Columna de Armando Valdés: La dictadura de la disensión
En 1947, en un discurso ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Winston Churchill dijo, sobre la democracia, que era “el peor sistema de gobierno…
Por Armando Valdés @armandovaldes
En 1947, en un discurso ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Winston Churchill dijo, sobre la democracia, que era “el peor sistema de gobierno, excepto por todos los otros sistemas que de tiempo en tiempo se han probado”. Los romanos, durante la época republicana, crearon dentro de su ordenamiento constitucional la figura del “dictador”, la que, en atención a los problemas de lidiar con crisis que amenazaban la supervivencia del Estado, permitía que solo un hombre asumiera poder absoluto, por un periodo de tiempo definido, sin estar limitado por las restricciones inherentes a los procesos democráticos de la época.
En Puerto Rico, nuestro experiencia con la democracia ha sido mayormente alegre. Aun cuando por muchos años —del 1948 a 1968— no se produjo la alternancia partidista característica de los sistemas electorales más saludables, cuando finalmente dio inicio, a partir de la elección de Luis A. Ferré, las transiciones han sido pacíficas y legítimas.
Lamentablemente, desde la elección de 1996 se ha dado un fenómeno contrario, ya que los puertorriqueños no hemos reelegido a ningún gobernante. Esta alternancia excesiva, aunque sin duda validada por el voto democrático del electorado, ha producido resultados que nos han colocado al borde del precipicio fiscal y económico. Las presiones del proceso electoral cuatrienal han llevado a candidatos de ambos partidos a prometer sin la capacidad de cumplir. Una vez en el poder, tienen la alternativa de tomar las decisiones correctas, aunque estas puedan impedir la reelección o de actuar de forma irresponsable a fin de acercarse a esa preciada meta que ha eludido a los dos que se postularon para un segundo mandato en los pasados cuatro comicios.
En estos momentos de crisis, la responsabilidad de buscar una solución consensuada recaería sobre la Legislatura, siendo este poder constitucional el que reúne al liderato de los partidos principales. Sin embargo, similar a lo que sucedía en Roma, el sistema político democrático, según está actualmente constituido, impide severamente la posibilidad de que se alcance un acuerdo y que se atiendan de forma sensata los inmensos retos que enfrenta el país.
El voto íntegro bajo la insignia de un partido, y la facilidad con la cual este mecanismo de votación renueva la plantilla de legisladores, hace imposible el que se logren acuerdos entre los partidos gobernantes. En la medida en que el pueblo recompensa la oposición —sea responsable o irresponsable— con su voto y con la franquicia del poder, no existe un mecanismo institucional que promueva el que se alcance el consenso. En otras palabras, el sistema incentiva la disensión y no el consenso.
Es por ello que, por varios años, vengo abogando por un cambio en el sistema constitucional y electoral. Los problemas del país son de tal magnitud que requerirán de la continuidad de un plan económico y del empeño de varios gobierno sucesivos. Como no podemos estar dispuestos —jamás— a la imposición de un dictador a la usanza antigua, me reitero en las palabras que publiqué en este periódico en febrero de 2013: “Esta esquizofrenia política nos cuesta. A la deriva en un mundo competitivo, no podemos darnos el lujo de estar sin un plan económico de consenso a largo plazo y sin un proyecto de país que aglutine a diversos sectores.
Para salir de este ciclo vicioso, Puerto Rico necesita un sistema escalonado de elecciones, donde parte de la Asamblea Legislativa sea elegida en un año distinto al de la contienda por La Fortaleza. Igualmente, la papeleta legislativa no debería agrupar a los candidatos por partido, de tal forma que se tengan que dar a conocer entre sus constituyentes y se deban a ellos”.
Movámonos de la dictadura de la disensión a una democracia de consensos.
