había sido miembro de la Fuerza Aérea.
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El juez de distrito Xavier Rodriguez había fallado en julio que la Fuerza Aérea era “responsable en un 60%” del ataque porque no reportó a una base de datos nacional una condena de Kelley por agresión durante su época en esa institución armada.
Un registro de la corte marcial de Kelley en la Fuerza Aérea señala que el acusado se declaró culpable de varias especificaciones de agresión, incluyendo golpear a su esposa, estrangularla con las manos y patearla. También fue declarado culpable de golpear a su hijastro en la cabeza y el cuerpo “con una fuerza que probablemente podría producir la muerte o daño corporal grave”.
En 2012, varios meses antes de ser declarado culpable en el caso de violencia doméstica, Kelley escapó brevemente de un centro de salud mental en Nuevo México y se metió en problemas por ingresar armas de fuego a una base militar y amenazar a sus superiores allí, según reportes policiales.
En junio de 2013, la policía fue convocada a la residencia de Kelley en New Braunfels por el caso de violación e investigó durante tres meses, señaló el jefe de policía del condado Comal, Mark Reynolds. Pero aparentemente el departamento abandonó la pesquisa después de que creyeron que Kelley se había mudado a Colorado. Reynolds dijo que en ese momento el caso quedó inactivo.
Según las reglas del Pentágono, la información de miembros de las fuerzas armadas que sean declarados culpables de delitos como agresión debe ser reportada a la División de Servicios de Investigación de Justicia Penal del FBI para ser incluida en la base de datos del Centro Nacional de Información Penal.
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Por motivos no especificados, la Fuerza Aérea no proporcionó la información de Kelley.
Los abogados de los sobrevivientes y familiares de los muertos habían solicitado 418 millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia había propuesto 31,8 millones.
El Departamento de Justicia, la Fuerza Aérea y los representantes legales de los demandantes no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Entre los cerca de 80 demandantes están familiares de las personas que murieron, 21 sobrevivientes y sus familiares. El reporte oficial de las autoridades es de 26 fallecidos, ya que una de las 25 personas asesinadas estaba embarazada.
