Plagado de intereses el debate de la videolotería

A pesar de que el Departamento de Hacienda pregona que la regulación de la videolotería podría recaudar sobre $300 millones para el fisco, intereses tanto en el sector público como en el privado trastocan una vez más la instalación de este proyecto en el país.

Por un lado, la oposición a esta regulación —capitaneada en parte por la Asociación de Dueños de Máquinas (Emprecom) y la Asociación de Hoteles y Turismo— radica en que la videolotería podría crear más problemas financieros en Puerto Rico, debido a que todo dinero que se juegue en estas máquinas se irá fuera del país.

“La videolotería vendría a sustituirnos a nosotros los operadores de máquinas. Quedaríamos todos desempleados. Estamos hablando de sobre cinco mil empleos directos”, expresó Eric Navarro, vicepresidente de Emprecom.

Aunque el Gobierno sostiene que existen sobre 100 mil máquinas de juegos ilegales en la isla cuyos dueños no pagan impuestos, Navarro refutó el hecho al establecer que “nuestras máquinas pagan licencias, patentes municipales, radicación de planillas, radicación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y licencia de espacio de $200 donde operen más de 4 equipos por moneda pagaderos a Hacienda”.

Ponen en duda al Gobierno

A pesar de que el reclamo de Navarro hacia el Gobierno radica en el interés de su negocio, lo cierto es que el debate de la videolotería en el ámbito gubernamental podría buscar ventajas que van más allá del beneficio público.

Según reveló una fuente a Metro, el problema con esta medida es que su discusión se centra en la búsqueda de intereses personales a beneficio de personas allegadas a funcionarios de la Rama Ejecutiva y la Legislatura.

De acuerdo con la fuente de este medio, el tranque inicia en la Asamblea Legislativa, cuyos cuerpos se han negado a aprobar un reglamento impulsado por el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, que daría paso a la videolotería luego de la radicación de sendas resoluciones en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Por el lado del Senado, la Resolución Concurrente de la Cámara de Representantes que busca desautorizar las enmiendas al reglamento de la Lotería Adicional aprobadas por Zaragoza es impulsada por el senador José Luis Dalmau. Según la fuente, el problema con esta gestión del senador es que choca con el hecho de que el padre del político —también llamado José Luis Dalmau— opera este tipo de maquinaria, según fue confirmado por su  primo, el senador Javier Aponte Dalmau, en entrevista con NotiUno.

En la Cámara, por su parte, la medida en contra del reglamento de Zaragoza de la autoría de los representantes Carlos Vargas y Ángel Matos, presidente de la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística en la Cámara, fue derrotada.

Presión de Melba Acosta

No obstante, el problema con la videolotería se agrava, pues de lograr pasar el cedazo de la Legislatura, otros intereses en el Gobierno podrían socavar el andamiaje que se construya para este proyecto.

Por ejemplo, según la fuente de Metro, aún no existe un consenso de las empresas que se encargarían de la operación de la videolotería. Por lo tanto, se desconoce cuánto serían las ganancias del conglomerado que finalmente se haga cargo.

Sin embargo, el vicepresidente de Emprecom sostuvo que hay documentos que colocan a Carribean Cage LLC como el operador de este proyecto.

Aún así, la fuente de este periódico indicó que existe una gran presión por parte de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, para que una parte de la operación sea otorgada a la empresa Scientific Games, afiliada de Carribean Cage LLC y que maneja los sistemas de la Lotería Electrónica de Puerto Rico. 

La fuente dijo que hay un interés familiar en el proceso de cabildeo de Acosta. Metro buscó una reacción de la funcionaria sobre esta denuncia, pero su oficial de prensa, Betsy Nazario, indicó por medio de mensaje de texto que la funcionaria solo estaría disponible para contestar preguntas relacionadas con los recortes que la Cámara de Representantes aprobó el lunes para el próximo presupuesto del BGF.

Ayer el caucus del Partido Popular Democrático en el Senado discutió con el secretario de Hacienda, las implicaciones del reglamento de la videolotería. El presidente de la comisión senatorial, José Nadal Power, indicó que la consideración de la resolución para derrocar ese reglamento dependería de lo que se discutiera con Zaragoza. Si la Legislatura no se expresa antes del 30 de junio, el reglamento entrará en vigor automáticamente.