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Gobernador asegura que el aumento a maestros se hubiera otorgado independientemente de las protestas

El aumento de $1,000 mensuales a todos los docentes del sistema público se sufragará con fondos estatales y federales

Pedro Pierluisi El gobernador Pedro Pierluisi ofrece una rueda de prensa en el Centro de Convenciones. (Dennis Jones)

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Al anunciar un aumento de $1,000 mensuales a la totalidad de los maestros del sistema público, apenas tres días después de que miles de educadores marcharan a La Fortaleza en reclamo de mejores condiciones salariales, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que no se trató de una respuesta directa a las protestas que prácticamente paralizaron los planteles el pasado viernes.

“Yo entiendo el reclamo de nuestros maestros a largo plazo. Yo me solidarizo con ellos y ellas, porque tienen razón. Por eso le solicité a la Junta de Supervisión Fiscal que nos aprobara un aumento de $1,000 al mes para cada maestro, $12,000 al año para cada maestro y maestra. Sin embargo, la Junta se negó”, dijo Pierluisi, en referencia al aumento de $470 mensuales que la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó en dos etapas, comenzando en julio de este año.

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“Protesten o no protesten yo siempre he escuchado y defendido a nuestros maestros y maestras. Yo respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros que, igual que en este caso, seguiré trabajando y buscando otras alternativas para lograr atender los reclamos del resto de nuestros servidores públicos”, subrayó Pierluisi.

“Por años hemos esperado este momento, del cual nosotros representamos a los 25,000 maestros. Hoy, en una reunión que había sido convocada hace dos meses, pero hoy la recibimos, y tuvimos el honor de estar con nuestro gobernador, hace justicia a los tres puntos más importantes de nuestra institución y la Local Sindical. Uno es el aumento salarial que va a recibir cada maestro. Hemos iniciado, con este anuncio, la lucha por la justicia salarial que merecen los compañeros maestros del sistema público”, sostuvo, por su parte, Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

Con el aumento de $1,000 mensuales, que se implementaría a partir de julio de este año, el salario básico de los maestros se elevaría de $1,750 a $2,750. Entre julio y diciembre, $235 del aumento provendrían del fondo general, mientras que $765 serían fondos ESSER, asignados por el Departamento de Educación federal.

Entre enero de 2023 y septiembre de 2024, en tanto, $470 serían fondos estatales y $530 del gobierno federal.

Al momento de publicación, el Departamento de Educación estadounidense no había respondido a una petición sobre si, en efecto, había autorizado el uso de las asignaciones ESSER para el pago de la nómina del personal docente.

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“Durante el fin de semana, tuvimos la confirmación, por parte del Departamento de Educación federal, de que no se nos iban a requerir unas particularidades y que se podía utilizar estos fondos para proveer ese incremento salarial a nuestros maestros de una manera temporera, pero con el compromiso del gobernador de ciertamente hacer esto de manera permanente”, sostuvo el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero.

El también secretario de Estado estimó que el costo del aumento a los cerca de 25,000 maestros del sistema ascenderá a $688 millones entre julio de 2022 y septiembre de 2024, de los cuales $450 millones provendrían de ESSER.

Pierluisi, al defender la posibilidad de que el aumento tenga carácter permanente, proyectó que en los próximos meses el Congreso finalmente aprobará legislación que garantizará cientos de millones de dólares anuales en fondos de Medicaid para Puerto Rico, liberando el gobierno estatal de cubrir gran parte del Plan Vital. Asimismo, señaló que el llamado impuesto mínimo global a las corporaciones no solo servirá para mitigar los cambios que sufrirá la Ley 154 de 2010 –que se espera convierta el arbitrio de 4% a las foráneas en una contribución sobre ingresos–, sino que allegará nuevos fondos al erario puertorriqueño.

“Eso va a dar la oportunidad de tocar la puerta a la Junta (de Control Fiscal) y decirles que revisen el plan fiscal y aumenten lo que ha destinado a los maestros”, afirmó el primer ejecutivo.

