Golpe a los recaudos del fisco por fallo a favor de Walmart
Análisis Habrá que buscar el dinero El fallo supondrá que se tenga que buscar en algún lugar el dinero que hace falta. El problema es que siempre pagamos los…
Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
Análisis Habrá que buscar el dinero El fallo supondrá que se tenga que buscar en algún lugar el dinero que hace falta. El problema es que siempre pagamos los consumidores, aunque no hay espacio para que los contribuyentes paguen más. El problema es que, en relación a los que pueden pagar, como Walmart, el Tribunal se va a favor de ellos y en contra del pueblo. El Gobierno va a tener que enfocarse en establecer el IVA más alto y, lógicamente, va a tener que buscar otro tipo de impuesto que recaude la cantidad que se esperaba con el transfer pricing. Sin embargo, eso queda pendiente por lo del tema de la junta de control fiscal; así que ellos también determinarían qué tipo de impuesto se impondrá. Además, se empieza a hacer un hoyo en el presupuesto del Gobierno, que ya de por sí lo tiene, pero que ahora es parte de la falta de recaudos que tienen. Martha Quiñones Economista
Las arcas de Puerto Rico se siguen apretando luego de que ayer el juez federal José A. Fusté determinara que el Gobierno local violó la Constitución de Estados Unidos al elevar de 2 a 6.5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla (transfer pricing).
Y es que con el fallo del Tribunal federal en San Juan, que fue esbozado en un documento de 109 páginas, se priva al Gobierno de contar con alrededor de $115 millones que se recaudarían a través de este aumento al tributo.
“El juez Fusté le acaba de quitar $100 millones al pueblo de Puerto Rico para dárselos a Walmart. Le acaba de quitar $100 millones a Puerto Rico, a los niños que se montan en el transporte público escolar, a los que reciben educación especial, a los de las escuelas públicas, a los municipios para asfalto”, expresó García Padilla durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.
No obstante, Fusté considera que la ley local viola el principio constitucional de igual protección de las leyes, la cláusula del comercio interestatal y las leyes de relaciones federales. Asimismo, avala la posición de Walmart respecto a que la medida supondría un impacto oneroso para la cadena que cuenta con 55 establecimientos en la isla y emplea a alrededor de 15 mil personas.
Ante la determinación, García Padilla adelantó que el Gobierno apelará la decisión. “Por supuesto que voy a apelar, sin duda alguna. Ya la primera llamada que se hizo en La Fortaleza, después que se supo la determinación, fue esa al secretario de Justicia [César Miranda] para apelar”, dijo.
La demanda de Walmart al Departamento de Hacienda se radicó en diciembre pasado. La presentación de pruebas en este caso culminó a principios de febrero, y el juez se había reservado el fallo.
“No nos da ningún placer, en estas circunstancias, prohibir un flujo de ingresos que fluya directamente al fisco de Puerto Rico. Pero nosotros debemos sufrir las consecuencias del desorden financiero”, lee la determinación del juez Fusté.
A pesar de que el fallo fue a favor de la cadena, el director de Asuntos Corporativos de Walmart en Puerto Rico, Iván Báez, dijo a Metro que por el momento la empresa no emitirá comentarios hasta que no se cumpla con el debido análisis de los abogados de la corporación.
Previamente, Walmart había expuesto en corte que el estatuto local era prácticamente una sentencia de muerte para las operaciones de la cadena en la isla.
En el caso testificó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien prácticamente reconoció que la ley se hizo pensando en las operaciones de Walmart, en medio de la crisis fiscal y la negociación con la Legislatura para aprobar legislación que le diera respiro al erario.
Ante esto, en la demanda presentada por Walmart, la cadena estableció que esa tasa representaría la más alta que pagaría la corporación en el mundo. Sostuvieron, además, que serían la única tienda en Puerto Rico que pagaría un tributo de este tipo tan alto.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, expresó que “Hacienda se reitera en que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción en este caso. Por esta razón, desde el primer momento, contemplamos la posibilidad de apelar si la decisión no era favorable para los intereses del pueblo de Puerto Rico. Estamos en coordinación con el Departamento de Justicia para apelar lo más pronto posible”.
Una decisión “errada”
A diferencia de Zaragoza y de Miranda, uno que sí se expresó súbitamente sobre el fallo fue el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, quien fue el responsable de impulsar el aumento a este tributo como parte de las elaboración de la Ley 72 de 2015.
Para el legislador, la decisión del Tribunal federal que invalida el impuesto al transfer pricing es errada, por lo que urgió al Departamento de Justicia de Puerto Rico a “apelar bajo los fundamentos de que no existe jurisdicción federal y que el impuesto no violenta el comercio interestatal ni la ley de relaciones federales”.
“La empresa demandante, por sus propias admisiones, tiene ventas en Puerto Rico por $3 mil millones anuales y se queja de pagar $45 millones en impuestos. El principio que erosiona esta decisión es que en momentos de crisis fiscal los que más tienen deben aportar de acuerdo con sus ganancias reales.
Esta decisión niega esa norma básica de justicia ciudadana y debe ser apelada”, expresó el legislador.
Una postura similar tuvieron los presidentes de las Cámaras legislativas del país, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, al expresar que continuarán con los esfuerzos para que las megatiendas en la isla no incurran en la práctica conocida como el transfer pricing, asunto que, a su juicio, afecta los ingresos del erario.
“Esta legislación está basada en nivel de venta. Si le aplica a Walmart es por lo mucho que venden y por el mucho dinero que sacan de Puerto Rico. No se basó pensando en una sola empresa, se basó en nivel de venta”, indicó Perelló.
Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, agregó que la intención base de la legislación que dio paso a la Ley 72 fue el presunto esquema de evadir el pago de impuestos locales. Además, recalcó que continuarán con legislación que intervenga directamente con el transfer pricing.
“Lo que atendió esa legislación fue un problema en el que los contables lo que hacen es transferir el precio, cambian el precio de un producto para que el producto no resulte ganancia en Puerto Rico y sí en otra jurisdicción donde no pagan, muy graciosos, y se compran entre ellos mismos. Eso hay que evitarlo y esta legislación fue un primer intento serio, responsable, por atender eso.”, sostuvo.
Aval al fallo
En contraste, el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Shatz aplaudió la decisión del Tribunal al sostener que evidencia que no se deben establecer más impuestos como mecanismo para mejorar la economía.
“Si una empresa como esa no aguantó el embate, imagínate el pequeño y mediano comerciante… Puerto Rico hoy, luego de todos los impuestos que ha aprobado el Gobierno popular, tiene la vergonzosa distinción de ser la jurisdicción americana con la más alta tasa de impuesto, arbitrio y contribuciones y la de menor ingreso per cápita”, comentó.
Esa misma postura la tuvo ayer la candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, Alexandra Lúgaro, quien opinó que el transfer pricing solo socavaría la inversión de capital privado para la isla.
“Estamos viviendo una crisis que nos va a llevar a hacer movidas dirigidas a incrementar la cantidad de recaudos. Sin embargo, esas movidas no pueden pueden tener repercusiones sobre la estabilidad de la inversión. Si en Puerto Rico seguimos cambiando las reglas de juego a las empresas que vienen, se crea una inestabilidad en la inversión que nos va a perjudicar a mediano y largo plazo”, manifestó la también abogada.
Karixia Ortiz Serrano colaboró en esta historia.
