Columna de Armando Valdés: Consenso, no división

Al decidir por una reducción tan marcada en el programa —aún cuando en el resto de Estados Unidos aumentaron las tarifas— la administración de Obama le niega recursos no solo a los pacientes, sino a todo el ecosistema médico de Puerto Rico: hospitales, laboratorios, doctores, dentistas y otros proveedores. Evidentemente, resultará en un empobrecimiento de los beneficiarios directos del programa, quienes tendrán que costear el déficit o asumir mayores copagos y deducibles. Además, al restarle ingresos a miles de profesionales de la salud, para quienes los pacientes de Medicare representan una parte importante de sus operaciones, se pone en peligro la viabilidad económica de sus oficinas y consultorios. El resultado podría ser la quiebra para muchos galenos o su éxodo a mercados donde su remuneración sea mayor. El efecto, por tanto, lo sentiremos todos en una menor calidad de cuidado y de servicios preventivos.

Aunque resulte fácil asociar este acto con nuestra condición política, un examen más cercano del asunto no confirma esta conclusión. En general, las distinciones en el trato económico que recibe Puerto Rico están vinculadas a la autonomía fiscal de la que goza nuestro estatus actual. Como residentes de la isla, ni nosotros ni nuestras empresas pagan contribuciones federales. A cambio, no tenemos paridad en muchos programas federales. Es una transacción que hemos hecho para sostener nuestra economía. En cambio, por Medicare pagamos las mismas contribuciones por medio de las retenciones para el Seguro Social que cualquier ciudadano en los cincuenta estados. Por tanto, al pagar en igualdad de condiciones, debemos ser tratados en igualdad de condiciones.

Hasta hace unos días, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, aparentaba estar alineado con esta posición de consenso y colaboraba con una coalición no partidista, que incluye a la administración de Alejandro García Padilla y a personas de diversos sectores. Lamentablemente, las expresiones de Pierluisi el miércoles, vinculando el tema a nuestra relación con EE. UU. como Estado Libre Asociado, delatan su verdadera intención y su falta de capacidad como nuestro representante en Washington.

Traer este divisivo tema político solo sirve para romper la unidad de propósito. Por supuesto, le sirve también para mostrarse nuevamente como el paladín del anexionismo ante los electores primaristas del PNP. Pero más aún, en lo que respecta al país, si el acercamiento del comisionado a cada uno de sus fracasos será siempre apuntar a las debilidades del actual estatus y a la necesidad de que Puerto Rico se convierta en estado, estaríamos mejor si renunciara ante su admitida impotencia. Abogar por su causa ideológica es justo; hacerlo para excusar sus fallas y proponer la quimera estadista como la solución a los problemas inmediatos, urgentes y reales de la gente no lo es. Es una irresponsabilidad de marca mayor.