Gobierno no tira la toalla con junta de control local
La junta de supervisión a nivel local podría entrar en funciones próximamente, pues “continúa sobre la mesa” del gobierno.
La junta de supervisión a nivel local podría entrar en funciones próximamente, pues “continúa sobre la mesa” del gobierno.
Así lo confirmó a Metro la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, quien precisó que, como ese ente independiente es parte del plan de ajuste fiscal del gobierno, va a “activarse” con el proceso presupuestario.
“La [junta] local cobra vigencia ahora en este proceso presupuestario y su función no está descartada para el propósito para el cual fue promulgada de conformidad con el plan de ajuste fiscal”, dijo Santana.
Según la funcionaria, se “está trabajando” para que el presupuesto sea presentado a la Legislatura en abril, como se hizo el año pasado, u “oportunamente”.
Aunque no especificó cuándo se conformará la junta para entrar en funciones con el presupuesto, Santana indicó que se están “identificando los miembros de esa junta que gocen de las cualidades que
nosotros necesitamos“.
Según la ley firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en diciembre pasado, los miembros de la junta no deben estar ligados a la política y deben ser expertos en materias económicas y legales, entre otros aspectos.
La funcionara destacó que no necesariamente la junta local quedaría “cancelada” si el Congreso asigna una junta a nivel federal para atender los asuntos económicos y fiscales de la isla.
Contrario a lo que, por ejemplo, los presidentes legislativos han planteado previamente, Santana indicó que no se descarta que ambas juntas funcionen en paralelo.
“Habría que ver cómo coexiste la local y la federal, de aprobarse una federal”, manifestó, al tiempo que dijo que también dependería del lenguaje que el Congreso adopte con relación a la medida legislativa que pudieran aprobar y la cual incluiría la asignación de una junta federal.
Pero, de crearse una junta desde el Congreso, la secretaria de la gobernación, reiteró que este ente no tendría ningún sentido si no se legisla con herramientas para poder reestructurar la deuda de la isla.
Santana mencionó, además, que, si el Congreso no da paso a una reestructuración o a la asignación de una junta a nivel federal, el gobierno confía en la llamada quiebra criolla como “otra carta”. La audiencia del caso en el Tribunal Supremo federal en la que se discutirá la validez de esta ley será el próximo 22 de marzo.
“Eso es un asunto que podría ayudarnos a palear este asunto”, indicó.
En cuanto a planes alternos para atender localmente la situación de falta de liquidez, razón por la que seguramente se incumplirá con los próximos pagos de la deuda ($469 millones en mayo, $71 millones en junio y $1,919 millones en julio), Santana no prevé nada más allá de lo que pueda hacer el Congreso y el plan de austeridad en la isla.
“A pesar de que tenemos unas conversaciones para reestructurar, a pesar de que aguardamos con muchas probabilidades de prevalecer y mucha confianza en nuestro Departamento de Justicia y su secretario [César Miranda] en prevalecer ante el Tribunal Supremo federal en el caso de la quiebra criolla, tenemos en la inmediatez, en el futuro cercano, de ir al Congreso unidos como país para reclamar que nos brinde las herramientas”, reiteró.
De otro lado, Santana comunicó, a diferencia del gobernador Alejandro García Padilla, que se está trabajando para contestar la carta del senador republicano Orrin Hatch y que se debía haber enviado en o antes del 1.0 de marzo. “Nadie le debe poner límites a vivir dignamente en esta patria. La respuesta al senador Hatch es una que hay que hacerla con responsabilidad y mucha seriedad y no debe estar limitada”, dijo.
