Tapaboca al fundamentalismo
Hace poco menos de dos semanas, la lucha por la equidad en Puerto Rico vivió un momento cumbre cuando la administración de Alejandro García Padilla anunció que…
Por Rafael Morales @RafaelMoralesPR
Hace poco menos de dos semanas, la lucha por la equidad en Puerto Rico vivió un momento cumbre cuando la administración de Alejandro García Padilla anunció que dejará de defender el artículo 68 del Código Civil que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.
Independientemente de la estrategia del gobierno de hacer el anuncio en la fecha límite para radicar su respuesta a la apelación de Ada Conde y los codemandantes ante el tribunal del Primer Circuito de Boston, las reacciones han sido contundentes en todos los flancos.
Para quienes creemos en la equidad, el anuncio del secretario de Justicia valida el reclamo de que el gobierno tiene la obligación de garantizarle los derechos a toda la ciudadanía.
Ciertamente, el gobernador pudo haberle hablado de frente al país y declarar que no permitirá que en la isla se continúe validando el discrimen. No obstante, García Padilla reconoció, en declaraciones escritas, que los políticos no pueden imponer al pueblo sus creencias religiosas.
Con esas palabras, el gobernador propinó un tapaboca al grupo de líderes fundamentalistas y a los mal llamados defensores de la familia, que mantienen una guerra sin cuartel contra la comunidad LGBTT. El gobernador fue claro: usted puede creer lo que quiera, pero en el caso de los políticos y funcionarios electos, dichas creencias no pueden utilizarse para discriminar.
La reacción de los enemigos de la igualdad no se hizo esperar. Emitieron expresiones de censura al gobierno y convocaron manifestaciones para criticar al gobernador y al secretario de Justicia.
El arzobispo González Nieves, hablando a nombre de una iglesia que a través de la historia ha sido campeona del discrimen y la opresión, propuso que se le consulte al pueblo si desea continuar discriminando. Fue más lejos y amenazó al Estado con dejar de realizar la parte civil de los casamientos en las iglesias.
Un grupo de legisladores, amigos por conveniencia de pastores y sacerdotes, se prestó para radicar un recurso legal contra la determinación del gobierno. Al alegar que el gobierno está obligado a defender el artículo 68, los legisladores demostraron indiferencia al trato desigual que recibe la comunidad LGBTT. Vergüenza les debe dar.
Hablemos claro. Los líderes de algunas denominaciones religiosas se amparan en sus dogmas inquebrantables para tildar la homosexualidad de pecado y conducta inmoral. En sus mentes no hay espacio para comprender que la orientación sexual es solo una parte de cualquier persona. No entienden que la moralidad o la decencia del ser humano no están atadas a su sexualidad. Si se niegan a aceptar esta realidad, problema de ellos. Pero lo que no se puede permitir es que sus creencias sean utilizadas para impedir que hombres y mujeres disfruten de igual protección de las leyes.
