Opinión: El dilema puertorriqueño
El documental The Last Colony es un intento admirable por explicarle a un público estadounidense y angloparlante el debate en torno al estatus político de…
Por Armando Valdés @armandovaldes
El documental The Last Colony es un intento admirable por explicarle a un público estadounidense y angloparlante el debate en torno al estatus político de Puerto Rico. Se queda corto, sin embargo, ya que meramente es una traducción al inglés del discurso de los diversos sectores ideológicos al que estamos todos tan acostumbrados.
En ese sentido, no logra comunicar el verdadero dilema del pueblo puertorriqueño. El debate del estatus no es, para nosotros, un asunto legal. Tiene ribetes legales, sin duda, pero trata más sobre nuestra identidad y nacionalidad, sobre nuestros derechos individuales y colectivos y sobre nuestro estilo de vida y el nivel de desarrollo que Puerto Rico ha alcanzado. Si no se entienden las aspiraciones, a menudo contradictorias, del pueblo puertorriqueño, no se entiende verdaderamente la dificultad que como pueblo enfrentamos cuando discutimos este tema.
Primero, comencemos por nuestra realidad como nación. El filme expone el asunto como un debate sobre si EE. UU. interesa o no convertirse en un estado multinacional. La encrucijada del puertorriqueño no es esa. Pensar que Puerto Rico podría mantener su identidad nacional dentro de una unión de 50 estados y más de 300 millones de ciudadanos es iluso. Incluso, sería poco responsable, si Puerto Rico optara por la anexión, no enseñar inglés en nuestras escuelas como idioma principal, condenando así a la juventud a no tener acceso a las oportunidades de su nuevo país y a la información que necesitarían como electores para tomar las decisiones en los procesos democráticos que el liderato PNP insiste son tan importantes.
Segundo, los puertorriqueños valoran los derechos que actualmente ostentan. Entre ellos está el derecho de libremente entrar y quedarse en EE. UU. Esa libertad de movilidad podría perderse en la medida en que alternativas que nos separen de la unión hagan perder a futuras generaciones de puertorriqueños su derecho a nacer ciudadanos americanos. Ese conflicto entre los derechos colectivos del pueblo puertorriqueño a la autodeterminación, y sí, a la independencia, conflige con un derecho individual que muchos atesoran y desean legarle a sus hijos.
Tercero, el puertorriqueño se ha acostumbrado a un estilo de vida que en algún grado depende de nuestra relación con EE. UU. No se trata únicamente de transferencias de fondos federales, aunque ciertamente ni nuestro sistema de salud como existe actualmente ni el mercado de alimentos en Puerto Rico podrían sobrevivir sin ellas. Fuera de eso, es que el Gobierno federal impone regulaciones importantes que protegen nuestro ambiente y los derechos de los trabajadores. Muchos soberanistas e independentistas y aún el ex gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá plantean que estas reglas extranjeras, aplicadas a la economía puertorriqueña, afectan el crecimiento localmente.
¿Pero qué quiere decir esto en términos prácticos? ¿Estamos dispuestos a aceptar que a la Autoridad de Energía Eléctrica no se le apliquen las restricciones para limitar sus emisiones de mercurio? ¿Estamos dispuestos a reducir el mínimo salarial federal? ¿Y qué de la comunidad LGBTT? ¿Creemos que el electorado puertorriqueño le concedería a dicha comunidad los derechos que EE. UU. nos requiere reconocerle?
En fin, cada alternativa tiene, como he dicho anteriormente, sus ventajas y sus desventajas. Entender el debate, no el político, sino el que yace en el fuero interior de cada puertorriqueño, es la clave para entender la longevidad del Estado Libre Asociado y lo complicado que resulta encontrar un camino distinto que satisfaga las necesidades del pueblo.
