Llueven sugerencias sobre Junta de Control federal
Mientras que el Congreso se debate si legislará o no una ayuda para atender la crisis económica de Puerto Rico mediante la creación de un ente independiente…
Mientras que el Congreso se debate si legislará o no una ayuda para atender la crisis económica de Puerto Rico mediante la creación de un ente independiente que intervenga en los asuntos fiscales, en el plano local también se discute si dicho cuerpo sería de control, de supervisión o de mera asesoría.
Dentro de la discusión, que se extenderá hasta en o antes de marzo, fecha que tiene el Congreso para aprobar medidas, continuará la falta de consenso sobre qué tipo de grupo fiscal le conviene a Puerto Rico.
En un principio voces de líderes de la esfera política se resisten al ente fiscalizador, mientras que otros apuestan por una junta con mecanismos adicionales para atender el panorama de crisis económica que ha llevado a que el gobierno no pueda cumplir con los pagos de sus deudas y el ofrecimiento de los servicios esenciales.
“A mí me parece que tampoco hay consenso a nivel del Congreso. Nunca han sido claros en términos de si va a ser una junta con poderes plenarios sobre Puerto Rico y sobre la gobernanza o si va a ser una de supervisión, si va a ser designada por el presidente o si va a ser nombrada por el Congreso. Todavía ni tan si quiera aquí o allá hay un consenso”, aseveró el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado (PNP), Larry Seilhamer.
“Entonces, aquí hay un balance bien fino porque, si es demasiado liviana, no va a ser eficiente; pero, si es poderosa, pues atenta contra nuestra propia Constitución”, agregó el senador, quien apuntó que una junta no tendría “efectividad” si no está acompañada de mecanismos para la reestructuración de la deuda y sin estrategias para el desarrollo económico.
De otra parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, aseguró que “el Congreso para poder aprobar una junta de control arbitraria tiene que pasar por los demócratas y nos van a proteger, y eso yo lo puedo garantizar”. Mientras, insistió que hay congresistas republicanos “que le están haciendo el juego a los grupos de bonistas”. Además, Bhatia dijo que una junta con fuertes poderes, tal como se discutió en la vista congresional del pasado martes, “no se va a aprobar, punto y se acabó”.
Por su parte, el precandidato a la comisaría en Washington por el PNP, Carlos Pesquera, opinó que de este ente hay que ver “qué van a hacer, qué poderes van a tener, qué soluciones van a proponer, antes de estar pensando en nombres o controles”. Pesquera, quien ayer estuvo reunido con la líder de la minoría de la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, agregó que de antemano, si la junta entra en funciones, lo primero “que van a concluir es que hacen falta recursos para hacer las cosas que hay que hacer”.
Pero la aspirante a la silla en Washington por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales, fue enfática en sostener que una junta como se propone “representa una aniquilación de la democracia”.
“Si esta junta tiene control decisional sobre en qué se gasta y cómo se invierte el dinero en el país, podría afectar los servicios esenciales de salud, educación y vivienda”, aseguró Nogales, al tiempo que enfatizó que esto estancaría el desarrollo económico y social, pues se priorizaría el pago de las deudas.
Entretanto, el aspirate a la gobernación por el PNP, Ricardo Rosselló Nevares, ha propuesto que en vez de una junta se cree una comisión conjunta entre el Gobierno local y las agencias federales. Esto lo presentó en diciembre pasado al Comité de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos.
