La Asociación de Alcaldes denunció hoy un alegado “discrimen político” en la manera en que el gobierno central gestiona el mantenimiento de las carreteras, al presuntamente favorecer municipios dirigidos por administraciones del Partido Nuevo Progresista, en perjuicio de los ayuntamientos encabezados por populares, situación que se exacerbaría en los pueblos del centro del país.
“Obviamente el paso del huracán María hace cinco años agravó la infraestructura vial de nuestras ciudades, especialmente los puentes, las carreteras principales, secundarias y terciarias. Estamos aquí hoy porque el cuatrienio pasado estuvimos luchando para exigir que el gobierno fuera justo, no con los municipios ni los alcaldes, sino con la gente de todos los partidos que viven en nuestros pueblos. Sin embargo, muchos de esos reclamos cayeron en oídos sordos”, señaló el alcalde de Villalba y líder de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.
PUBLICIDAD
Según el ejecutivo municipal, muchos alcaldes populares apoyaron la confirmación de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, pues entendían que pondría fin al supuesto patrón de discrimen contra municipios gobernados por el Partido Popular Democrático. No obstante, aseguró que hasta la fecha el compromiso de la agencia se ha quedado en “palabras” y “reuniones”.
Hernández precisó que en recientemente estuvo en Washington DC, donde sostuvo reuniones con oficiales del Departamento de Transportación federal en busca de insertar a los municipios de manera activa en el uso de los más de $2,000 millones que recibirá Puerto Rico como parte de la ley de infraestructura que impulsó el presidente Joe Biden. A pesar de que el dinero asignado para mantener y reparar carreteras proviene principalmente del gobierno federal, Hernández indicó que no trajo a la atención de los funcionarios el alegado trato diferenciado que las autoridades estatales están brindando a los municipios.
“Si en su momento este reclamo, esta petición de apertura a ayudar a cumplir con esa métrica, no se cumple, o vemos que están asignando fondos de este presupuesto para seguir en este proceso (de discrimen) yo te garantizo que la posición va a ser otra. Pero vamos paso a paso”, dijo el líder asociado.
El alcalde de Comerío, Josian Santiago, planteó que su municipio sirve como perfecto ejemplo de la manera en que el gobierno estatal está ignorando intencionalmente los reclamos de los ejecutivos populares.
“Si voy a Naranjito, Barranquitas o Aguas Buenas, con alcaldes afiliados al partido de gobierno, me encuentro con que carreteras que se habían pavimentado hace relativamente poco ya se están repavimentando nuevamente. Sin embargo, mi pueblo no es incluido. Si se dieran el recorrido por la carretera 156, (verán que) nace en Orocovis (donde) fue pavimentada, atraviesa Barranquitas, fue pavimentada. Donde dice ‘bienvenidos a Comerío’, se esfuma el proyecto. Brinca el proyecto y continúa en la ruta donde viene de Aguas Buenas. Se siguió pavimentando en Aguas Buenas (pero) toda la 156 en jurisdicción de Comerío no se atendió”, censuró Santiago.
PUBLICIDAD
Jorge González, alcalde de Jayuya, sostuvo por su parte que en febrero de 2018 entregó al DTOP una carpeta en el que detallaba las reparaciones que requerían las carreteras estatales posterior al huracán María. De acuerdo con el alcalde, el DTOP, en última instancia, solo reclamó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias el 40% de los daños.
“¿Dónde está la prioridad del pueblo de Puerto Rico? Como si la gente del centro de la isla, de la montaña, no tuviéramos los mismos derechos de la gente de acá de la losa. Nos han marginado siempre”, manifestó González.
“Adjuntas es el mayor productor de café en todo Puerto Rico. Tenemos la limitación de que no podemos tener un desarrollo económico en términos de infraestructura porque nosotros le damos agua a una tercera parte del país, pero más allá de eso, si no se nos atiende la parte de las carreteras, obviamente vamos a tener problemas. Si se nos diera la oportunidad de que el planteamiento que hace el compañero Josian Santiago de que seamos los municipios los que podamos hacer las obras se van a maximizar los fondos”, mencionó el alcalde adjunteño, José Hiram Soto.
Según Santiago, en Comerío el gobierno central invirtió $5 millones para reparar nueve kilómetros de carreteras, lo que se traduce en más de $555,000 por kilómetro. El alcalde aseguró que estudios conducidos por el municipio estiman que podrían llevar a cabo la misma labor por unos $240,000 por kilómetro, o menos de la mitad del costo que conlleva para el aparato estatal.
Desde inicios de este cuatrienio, tanto el ejecutivo como el liderato legislativo han hablado públicamente sobre alternativas para que los municipios reciban los fondos para llevar a cabo tareas que en muchas ocasiones asumen con dinero propio pese a ser responsabilidad estatal, como el mantenimiento de áreas verdes, parques y carreteras.
“Yo represento a la Asociación de Alcaldes en ese comité, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera (representa a la Federación de Alcaldes), estamos trabajando con el ayudante del gobernador a cargo de asuntos municipales, pero tengo que decir que hace ya cuatro meses no nos convocan a reunión. Se hizo un análisis, se propusieron mecanismos para comenzar ese proceso de descentralización, pero lamentablemente está detenido”, dijo Santiago.
La senadora Marially González, quien representa al distrito de Ponce, que incluye a varios municipios de la montaña, destacó que, a través de la Resolución del Senado 3, solicitará al DTOP un desglose por municipio de los fondos utilizados en los pasados cinco años para obras en las carreteras, en busca de determinar si en efecto se observa un criterio político partidista en las asignaciones.
