El gobernador Pedro Pierluisi ordenó hoy a su secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, que acelere la elaboración del plan de clasificación y retribución de empleados de la rama ejecutiva, al indicar que la meta establecida de presentar un documento a la Junta de Control Fiscal (JCF) en enero de 2023 “es tarde”.
El plan fiscal certificado estipula que, antes de dar paso a un plan de clasificación y retribución para todos los trabajadores del gobierno central, debe presentarse y ejecutarse un “plan piloto” que se enfocaría en empleados de las divisiones de finanzas en las agencias. De esa forma, los ajustes en las escalas salariales están atados a que el gobierno agilice la presentación de estados financieros auditados, un área que la JCF ha criticado desde que comenzó sus funciones.
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“Hay una revisión al plan que pidió la Junta, que esa ya prácticamente tiene que estar ya lista. Es un plan de clasificación y retribución para algunos de los servidores públicos, particularmente que laboran en agencias como el Departamento de Hacienda y están en las áreas financieras y de contabilidad”, indicó Pierluisi al cuestionársele sobre los planes para hacer justicia salarial a la mayoría de los empleados públicos, en momentos en que el primer ejecutivo anunció un aumento de $1,000 mensuales para todos los maestros del sistema público.
La semana pasada, mientras cientos de bomberos se ausentaban a sus labores en protesta por sus condiciones salariales –con un sueldo base de $1,525 mensuales– García Bardales indicó en una conferencia de prensa que la elaboración del plan de clasificación y retribución “ya comenzó”.
“Pero antes de enero tiene que estar cada puesto reclasificado con su retribución y en comparación con la competencia del sector privado, para que entonces verdaderamente podamos retenerlos en el gobierno”, añadió la jefa de gabinete.
“La Junta sí le está dando paso a un nuevo plan de clasificación y retribución para todos los servidores públicos del gobierno central. Ese es el que se está elaborando y aunque la secretaria dijo que para enero debe estar listo, eso es tarde. Se lo estoy diciendo mirándola de frente, haz lo que tengas que hacer para que esté antes. Mi compromiso con los medios es que lo vamos a compartir con los medios tan pronto esté elaborado”, puntualizó Pierluisi en el día de hoy.
La JCF estima que, para el año fiscal 2026, los aumentos salariales tengan un costo de $84 millones para el gobierno central. Parte de ese impacto fiscal, sin embargo, se mitigaría a través de métricas de asistencia, como el ponchador que se implementó en el Departamento de Educación en marzo de 2021.
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Específicamente, las proyecciones del organismo estipulan que los controles de asistencia ahorrarán unos $60 millones al gobierno centro de cuatro años.
Además de los bomberos, otros grupos de empleados públicos, tales como los paramédicos y, más recientemente, trabajadores del Departamento de la Familia, han advertido que podrían llevar a cabo acciones concertadas en reclamo de mejores sueldos.