Al pedírsele una reacción a la convocatoria de organizaciones magisteriales –como la Federación de Maestros, EDUCAMOS y UNETE– a otra marcha masiva este miércoles, Pierluisi reaccionó molesto, aludiendo al ausentismo del viernes pasado. Ese día, el 72% de los docentes se reportaron ausentes.

“Yo respeto muchísimo la democracia. Respeto muchísimo la libertad de expresión, sean protestas, marchas, yo lo respeto. Ahora bien, ante todo, yo tengo que defender la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, evitar que se interrumpa esa educación por las razones que sean. Hay formas y maneras de expresarse, de marchar y protestar. Pero jamás debe ser para que nuestros niños y niñas y nuestra juventud no tengan el pan de la enseñanza. Pero lo que ocurrió el viernes pasado, por el bien de Puerto Rico y, particularmente, de nuestra niñez y nuestra juventud y nuestro futuro, que no se vuelva a repetir”, advirtió Pierluisi.

Se beneficiarán transitorios y nuevos maestros

El secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, aseguró por su lado que tanto maestros de nuevo reclutamiento como educadores con estatus transitorio recibirán el incremento salarial a partir de julio de 2022.

“La respuesta es sí. La intención es atraer maestros que están pensando si se van o aceptan otros trabajos, que entren al sistema público”, dijo Ramos Parés en un aparte con los medios tras la conferencia de prensa.

“Los presupuestos están montados sobre unos supuestos, todos los años. Una vez esto entra como salario hacia el empleado, entra como parte de su derecho propietario, yo no se lo puedo quitar así porque sí. Cuando se confecciona el presupuesto, la nómina entra como prioridad”, añadió el funcionario, quien dijo que al presente hay docentes que devengan desde el salario base de $1,750 hasta cerca de $6,000 mensuales.

En el caso de los transitorios, Educación precisó que al momento hay unos 3,422 maestros bajo ese estatus.

Según Ramos Parés, hay unos 2,900 docentes que han iniciado los trámites para concretar su retiro antes del 15 de marzo, que es la fecha de efectividad del Plan de Ajuste de Deuda del gobierno, e implicaría que perderían su derecho a una pensión de beneficio definido. Sin embargo, dijo que espera que algunos maestros reconsideren su postura tras el anuncio del aumento salarial.

“Hay muchos maestros que van a querer congelar y tener su beneficio asegurado a ese 15 de marzo. Sin duda alguna, esto viene a hacerle el llamado a estos maestros que lo están pensando a permanecer en el sistema”, planteó Ramos Parés.

“Obviamente aportarían más al nuevo plan de contribuciones definidas, así que el maestro que aporte al Seguro Social, en vez del 2.3% del salario actual va a estar aportando el 2.3% del aumento. En ese sentido tiene un impacto positivo al nuevo plan (de la Ley) 106, que es el nuevo plan de contribución definida al que van a cotizar del 15 de marzo en adelante. (El beneficio de pensión adicional) va a depender del salario del maestro”, dijo el director de la Administración del Sistema de Retiro, Luis Collazo.

Collazo explicó que, por virtud del Plan de Ajuste de Deuda, todos los maestros de menos de 45 años cotizarán automáticamente al Seguro Social, mientras que los mayores podrán escoger si cotizan o no.

Los maestros de 45 años en adelante “van a tener 60 días a partir del 15 de marzo”, para decidir si participan del Seguro Social, dijo Collazo.

El tema de retiro “es un reclamo aparte”, sostuvo el gobernador.

“El Plan de Ajuste confirmado por la juez (Laura Taylor Swain) no impide que hagamos cosas como las que hicimos con los policías. Aunque no podemos mejorar planes definidos, sí podemos, por la vía de aportaciones a unas cuentas personales de los policías, mejorarles su retiro. Yo no descarto hacer algo similar en su momento con algunos de los maestros que están en el sistema. Esa decisión no la puedo tomar ahora porque eso tiene que ser a base de estudios actuariales y calcular el impacto fiscal”, dijo Pierluisi.

En unas declaraciones escritas, la JCF indicó que “siempre” ha apoyado los incrementos salariales a los educadores del sistema público, y precisó que no tiene injerencia sobre el uso brinda el gobierno estatal al dinero federal.

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