AGP lanza ultimátum a acreedores

Con esas palabras, un pausado gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, lanzó hoy un ultimátum a los inversionistas de la deuda de Puerto Rico a que se sienten a la mesa para negociar los pagos comprometidos y que, según el panorama fiscal actual, podrían verse afectados en los próximos meses.

Las expresiones del gobernador se dieron como parte de un mensaje televisivo horas después de que se hiciera público el Plan de Ajuste Fisca, entregado ayer al Ejecutivo por parte del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica. El plan incluye cambios a las leyes laborales para permitir el “flexitime”, modificaciones a los días de vacaciones, extensión al periodo probatorio a un año y límites en los pagos de liquidación; también incluye el establecimiento de un crédito al trabajo, una reforma a los beneficios de ayuda social y completar la reforma en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya está inmersa en un proceso de reestructuración.

“Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro; serán años de litigios y de impagos, y de una crisis humanitaria de proporciones mayores, obligándonos a escoger entre pagarle a un acreedor, a un maestro, a un policía o a una enfermera. Una decisión que preferiría no tomar, pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses del país”, exclamó García Padilla.

Según el mandatario, para cumplir con ese objetivo de atraer a los acreedores la mesa de negociación, se nombró a “un equipo de expertos en reestructuración de deuda, para negociar con ellos términos bajo los cuales Puerto Rico pueda regresar a un camino sostenible”.

Asimismo, indicó que como parte del Plan  se enviará legislación para crear la junta de control fiscal como un paso importante para darle continuidad a toda medida de recuperación fiscal y económica que eventualmente adoptemos para encarrilar a Puerto Rico.

Tras hacer un recuento de las medidas que se han tomado en la última década para reducir los gastos gubernamentales y aumentar los recaudos, como lo ha sido el alza en peajes, en la matricula de la Universidad de Puerto Rico y en la tarifa del agua, cambios en las contribuciones a la propiedad, implementación de Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y cierre de escuelas, el gobernador aseveró que continuar con estas políticas afectaría más a los puertorriqueños.

“Ahora nos toca sentarnos en la mesa con nuestros acreedores. Continuar exclusivamente con las políticas de los últimos diez años solo empobrecería más a Puerto Rico. Más impuestos auyentan a inversores y gravan a nuestra clase media. Y a fin de cuentas, acabaríamos en el mismo lugar. La meta es el crecimiento económico sostenible. Eso es lo que necesita Puerto Rico para el bienestar de su gente y para poder pagar la deuda”, sentenció el primer ejecutivo.

La periodista Cindy Burgos colaboró en esta historia.