A la caza de defensor del matrimonio típico

Los legisladores estadistas, que intentan que un tribunal estatal ordene al Gobierno de Puerto Rico defender la definición de matrimonio tradicional, han enfilado sus cañones para que se nombre un comisionado especial que defienda la postura en el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Según se precisó en la vista ante el juez Ángel Pagán del Tribunal de San Juan, los demandantes han pedido como medida extraordinaria que se nombre a una persona que defienda los intereses y la validez del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece que el matrimonio será entre hombre y mujer.

Para María Milagros Charbonier, una de las demandantes en el caso, la vista de ayer fue excelente y de apertura, pero mostró cautela sobre la confusión que se ha generado en este caso.

“Estoy complacida por que el juez llevó el caso diplomáticamente. Esto es una controversia novel y aquí el issue no es si es constitucional o no el artículo 68, sino si el Gobernador actuó ilegalmente y sobrepasó sus deberes a rehusarse a cumplir con la política pública vigente del Estado y defenderla en el Tribunal de Boston”, explicó la legisladora a Metro.

La estadista enfatizó que, de no prevalecer, acudiría al Supremo para que evalúe los limites que debe tener el Gobernador en estas situaciones.

No obstante, Justicia se mantuvo firme en que los legisladores no tienen derecho en reclamar que el Estado cumpla con defender la constitucionalidad del artículo 68.

“El Estado confía en prevalecer en este caso, pues entendemos que los legisladores no cuentan con legitimación activa, no pudieron probar un daño particular e insisten en litigar aspectos del caso en Boston que, incluso, no están contenidos en la demanda en cuestión. Además, confiamos en que el Tribunal sopesará la doctrina de separación de poderes y no abrirá la puerta para que el poder legislativo recurra a los tribunales en cada ocasión en la que no esté de acuerdo con la postura del Ejecutivo en cada litigio, aspecto que es prerrogativa exclusivamente del Ejecutivo”, explicó la portavoz del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez Burr.

Las partes tienen 10 días para entregar una estipulación de hechos para que el Juez pueda emitir su fallo. Además, se otorgaron 15 días para que se alegue por escrito una moción de desestimación por falta de legitimación que radicó el Departamento de Justicia en contra de los legisladores.