Opinión: Racionalización municipal
La posición de los municipios ante los ojos del país y frente a la crisis fiscal que enfrentamos es precaria. Una parte de esta percepción es injusta, y las…
Por Armando Valdés @armandovaldes
La posición de los municipios ante los ojos del país y frente a la crisis fiscal que enfrentamos es precaria. Una parte de esta percepción es injusta, y las soluciones que se plantean, superficiales y políticamente irreales. Algunos municipios operan de manera eficaz, y la longevidad de sus alcaldes comprueba el aval del electorado a su gestión. Otros, por diversas razones, entre ellas su tamaño e incapacidad absoluta de ser autosuficientes, deben ser objeto de una evaluación seria y ecuánime.
La propuesta que más suena entre los comentaristas políticos —tanto los profesionales como los de cafetín— es la consolidación de municipios para ahorrar en la operación de estas jurisdicciones locales. Esta aparenta no tomar en consideración la tranquilla política que le impone a este proceso la propia Constitución. El artículo VI, sección 1, es claro: “Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse”.
En otras palabras, aunque podríamos proponer las consolidaciones, el proceso requeriría un voto afirmativo del electorado. En algunos casos sería posible lograr dicho consenso, pero me sospecho que muchas consolidaciones no progresarían por el hondo apego que tenemos los puertorriqueños con nuestros pueblos de origen. Quedaríamos, pues, con un mapa político que no respondería a ningún criterio objetivo, sino a la eficiencia de promotores y opositores en llevar campañas electorales de cara a los múltiples referéndums que por obligación habría que celebrar.
La alternativa más viable, y que produciría el resultado más racional, sería proponer una enmienda a la Constitución que proveyera para un proceso de reorganización municipal —de una sola ocasión— con la intención expresa de reducir el número de ayuntamientos. Claro está, dicha enmienda enfrentaría otras dificultades políticas al requerir el consentimiento de dos terceras partes de los legisladores en ambos cuerpos y el apoyo de una mayoría del electorado en un referéndum constitucional.
Las propuestas consolidaciones también nos obligan a preguntarnos si realmente son los municipios el foco de los diversos y complejos problemas fiscales y operacionales del país. En muchas ocasiones, las deficiencias que percibe la ciudadanía surgen por el bizantino entramado de responsabilidades que comparten el Gobierno central y las ciudades, al extremo de que el mantenimiento de dos calles que se cruzan pueden estar en manos de distintas entidades públicas. La centralización del poder en las agencias en San Juan es contrario a las mejores prácticas a nivel internacional, toda vez que la supervisión de una buena gestión gubernamental requiere de una cercanía con el servicio que se presta.
En este sentido, algunos municipios —de ambos partidos— operan de forma mucho más eficaz que ciertas agencias del Gobierno central. Tienden a ser municipios con bases contributivas más amplias y, por consiguiente, más recursos para invertir. También es cierto que los municipios no tienen una cartera amplia y claramente definida de deberes, razón por la cual la ciudadanía tiende a ver con buenos ojos la gestión local y de forma negativa la gestión mucho más compleja y abarcadora del Gobierno central.
Debemos, entonces, desarrollar una propuesta coherente que traiga una dosis de sentido común donde actualmente tenemos arbitrariedad. Resulta necesario reducir el número de municipios, no de forma aleatoria, sino de forma racional, para que los que queden sean económicamente viables, investirlos de mayores poderes, responsabilidades y deberes, que estén claramente definidos ante el electorado y proveerles los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo dichas gestiones.
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