Sugieren que la Isla este cubierta por la ley de quiebras federal si fuera estado
Cuestionan en vista pública federal las razones por las que el Gobierno quiere acogerse al Capítulo 9 de la ley federal de quiebras y por las que han tenido un comportamiento irresponsable por tanto tiempo en las corporaciones públicas
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
Asistencia Estas son algunos de los que asistieron a la vista en el Congreso federal para incluir a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras: Pedro Pierluisi, comisionado residente. Es el autor del HR-870 y sometió diversos argumentos al respecto durante la vista. Melba Acosta, presidenta del BGF. Depuso ante la comisión defendiendo la postura del Gobierno a favor del proyecto. Eduardo Bhatia, presidente del Senado. Presentó una ponencia escrita favoreciendo el proyecto. Juan Eugenio Hernández Mayoral, director de la Oficina de Puerto Rico en Washington Kenneth McClintock, exsecretario de Estado y exsenador
El congresista republicano a la Cámara federal por California, Darrell Issa, sugirió hoy que si Puerto Rico le solicitara a Estados Unidos ser un estado de la unión podría, sin duda alguna, acogerse al Capítulo 9 de la ley federal de quiebras. De igual forma, podría solicitar la independencia y crear un mecanismo similar con el propósito de lidiar con los problemas financieros del país.
Así lo expresó ante la vista pública del Subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara federal, en la que se discutió el proyecto HR-870, del comisionado residente, Pedro Pierluisi, que solicita al Congreso federal que se incluyan las corporaciones públicas de Puerto Rico en los procedimientos de la ley federal de quiebras.
Ante este planteamiento, Pierluisi dejó claro que “esta vista no es acerca de nuestro estatus político” y afirmó que en 2012 la isla votó a favor de cambiar el estatus actual y la mayoría favoreció la estadidad como su estatus preferente. Añadió que tiene otro proyecto ante la Cámara federal para que se admita a Puerto Rico como estado de la unión.
Señaló, además, que a pesar de que los dos partidos principales del país difieren en torno a qué estatus debería ser el que rija el país, ambos coinciden en incluir a la isla en el Capítulo 9 de la ley federal de quiebras, porque entienden que eliminaría el vacío legal existente en torno a lo que ocurrirá con las corporaciones públicas si tienen problemas financieros. “Esto es un territorio de Estados Unidos, no un país extranjero”, afirmó para insistir en las razones por las que debería aprobarse el proyecto.
Por otro lado, Issa levantó la posibilidad de que se cree una junta de control financiero para Puerto Rico, como sucedió con Washington D. C., ya que consideró que debe haber razones que no han sido explicadas por las que las corporaciones públicas de utilidades en el país tienen problemas financieros. También, planteó la posibilidad de la privatización, ya que es el modelo que siguen la mayoría de los estados de Estados Unidos.
Sector de bonistas se opone
El abogado Thomas Moers Mayer, en representación de las firmas de inversiones Oppenheimer y Franklin —que poseen $1,600 millones en bonos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)—, se opuso al proyecto de Pierluisi por considerar que esto afectaría millones de dólares en bonos existentes. Alegó que la AEE no necesita el Capítulo 9 porque podría subir el costo energético, que es más barato que lo que pagan actualmente los residentes de Hawaii y la ciudad de Nueva York.
Agregó que el propio Gobierno y sus municipios le deben millones a la AEE, lo que ha afectado su solvencia, y rechazó que se le dé un tratamiento similar a un estado a Puerto Rico porque posee exenciones tributarias diversas incluso para los bonos, los residentes no pagan contribuciones federales y no hay forma de que este proceso del Capítulo 9 dé liquidez a la corporación pública.
Por su parte, Pierluisi dijo no sorprenderse con que la postura de Mayer fuera en contra de la American Bankruptcy Institute, que apoya la medida, y reiteró la necesidad de que se apruebe porque beneficiaría a los puertorriqueños.
BGF defiende postura del Gobierno
Durante la vista, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, defendió la postura del Gobierno en favorecer el HR-870 por entender, entre otras cosas, que la falta de un mecanismo claro de ajuste de deudas socava el objetivo del país de tener corporaciones públicas autosuficientes y financieramente independientes del Gobierno central.
Acosta hizo un recuento de los problemas económicos que sufre el país y las razones por las que varias corporaciones públicas, sobre todo las Autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de Carreteras y Transportación (ACT) y la AEE, se encuentran actualmente con una deuda conjunta que sobre pasa los $20,000 millones. Sin embargo, dejó claro que no está previsto que ninguna se acoja a la quiebra.
Alegó que la declaración de inconstitucionalidad a la ley de quiebra criolla, aprobada por el gobernador Alejandro García Padilla, deja al país en un escenario de incertidumbre, ya que no hay un mecanismo adecuado para que los acreedores tengan un mecanismo legal de previsibilidad. La falta de estas herramientas provocaría que cada acreedor o bonista recurra individualmente al tribunal, lo que dejaría años en procesos legales y afectaría el crecimiento económico de la isla.
Al igual que Acosta, el profesor de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow y el analista de bonos municipales, Robert Donahue defendieron la inclusión de la isla en el Capítulo 9 de quiebras. Pottow alegó que esta herramienta “funcionó bien” en el caso de Detroit, ya que, a pesar de los problemas que pudo haber causado a los pensionados y los bonistas, el tribunal federal se enfocó en la factibilidad del plan de la ciudad para nunca volver a caer en dificultades financieras. “Sin el Capítulo 9, no estoy seguro dónde estaría Detroit ahora mismo”, sostuvo.
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