Opinión: Incertidumbre y estabilidad

Llegamos a esta encrucijada tras años de malas decisiones —y no seré injusto— de ambos partidos gobernantes. Pero ciertas decisiones han pesado más que otras y el común denominador de todas ellas es el atrincheramiento ideológico y electorero que caracteriza la discusión pública en Puerto Rico.  La eliminación de la sección 936, cuyo periodo de derogación llegó a su fin en el 2006 cuando, como inevitable consecuencia, comenzó la recesión, nos restó capacidad productiva. Por su incompatibilidad con el ideal anexionista, nos quedamos sin una herramienta para hacer crecer la economía y generar riquezas localmente, así estancando los ingresos del Estado. 

Por otro lado, las nóminas públicas aumentaron, se concedieron excesivos beneficios contributivos sin considerar las repercusiones para el erario, se erigieron obras faraónicas —como el Tren Urbano— sin forma de costear ni su operación ni el repago de la deuda que generaron y, por supuesto, se asumieron nuevas obligaciones millonarias —como la tarjeta de salud— para ganar el favor del votante.  Cuando estábamos todavía a tiempo para actuar, vivimos la realidad de un Gobierno dividido, en el que el PNP insistió en entorpecer las soluciones, inflar las proyecciones de recaudo del IVU y dejar al Gobierno desprovisto del capital necesario para actuar. Cumplido su cometido al asumir el poder en el 2009, Fortuño, Pierluisi y sus correligionarios procedieron a tomar prestado —dejándonos así sin crédito— $16 mil millones y a despilfarrar $7 mil millones en fondos ARRA, sin que se perciba resultado alguno que no sea el enriquecimiento de un puñado de allegados.

Lo que nos venía para encima era tan evidente que Standard and Poor’s degradó el crédito del Gobierno pocas semanas antes de concluir el mandato de la administración anterior y el 26 de abril de 2012 El Nuevo Día reportaba en portada que se cuajaba una “bomba para el 2015”, en referencia al nivel de endeudamiento público.  El 2015 llegó y se cumplieron los pronósticos. A pesar de la implantación de un plan de ajustes fiscales concertado y validado por las agencias de crédito, muchos factores, entre ellos una campaña en EE. UU. —para difamar a la administración actual y a Puerto Rico— organizada por exfuncionarios del fortuñismo empleados por el extinto Doral Bank, afectaron el acceso de la isla a los mercados financieros. Dicho acceso es crucial para cualquier jurisdicción y no se trata siquiera de tomar prestado para obras de infraestructura ni para financiar a largo plazo el gasto operacional. Muchos Gobiernos a nivel mundial utilizan financiamientos a corto plazo, conocidos en Puerto Rico como TRANs, que actúan como una especie de línea de crédito que le permiten al aparato público pagar los gastos de nómina y de funcionamiento durante los primeros meses del año fiscal, cuando todavía no han entrado los recaudos de las planillas de abril.

Ante la incertidumbre que impera en torno a la reforma contributiva y al presupuesto del año próximo, es muy poco probable que los inversores estén dispuestos a asumir el riesgo de ofrecerle cualquier financiamiento a nuestro Gobierno. Sin los TRANs, la posibilidad de un cierre gubernamental es muy real.  De ahí la importancia de aprobar la reforma, un presupuesto balanceado y un plan fiscal a cinco años que, después de tanto tiempo, le dé verdadera estabilidad a las finanzas públicas.