Columna de Armando Valdés: Pescadores

Cabe destacar que todos los jueces coincidieron en que el Congreso no expresó, al momento de excluir en el 1984 a los municipios y corporaciones públicas de Puerto Rico de la definición de “deudor” para fines de la Ley de Quiebras federal, una razón para tal actuación. Más aún, según expresó el juez Torruella en su opinión concurrente, la jurisprudencia estadounidense ha establecido que para que el Congreso pueda legislar de forma distinta para Puerto Rico, este deberá expresar una base racional pared dicha distinción. Evidentemente, no hay tal raciocinio.

Sin embargo, los jueces también concluyeron que no fuimos excluidos de la prohibición explícita, en la misma Ley, que le impide a todos los estados —en este caso definiéndose el término de tal forma que incluye a Puerto Rico— de legislar a nivel local para atender la insolvencia de sus instrumentalidades.

Así pues, caímos en un limbo legal, irracional e injusto, que no privilegia ni al deudor ni al acreedor, sino que solo obrará en beneficio de los cientos de abogados que sin duda llevaron este pleito, y que ahora esperarán llenarse los bolsillos litigando hasta el más mínimo centavo que el país pretenda negociar de buena fe con sus bonistas. La inestabilidad será negativa para todas las partes envueltas, salvo para quienes pescan en río revuelto.

Para quienes aspiramos a un mejor futuro para el país, nos quedan varias alternativas. Primero, continuar abogando por la aprobación del HR 870, que corregiría la inexplicable exclusión de Puerto Rico que produjo este pleito. Segundo, apelar la anulación de la Ley de Recuperación local ante el Tribunal Supremo de EE. UU., un camino harto complicado, pero necesario. Tercero, entablar un pleito, tal como aparenta sugerir Torruella, para que se declare inconstitucional la exclusión de Puerto Rico de la Ley de Quiebras por carecer de una base racional. Y cuarto, continuar con el proceso de renegociación de los términos de la deuda iniciado por el gobernador Alejandro García Padilla.

Pero volviendo a los pescadores, resulta que el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, en una inusual aparición suya en Washington, se dedicó el miércoles a criticar, desde el hemiciclo de la Cámara federal, la gestión del Gobierno de Puerto Rico para renegociar la deuda con sus acreedores. Lejos de mantener un frente unido, Pierluisi demostró que seguimos divididos, y como consecuencia, varios congresistas influyentes dijeron ese mismo día que difícilmente se aprobaría el HR 870.

La reacción de Pierluisi fue aún más incomprensible. A pesar de que provocó ese rechazo, le echó la culpa al status y dijo, para buscar votos en su base, que con la anexión se resolvería todo esto. Irónicamente, él ocupa su cargo desde el 2009, y no ha logrado que le aprueben su medida para traer la estadidad a Puerto Rico, por lo cual, aun si estipuláramos que el problema es el status, él también sería responsable por no haber implantado su propia solución.

Necesitamos unidad, y líderes con disposición para lograrla, no pescadores de ganancia.