Columna de Rafael Lenín López: Censura y menores
En estos días está siendo discutido de nuevo el caso de Ana Cacho, en el marco del proceso judicial civil por la custodia de las hermanas del niño asesinado…
Por Rafael Lenín López @LeninPR
En estos días está siendo discutido de nuevo el caso de Ana Cacho, en el marco del proceso judicial civil por la custodia de las hermanas del niño asesinado Lorenzo González. En medio del más reciente episodio judicial, surgió un incidente que provocó un inusual dictamen de la jueza a cargo, censurando la divulgación de un documento al que varios medios tuvieron acceso y que de alguna manera incide sobre la discusión del pleito.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) levantó su voz ante la situación y de inmediato surgieron cambios o aclaraciones de posturas sobre lo que había ocurrido en corte.
Protestamos desde la Asppro porque la orden de la jueza fue extensiva a todos los periodistas y medios de comunicación, más allá de los programas de televisión vinculados a la controversia, y porque entendimos que se excedió al prohibir la divulgación de expresiones de un reportero o de material que el propio tribunal consideró con contenido periodístico. De hecho, aunque no nos corresponde esa delibración, analizamos el documento censurado y concluimos que su contenido no laceraba el bienestar de las partes involucradas en el caso, al menos con la información que ha trascendido públicamente.
La Asppro ha estado por décadas reclamando una mayor apertura de los tribunales hacia los periodistas. Hemos pedido que los procesos judiciales se abran de la manera más amplia posible al escrutinio público, tal y como ocurre –en ocasiones con más precisión– en las otras dos ramas de Gobierno. Esa batalla ha tenido resultados positivos en tiempos recientes cuando la Rama Judicial, a través del Tribunal Supremo y la Oficina de Administración de los Tribunales, activó un plan piloto que ha permitido la transmisión audiovisual de procesos judiciales de alto interés público. Ese plan piloto, lamentablemente, no ha tenido mayores desarrollos bajo la presidencia de Liana Fiol Matta.
Ahora bien, es importante recabar nuestra posición de que el tratamiento de los periodistas y los medios de comunicación hacia los casos que tienen que ver con menores, tiene que ser con un alto sentido de ética, responsabilidad y sensibilidad.
Nuestra organización ha reconocido siempre que los casos de familia, juicios por delitos sexuales, procesos en los que la seguridad de algún testigo pudiera estar comprometida, tendrían una consideración distinta al momento de pedir acceso periodístico. De igual forma, otros elementos, como los rostros de los jurados en casos de esa índole, permanecerían bajo la protección judicial existente. Siempre hemos dicho, que nuestra intención nunca ha sido quitarle la discreción al tribunal al momento de decidir hasta dónde llega el acceso del público.
Es importante reiterar lo que ha sido siempre nuestro pedido, porque de ninguna manera nuestra protesta ante la censura reciente puede ser interpretada como un reclamo inescrupuloso de acceso a un proceso judicial sensitivo y en el cual las menores tienen que ser protegidas. Ese tiene que ser el ánimo de todos los periodistas que salen diariamente a la calle a realizar un trabajo bajo el más alto rigor ético.
De hecho, la Asppro se encuentra en un proceso de revisión del Código de Ética que pretende comprometer, aun cuando no somos un colegio profesional con remedios legales, a todos los periodistas del país.
Sobre el caso del niño Lorenzo, distinto debe ser el trato del Estado en lo que tiene que ver con la investigación criminal. Ahí tiene que haber transparencia total y el Gobierno está pasado de tiempo para rendir cuentas públicamente.
Bueno, transparencia. Esa es una palabra que últimamente pasa al olvido de nuestros oficiales públicos.
