Columna de Armando Valdés: No es lo mismo...

Y es que muchos han reaccionado sorprendidos cuando no se hizo el pago que correspondía este lunes, como si no se hubiera anticipado, desde ya hace un mes —y aún antes en el mensaje de estado— que la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico requeriría de sacrificios de todas las partes, incluidos los acreedores del Estado.

Comencemos por esta ahora muy comentada corporación. ¿Sabe usted quién la dirige? ¿Sabe a qué se dedica? ¿Había escuchado de ella previo a estas últimas dos semanas? Apuesto a que, aún si posee bonos de esta entidad, usted no está enteramente claro de por qué esta corporación siquiera existe. La realidad es que no tiene empleados ni un edificio con su nombre en el exterior. Existe únicamente como una subsidiaria en papel del Banco Gubernamental de Fomento, creada para poder emitir más y más deuda.

A eso se dedicó por muchos años —tan reciente como el cuatrienio pasado, todavía estaba en esas—. Distinto de una corporación como la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Carreteras, que tienen ingresos propios de lo que usted paga en su factura de la luz o en los peajes, la Corporación para el Financiamiento Público no tiene una fuente de repago que garantice el cumplimiento con la deuda que asume. Tampoco emitía deuda garantizada por el propio Estado Libre Asociado y las fuertes protecciones que contiene la Constitución.

Por tanto, la única manera en que se pagan estos bonos —y así está claramente estipulado en los acuerdos con los bonistas desde un principio— es si en el proceso presupuestario se asignan fondos a esos fines.

¿Para qué se usó este mecanismo de financiamiento? Para cubrir el déficit del país y para pagar la deuda extraconstitucional asumida por gobierno tras gobierno. En otras palabras, esta es la deuda que tanto han criticado políticos, comentaristas y ciudadanos de a pie. Esta es la famosa tarjeta de crédito que se usaba para pagar la hipoteca.

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el efecto tóxico de este tipo de empréstito, ahora algunos se rasgan las vestiduras cuando se le mete mano al problema. La Legislatura, en el ejercicio de su discreción y prudencia al momento de repartir los limitados recursos del país, optó por agrupar varias asignaciones que se usan para pagar deuda bajo un mismo fondo y le requirió al Ejecutivo que obtenga aprobación de Cámara y Senado para usarlo. Eso es una práctica saludable de quienes componen, en síntesis, la junta de directores de Puerto Rico.

Al no asignarle fondos específicamente a este pago, se le permitió al BGF conservar liquidez para mantener los servicios esenciales del gobierno y poder pagar deudas —como se hizo esta misma semana con ciertas notas del Banco—, cuyas garantías legales son más rigurosas.

Todo este proceso se da en el contexto de una renegociación de la deuda que dependerá del plan de ajuste fiscal que responsablemente está elaborando el Gobierno. Como le dijera a El Vocero el analista de mercados Triet Nguyen, en un artículo publicado el 5 de agosto, “creemos que el Gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para conservar efectivo, puesto que ya no tiene acceso a los mercados. Es alentador que ellos están tratando de priorizar la deuda pagando solo la deuda garantizada por el Gobierno […]. Es una buena señal para las próximas negociaciones de reestructuración de toda la deuda”.

En fin, que para algunos no es lo mismo llamar al impago que verlo venir.