Columna de Armando Valdés: Consenso imprescindible
Representantes de tres sectores ideológicos ofrecen sus puntos de vista sobre qué esperar de la vista sobre Puerto Rico en el Senado federal
Por Armando Valdés @armandovaldes
El Gobierno federal tiene un rol importante en el proceso de recuperación económica y fiscal de Puerto Rico. La vista pública que se celebrará en Washington la semana próxima es una oportunidad para que la clase política puertorriqueña hable con una sola voz y exija acción de parte del Congreso para remediar injusticias como la aplicación de las leyes de cabotaje y la no aplicación de la ley de quiebras.
Para ser eficaces allá, el consenso aquí es necesario. Por ello, publico hoy nuevamente —a manera de recordatorio y exhortación— la columna que escribí luego de que el gobernador expresara, a finales de junio, que la deuda pública era impagable. Desde entonces, el PNP se quitó del diálogo y han actuado más como procuradores de nuestros acreedores que como líderes preocupados por establecer un balance adecuado entre el bien común y el lucro individual. Todavía albergo la esperanza de que rectifiquen su comportamiento.
El consenso político, ante la encrucijada fiscal y económica de Puerto Rico, es imprescindible. No se trata de una discusión acerca de si podemos poner a un lado las diferencias —ideológicas y electorales— entre y dentro de los partidos gobernantes. Se trata de las consecuencias para el país si nos mostramos incapaces ante el reto que nos ha puesto la historia.
Como dijera el gobernador Alejandro García Padilla, Puerto Rico enfrenta hoy una crisis que solo encuentra paralelos en la época previa al advenimiento al poder del Partido Popular Democrático bajo el mando de Luis Muñoz Marín. El país lleva en recesión desde el 2006. La eliminación de la sección 936 —cuyos verdugos se quejan cuando se les señala, como si el pasado no estuviera vinculado con el presente—nos dejó sin una herramienta para generar riqueza y atraer capital y empleos bien pagos.
Sin ese motor de crecimiento económico, comenzó la emigración hacia EE. UU. con la consiguiente reducción en el consumo, la producción y los recaudos del Estado. El electorado, acostumbrado a que se podía todo, respondía a las campañas —de ambos partidos— que prometían más y más, a pesar de que teníamos menos con que pagar. Y ante la reducción en contribuciones que produjo la merma poblacional y la recesión económica, los gobiernos recurrieron al endeudamiento para cubrir el gasto ordinario de la operación gubernamental.
Esa deuda, que ya sobrepasa el 100 % del producto interno bruto, es impagable. Para pagarla, tendríamos que seguir aumentando contribuciones y reduciendo gastos en servicios esenciales, así exacerbando las mismas causas del problema —la emigración y el decrecimiento económico— en un espiral funesto que nos llevará eventualmente a cuadrar a cero el presupuesto público y la actividad privada.
Detener ese espiral requiere que podamos poner a un lado, por un número de años, el pago de la deuda. Acordar esa moratoria con nuestros acreedores será posible en la medida en que quienes nos prestaron sientan confianza en que el dinero que les habríamos pagado se usará para inversiones estratégicas importantes, que tomaremos las medidas para restablecer un crecimiento sostenido y que de esa forma recuperaremos la capacidad de pagarles.
De ahí la necesidad urgente de un consenso entre y dentro de los dos partidos principales. Puerto Rico es una democracia en la que, desde 1968, hemos logrado alternar pacíficamente el poder entre el PPD y el PNP. Atender el problema económico y fiscal de Puerto Rico no será posible en solo año y medio ni incluso en dos cuatrienios. Requerirá una continuidad en cuanto a la política económica del país que solo se puede garantizar si ambos partidos están sentados a la mesa y llegan a un acuerdo patriótico por el futuro de nuestra gente. Esa continuidad, por mucho que cada partido quiera ser reelecto, solo puede asegurársele al país y a nuestros acreedores mediante el consenso.
