El representante José Rivera Madera quien, preside la Comisión de Turismo y Cooperativa de la Cámara de Representantes, dirigió los trabajos en una vista pública para discutir la R. de la C 256 cuya finalidad fue recibir información que permita reglamentar y regular la creciente actividad de renta a corto plazo como lo son los alquileres a través de plataformas en línea.
El primero en deponer fue el presidente de junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Joaquín Bolívar quien estableció en su ponencia que según números de la PRHTA en la Isla deben existir unas 12 mil unidades de hospederías bajo este concepto que no están regulados, “y operan por la libre”, lo que constituye un riesgo a la vecindad y una competencia desleal para la industria hotelera formal quien genera 185 plazas de empleo por cada una de los que produce los de corto plazo.
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Aunque no estuvo presente el director ejecutivo de la Compañía de Turismo (CTPR), Carlos Mercado Santiago si presentó una ponencia que fue leída por el Lcdo. Walbert Pabón en la cual reconoció que el inventario estimado de este tipo de alojamiento pudiera ser de 14 mil unidades independientes, marcando su mayor aumento durante los años 2018 y 2019.
Rivera Madera expresó a los presentes que desde que asumió la presidente de la Comisión de Turismo ha recibido serios señalamientos y preocupantes quejas con relación a la operación de las hospederías a corto plazo. “Que conste, no todos los operadores de este tipo de alquiler operan de manera ilegal o irresponsable. Es por esa razón que hemos presentado la medida que hoy discutimos y la cual tiene como fin recibir toda la data posible para presentar reglamentación que regule de manera estrictamente uniforme esta actividad. No podemos permitir la gentrificación y el desplazamiento de comunidades. La ponencia que ha presentado la PRHTA a través de su presidente valida el contenido de nuestra intención”, sostuvo Rivera Madera.
“Nuestro país necesita maximizar sus recursos y servicios y nosotros tenemos que velar por eso. No podemos permitir se continue añadiendo cargas a los municipios quienes son los que pavimentan y dan mantenimiento a los accesos hacia estas instalaciones, brindan seguridad y recogen los desperdicios, sacrificando así sus finanzas. Estoy decidido a encaminar una ley para regular y poner orden a esta operación que muy bien podrá fomentar el allegar recursos económicos a las alcaldías y el estado; recursos que podrían luego ser dirigidos a otorgar un retiro digno a nuestros maestros y policía”, sentencia el Representante Rivera Madera.
La Asociación de Titulares de la Urbanización Villa Dos Pinos, una de las comunidades en que ha denunciado haber sido seriamente afectada por este tipo de alquiler y cuya comunidad en su mayoría está compuesta por personas de edad avanzada, estuvo representada por su presidenta Marí Guerrero y por Yvette Díaz.
“Por un momento pónganse en nuestros zapatos, imagínese que en su calle o al lado de su casa aparecen turistas caminando por la acera con maletas, o vehículos desconocidos que se estacionan frente a su casa. O Uber’s que tocan bocina para recoger pasajeros a cualquier hora”, expreso Guerrero, detallando en una descriptiva ponencia las situaciones creadas por huéspedes quienes suelen pasearse con ropas ligeras de playa por las aceras, protagonizando según dijo, peleas durante la madrugada.
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Rene Acosta, Copresidente de Viva Puerto Rico Short Term Rental Alliance, (STR) empresa que agrupa en coalición a dueños y administradores independientes de propiedades de alquiler a corto plazo reconoció la necesidad de formalizar la operación de esta actividad, así como la importancia de que estén registrados con la CTPR.
“Los Short-Term Rental (STR) generan sobre 480 millones en ingresos de renta anual y pagan sobre 20 millones de dólares en room tax con tarifas por noche que varían desde $100 para un apartamento en Isla Verde hasta 5,000 para algunas casas de lujo en Dorado”, enfatizó Acosta.
