Columna de Armando Valdés: Quiebra vs. Superbono
La noticia esta semana sobre la posibilidad de que el Gobierno federal garantice un superbono, que le permitiría al Estado intercambiar las obligaciones que…
Por Armando Valdés @armandovaldes
La noticia esta semana sobre la posibilidad de que el Gobierno federal garantice un superbono, que le permitiría al Estado intercambiar las obligaciones que actualmente tiene con sus acreedores por otros tipos de notas, con mejores protecciones para sus inversiones, ha levantado muchas preguntas. Entre ellas, cómo se distingue este novedoso mecanismo del proyecto que tanto el comisionado residente Pedro Pierluisi como el gobernador Alejandro García Padilla han estado impulsando para permitirles a las corporaciones públicas declararse en bancarrota bajo la Ley de Quiebras federal.
Comencemos definiendo algunos términos, utilizando parte de una columna que publiqué anteriormente en este rotativo. La insolvencia es la incapacidad de pagar una deuda. Un proceso de quiebra, por otro lado, es un mecanismo jurídico mediante el cual se protegen los derechos, tanto del deudor como de sus acreedores, a fin de que el primero logre restablecer su solvencia y los segundos no pierdan la totalidad de la cuantía que se les adeuda. El hecho de que se inicie un proceso de quiebra no es evidencia de un fracaso; la insolvencia sí lo es. Y contrario a lo que algunos han dicho, no requiere ser decretada mediante decisión judicial; el que no puede pagar no puede pagar.
De no haber un proceso de quiebra, la insolvencia —condición que es en gran medida irremediable si no se pueden tomar medidas correctivas—- produciría resultados que no son deseados por la sociedad. Tan es así que en la antigüedad algunas civilizaciones obligaban a una persona insolvente a ser esclavo de su acreedor. Ante esta práctica, antagónica a una concepción moderna de la dignidad humana, se comienza a desarrollar un cuerpo de derecho para regular estas eventualidades.
En Puerto Rico, la Ley de Quiebras federal no aplica a las entidades públicas, por una razón que el Tribunal de Apelaciones federal en Boston identificó como inexplicable y desconocida. Este vacío no significa que las corporaciones públicas no puedan ser insolventes, solo que no pueden acogerse a un proceso que, de forma ordenada, les permita atender esa circunstancia y regresar a la solvencia. Toda vez que somos nosotros —el pueblo—- los dueños de esas corporaciones públicas insolventes, en ausencia de un marco legal, nos convertiríamos, tal si estuviéramos de vuelta en la Grecia clásica, en esclavos.
La insolvencia de muchas de ellas no es producto de las gestiones de esta administración. Décadas de malas decisiones y, en particular, desperdiciar el pasado cuatrienio asumiendo más y más deuda son las verdaderas razones detrás de la crisis que hoy enfrentamos.
Ahora bien, la alternativa que el Gobierno le ha planteado al Ejecutivo federal es una propuesta poco discutida, pero cuyo efecto, en ausencia de la acción del Congreso para corregir la exclusión injustificada de Puerto Rico de la Ley de Quiebras, podría ser positivo tanto para el país como para sus acreedores.
El concepto básico es que, a cambio de una reducción en el principal de la deuda, el Gobierno les emitiría nuevos bonos a los acreedores con mayores y mejores garantías. Muchos bonistas, particularmente los institucionales y los fondos de riesgo, aun asumiendo una reducción de principal, ganarían, toda vez que los bonos los compraron en el mercado secundario a descuento.
La garantía del Gobierno federal de que, en caso de un impago por parte de Puerto Rico, cumpliría con las obligaciones contraídas por el ELA, les proveería a los bonistas mayor seguridad de su inversión y, aún sin acción congresional, nos facilitaría un mecanismo para reducir la carga de nuestra deuda.
El que no nos provean esa garantía no es impedimento para que Puerto Rico pueda ofrecer un superbono con mayores protecciones bajo las leyes actuales. No hacerlo, sin embargo, sería otro indicio más del poco interés que ha tenido la administración Obama por ayudar a sus ciudadanos caribeños.
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